La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), a través de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró demostrar ante el Departamento
Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el acoso laboral
que sufría una oficial de apellido Ortega Fallas durante su periodo de
lactancia, por parte del Encargado de Sub grupo Operativo Policial de la Delegación
de Acosta.
Según la denuncia, los hechos se remontan a abril de 2017
aproximadamente, y se habrían extendió hasta junio del 2018, fecha en la que la
afectada, con la asesoría de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP,
presentó la denuncia contra el Encargado de Subgrupo de apellidos Solano Mora
ante el MSP.
Dentro de los hechos probados durante el proceso
administrativo, llevado a cabo en el Departamento Disciplinario Legal del
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) contra Mora Solano, se determinó que:
La Hostigaba al molestarse con la denunciante, cuando ésta se
retiraba al cuarto de la delegación policial de Acosta, para extraerse la leche
materna, lo cual hacía dos veces al día. Además, de que el ahora sancionado
manifestaba que sólo tenía derecho a la hora de lactancia y, que no existía
ningún documento que autorizara para sacarse leche dándole permiso por
humanidad.
Otro de los hechos comprobados fue negarle a la ofendida que
se retirará de la delegación en el tiempo de almuerzo, para darle de mamar a su
bebé, indicándole en presencia de sus compañeros de escuadra que no era
posible, porque no podía salir de la delegación, aunque estuviera en su tiempo
de almuerzo.
Además, se comprobó que Mora Solano, interrumpía el tiempo de
extracción de leche materna de la ofendida, lo cual realizaba durante su
periodo de almuerzo y cuando apenas habían transcurrido 35 minutos, así como llamarla
insistentemente para que cubriera incidencias o saliera a dejar detenidos.
Estos hechos llevaron al Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública a emitir una sanción en contra de Mora Solano, con 22 días de suspensión sin goce de salario. Además, se le apercibió que, de cometer cualquier otro tipo de falta, podrá ser sancionado de forma más drástica.
David Estrada de la Unidad de Asesoría Jurídica sobre resolución del caso
En ANEP defendemos Derechos Humanos. En los últimos años
hemos sido los abanderados por la dignificación de derechos en los Cuerpos
Policiales del país.
Este caso fue llevado por el abogado David Estrada Zeledón de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
Por tanto del Departamento Disciplinario Legal del MSP
La Seccional ANEP-PANARE logró un importante acuerdo en la
sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual establece que
los trabajadores del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE), podrán
conocer, analizar y revisar las condiciones en las que serán trasladados de sus
puestos ante el cierre técnico de la institución.
Así lo explicó Tatiana Quesada, Presidenta de la Seccional ANEP-PANARE quien indicó que la incertidumbre que existe en el seno de los trabajadores es bastante grande desde que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra el PANARE, lo que provocó el cierre de la institución y por ende el traslado de funcionarios a instituciones como CONAPDIS, CONAPAM y Ministerio de Salud.
Tatiana Quesada sobre situación en PANARE
Otros de los acuerdos alcanzados, es que la Junta Directiva
del PANARE facilitará a la seccional de ANEP el borrador del proyecto de ley de
cierre del PANARE, una vez les sea brindado por el Ministerio de Planificación.
Además, la seccional podrá conocer la información correspondiente al presupuesto
institucional del año 2020, en el momento que sea aprobado.
También es importantes destacar, que en el acuerdo quedó
plasmado que las autoridades del PANARE se comprometen a respetar los derechos
laborales de todos los trabajadores de la institución, así como a mantener la
estabilidad laboral de los trabajadores en el tanto que cumplan con los
requisitos de idoneidad del puesto
Compartimos acuerdos alcanzados entre las partes en el MTSS
La orden de la máxima autoridad judicial, se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará un recurso de amparo por el incumplimiento de inspección del Ministerio de Salud, así como la falta de acciones por parte del Ministerio de Seguridad Pública para mejorar las 13 delegaciones.
Orden de la Sala Constitucional
Se trata de las delegaciones de Pavas, Guápiles (Pococí), Piedras Blancas, Frontera Sur (Paso Canoas), Peñas Blancas, 6) Upala, 7) Belén de Carrillo, 8) Playa Zancudo, Playas del Coco, Jicaral, La Peregrina, Boca Arenal y Palmar Norte.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuera Pública explicó que la acción se planteó ante la Sala Constitucional por un posible desacato por parte de las autoridades de Salud y Seguridad Pública, en relación a un recurso de amparo declarado con lugar por delegaciones en mal estado y que tienen orden de clausura.
“ La Sala ha dado curso a nuestra solicitud y ha solicitado un informe al Ministerio de Salud. Estas delegaciones son totalmente inhabitables e infrahumanas, como es el caso, de la que se ubica en Guápiles, incluso esta tiene orden de clausura desde el año 2014, situación similar a la de Palmar Norte o bien el estado de la delegación de Peñas Blancas”, dijo Anchía.
Declaraciones de Mainor Anchía
El presidente de la Seccional indicó, que le han dado seguimiento al proceso y están a la expectativa de lo que resuelvan los magistrados, a la vez que resaltó que continuarán “velando porque las condiciones de trabajo y salud de los policías sean las idóneas”
El juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José condenó, a la Dirección de Migración y Extranjería al pago de 2.129 horas extra correspondientes a labores prestadas por 10 oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería entre los años 2008 y 2018.
Así se desprende del portando emitido por la jueza, Ileana Castillo Porras en la sentencia de primera instancia Nº 46-2019 luego de que ANEP presentará la denuncia correspondiente. “Deberá la accionada (Estado) cancelar la jornada extraordinaria que laboraron los actores, cantidad de horas que se tienen por acreditadas desde el período del año 2008 hasta el año 2018”.
Extraído del por tanto del Juzgado de Trabajo
Además, la jueza ordena al Estado a cancelarle a los oficiales las diferencias en los rubros de vacaciones, aguinaldo, salario escolar que se generen de acuerdo a las horas extras otorgadas en la sentencia.
Asimismo, deberá de reportar y cancelar ante la operadora de pensiones las diferencias en los montos reportados considerando el pago de las horas extras concedidas en sentencia. Cancelará, además, ajustes mensuales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por las cuotas obrero patronales que corresponda.
Para Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), esta resolución viene a dar la razón a las luchas brindadas desde años respecto al reconocimiento de horas extra y la diferenciación con la disponibilidad.
Extraído del por tanto del Juzgado de Trabajo
“Estamos muy contentos con la resolución, ya que rarifica que a los compañeros que trabajan en su día libren reforzamiento se les debe de pagar el tiempo extraordinario. Ellos realizaron la solicitud ante la administración (Migración y Extranjería), que les niega el pago, por lo que el caso es llevado por parte de la ANEP al Juzgado de Trabajo”, dijo el representante de la Seccional ANEP-PPME
Mora explicó, que estos diez oficiales de Migración y Extranjería corresponden a un segundo grupo en ganar ante los tribunales el pago de horas extra y detalló que aún falta por conocer la sentencia de tres grupos más. Esto por disposición de los mismo tribuales.
Declaraciones de Gerardo Mora, Seccional ANEP-PPME
La gestión de solicitar el rubro de alto riesgo para policías de migración se realizó a través de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y surge ante la peligrosidad que enfrentan estos oficiales en los recientes mega operativos y operativos migratorios.
Previo a esta gestión, la Seccional PPME realizó la solicitud de Reforma al Reglamento de Organización y Servicio de la Policía Profesional de Migración y Extranjería para que se incluya en la parte de incentivos el pago de alto riesgo, para que posteriormente, oficial presente la solicitud de cobro administrativo de alto riesgo
Gerardo Mora explica las gestiones realizadas
A continuación la justificación de la Seccional ANEP-PPME para solicitar el rubro de alto riesgo
1-La Policía Profesional de Migración, al igual que todos los demás cuerpos de policía del país, en observancia a la ley y en cumplimiento de nuestro cargo, somos los llamados a resguardar la seguridad del estado y del orden público, el control y vigilancia migratoria forman parte del pilar fundamental de la defensa de Costa Rica, no está demás mencionar que la criminalidad de nuestros días, ha puesto en jaque a las autoridades del país, delitos de mayor connotación, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, requieren una respuesta inmediata y efectiva, lo que desprende acciones policiales operativas inmediatas en todo el país.
2-La ley de Migración y Extranjería 8764 articulo 15 inciso Participamos en allamientos y operativos de carretera a diferentes horas.
3-Nos exponemos a investigaciones muy peligrosas en diferentes lugares muy conflictivos lo cual arriesgamos nuestras vidas
4- Tenemos en nuestras manos constantemente la protección de extranjeros y ciudadanos Costarricenses en los diferentes dispositivos que hacemos, donde exponemos en forma directa nuestra integridad física y nuestra vida.
5-.Continuamente en nuestro aeropuerto somos parte de la seguridad cuando se presentan situaciones que atentan contra la Seguridad Nacional como lo son las amenazas de bomba en el perímetro mediante llamadas o paquetes no identificados, ahí se activa todo un protocolo donde intervienen la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), los K9 (Los Perros) detectores de explosivos.
6-Realizamos inspecciones en lugares de trabajo donde algunas veces existe riegos muy peligrosos al no conocer el lugar, si se detiene un extranjeros este algunas veces opone resistencia, y hay que esposarlo o se ponen en fuga y hay que perseguirlos, al ser trasladados a CATECI, son custodiados por nuestros oficiales.
7–Somos llamados constantemente por distintos cuerpos policiales del país para realizar el trabajo conjunto como lo son los MEGAOPERATIVOS.
El Área Rectora de Salud Escazú emitió una orden sanitaria contra el Plantel Municipal de Escazú luego de una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por el mal estado de la infraestructura y las condiciones insalubres del inmueble que ponen en riesgo a trabajadores y visitantes.
Durante la inspección realizada por personal del Ministerio de Salud al inmueble municipal, detectaron una cantidad considerable de situaciones que ponen en alto riesgo la integridad y salud de funcionarios y visitantes, las cuales fueron expuestas en el informe técnico RCS-ARSE-ERS-620-2018.
La decisión de la ANEP de acudir al Ministerio de Salud se debió a que la Alcaldía y la Vicealcaldía municipal hicieron caso omiso a las denuncias sobre el estado del plantel.
Gerardo Cascante, Promotor de la ANEP en el municipio escazuceño, indicó que hasta el propio Ministerio de Salud tuvo problemas con la municipalidad para poder realizar la inspección del inmueble.
Cascante resalta, que en el informe final del Área Rectora de Salud Escazú se obliga a la municipalidad a implementar un plan remedial y la entrega de propuestas técnicas en cada uno de los problemas existentes en el plantel; de lo contrario la orden sanitaria no será levantada.
Otro de los aspectos a destacar, es la prohibición para que se laven los camiones de basura en el plantel debido a los contaminantes que estos emiten.
En dicho informe se concluyó que:
-Se determina que las baterías sanitarias del plantel municipal presentan ineficiencias, ya que no proporcionan el sistema o implementos para el lavado de manos correcto. Y no son acordes a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 26831.
-Se comprueba que las instalaciones del plantel municipal, presentan deficiencias importantes respecto a la acumulación y almacenamiento de residuos, ordinarios, especiales y peligrosos.
En la edificación denominada “taller de soldadura” se evidencia que: -Las cerchas de madera están dañadas y en un estado de conservación inadecuado, lo cual constituye un riesgo para el personal que labora en dicha área.
– Se da una disposición inadecuada de las aguas pluviales.
-Las condiciones que presenta el sistema electrónico y evidencian la carencia de supervisión de un profesional en la materia cuando fue realizada la instalación.
El lindero Noreste evidencia que: – La existencia de una quebrada, la cual recorre la mayor parte de dicho lindero y que presenta aumento en su caudal cuando llueve.
– El talud presenta condiciones de socavación, lo cual provocó el colapso de una sección del cerramiento perimetral, así como la inestabilidad de las secciones cercanas a la zona de colapso.
– El colapso de la estructura puso en evidencia que, la acometida eléctrica no cumple con las disposiciones para las canalizaciones subterráneas dictadas por el código eléctrico.
– La zona donde se da la socavación constituye un riesgo inminente para los trabajadores, por tanto, se acordona inhabilita el paso por la misma.
Por estas razones, el Área Rectora de Salud Escazú emite orden sanitaria contra Arnoldo Barahona Cortés, en su condición de Alcalde Municipal donde establece las siguientes recomendaciones y obras que se deben realizar en el plantel municipal.
A- Las instalaciones del plantel municipal deben contar con adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales.
B- Se debe ordenar el acondicionamiento adecuado de las baterías sanitarias ubicadas en el plantel municipal.
C- Se debe mantener e implementar en sitio el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, programa de limpieza y desinfección, programa para el manejo de residuos peligrosos y el programa para el manejo de llantas.
D- Aportar solución técnica y plan de remedial, con propuesta para garantizar el principio de accesibilidad en las distintas áreas del plantel, cumplimiento de la Ley 7600.
E- Aportar solución técnica y plan remedial, con propuesta para el manejo adecuado de las aguas pluviales.
F- Aportar solución técnica con propuesta para la reparación y sustitución de las cerchas de madera de la estructura de techo del taller de soldadura.
G- Aportar solución técnica con propuesta de mejora en instalación eléctrica del taller de soldadura y aportar la certificación de verificación de las instalaciones eléctricas, está debe ser realizada por un profesional facultado y colegiado ante el CFIA/CIEMI.
H- Solución técnica con propuesta, para garantizar la estabilidad del talud sobre la margen izquierda de la quebrada, la misma, también debe garantizar la estabilidad estructural de los elementos constructivos cercanos o cimentados en dicha zona.
I- Aportar solución técnica, con propuesta de ubicación de la acometida eléctrica que alimenta al taller de soldadura y aportar la memoria de cálculo firmada por el profesional responsable del diseño.
Compartimos informe del Área Rectora de Salud Escazú
El presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, Gerardo Mora Ordoñez se reunió con la diputada, Ivonne Acuña con el objetivo de detallarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), luego de que la legisladora cuestionara el control en la frontera sur de nuestro país.
En la reunión el Presidente de la Seccional entregó un documento a la diputada donde le detalla el funcionamiento de la PPME, así como el faltante de personal,así como del equipo e indumentaria; como por ejemplo la carencia del arma de reglamento.
Mora Ordoñez, también aprovecho la visita para solicitar el apoyo en el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Gerardo Mora sobre reunión con Ivonne Acuña
Compartimos el documento presentado a la legisladora
Reciba un respetuoso saludo de la Seccional Anep Policía Profesional de Migración, con relación a sus manifestaciones en el plenario sobre su visita a Sixaola hacemos de su conocimiento lo siguiente:
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente: a) incremento en la visitación turística; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) su papel en el creciente problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; d) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar ese tipo de prácticas; e) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, f) el conflicto en Crucitas, g) la crisis en Nicaragua y h) la falta de infraestructura.
Mientras crece el número de turistas en el país, de manera inversamente proporcional no aumenta el número de Oficiales de Migración y esta situación se repite en todos los puestos fronterizos del país. Está prevista la ampliación del aeropuerto Internacional Daniel Oduber en la Ciudad de Liberia Guanacaste, además la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Orotina, la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Limón, por lo que el Gobierno debe de contratar esas necesidades a mediano y largo plazo.
Seguidamente le explico el sistema operativo de la Oficina Policial de Migración en Sixaola entre sus funciones operativas de acuerdo a la Ley General de Policía No. 7410 y Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 las funciones son, el control migratorio de persona:, en dicha oficina hay seis funcionarios Policiales destacados con roles de seis días de trabajo y tres días libres (conocido como 6× 3) en horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, de los cuales el día de su visita a Sixaola, uno estaba en un curso de capacitación, uno libre y otro en vacaciones, han despedido dos oficiales que no han repuesto sus plazas ,solo quedaban tres para atender el control migratorio de entradas y salidas en ventanillas.
El personal policial no puede realizar labores de campo o control migratorio en vía pública debido a los siguientes motivos que expongo a continuación:
1) El personal policial no porta el equipo policial que le corresponde (arma de reglamento), debido a las condiciones de infraestructura del lugar y seguridad, la oficina no cuenta con una caja fuerte para tener armas y los oficiales no pueden hacer labores de campo sin este equipo policial, por esta razón no pueden salir.
2) Debido al faltante de personal solo se realiza el control migratorio de entradas y salidas, permisos vecinales, permisos y autorizaciones a personas menores de edad, traslados a la fiscalía, atención de indocumentados, asistencia a otros cuerpos policiales en atención a extranjeros en condición irregular, entre otras funciones policiales.
Con todo respeto señora diputada y agradecemos su preocupación sería importante que usted visitara las instalaciones y conversara con los oficiales sobre sus inquietudes.
Sobre el movimiento de personas en la frontera (desplazamiento sin control migratorio) quiero informarle que existe un acuerdo binacional con Panamá en donde se acuerda una zona de tolerancia de 300 metros después del puente a cada lado, para fomentar el comercio entre costarricenses y panameños, este mismo aplica en Paso Canoas, donde pueden transitar sin pasaporte, solamente con la cédula de identidad.
El control de mercancías no nos corresponde a los oficiales de de la Policía profesional de Migración, sino a las Autoridades del Ministerio de Hacienda (Aduana y Control Fiscal).
Con relación a las condiciones de la Fuerza Pública, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública lo había denunciado ante el Ministerio de Seguridad Pública, así como ante el Ministerio de Salud, el plazo que le dio la Sala Constitucional al MSP, para reparar las delegaciones de Sixaola y otras delegaciones, vence en julio del 2018.
Es importante que se incremente el número de personal de Sixaola para la mejor atención a los usuarios, el Sindicato en reiteradas ocasiones ha realizado gestiones, recomendaciones y observaciones con respecto al tema, sobre las mismas preocupaciones que usted expreso en el Plenario de la República.
Con la apoyo de diecinueve Señores y Señoras Diputados de la Legislación anterior hemos presentado el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
Por lo anterior le solicitamos con todo respeto, su apoyo y el apoyo de su fracción a dicho proyecto de ley.
Agradecemos, el interés que su persona a puesto en este sector del país tan vulnerable y abandonado por el Estado, por lo manifestado en el Plenario de la República; le solicitamos muy respetuosamente que le de seguimiento y le exija a las autoridades competentes la intervención inmediata, para la protección de una de las Fronteras mas vulnerables de nuestro país, a efecto de que se cumpla con las mejoras de infraestructura, incremento de Recurso Humano, equipo policial, servicio a los usuarios, entre otras necesidades.
Gracias Señora Diputada, por su valiosa intervención y el apoyo que le pueda brindar a la Sociedad Costarricense.
Agradecemos su valiosa atención a la presente solicitud. Atentamente,
Gerardo Mora Ordóñez Directivo Nacional de ANEP Presidente Seccional ANEP-PPME
La Seccional de ANEP-Fuerza Pública envió una carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado solicitando mejores condiciones laborales y mayor protección jurídica para los oficiales de la Fuerza Pública. El documento fue enviado en respuesta al mensaje brindado por el mandatario mediante frecuencia policial.
Audio Mainor Anchía
Compartimos la carta enviada al Presidente de la República
San José, 29de junio del 2018 CO-UDO-FP-06-354-2018
Sr. Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Gobierno de Costa Rica
Honorable señor;
Primeramente, reciba un atento y respetuoso saludo; seguidamente, el infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798 en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados “ANEP”, y, además, como Presidente de la Seccional ANEP Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida autoridad administrativa, de conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para lo siguiente:
En días recientes fuimos testigos de un acto que nos parece se podría considerar histórico, al menos el suscrito no tiene en su memoria, recuerdo alguno de un Presidente de la República, que se haya dirigido a la población Policial, mediante la frecuencia nacional, así mismo, por medio de las redes sociales. En su mensaje, su distinguida persona externó, entre otras cosas, un agradecimiento para el trabajo que desempeñan nuestros cuerpos policiales, al mismo tiempo, manifestó: “queremos llevar dignidad a ese trabajo, que ustedes hacen y respeto (…) y sepan de mi parte, que cuentan con el respaldo del gobierno de la República y de todos los costarricenses”.
En tal sentido, nuestra organización sindical, y la Seccional ANEP Fuerza Pública, desde hace algunos años, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo de nuestros policías. Sin embargo, a la fecha seguimos con serios problemas de infraestructura, edificaciones que se alquilan a un alto costo, sin contar con las características de una delegación policial, delegaciones que permanecen en condiciones “precarias”, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de nuestros policías. Por otro lado, se mantiene un altísimo nivel de desarraigo familiar, lo cual potencia la desintegración familiar, en los hogares de nuestros policías.
También, y no menos importante, se hace necesario dotar de mayor protección jurídica el trabajo de nuestros buenos policías, para lo cual se hace necesario impulsar algunas reformas legales, que sería oportuno, surjan desde el Poder Ejecutivo, o en su efecto, de la cartera de Seguridad Pública. Para tales efectos, ofrecemos nuestra modesta experiencia en el conocimiento de la materia policial, así como en lo que, desde nuestra organización, hemos venido estudiando y planteando, desde hace varios años.
Señor Presiente, la Ley General de Policía número 7.410, establece en el numeral 44 inciso g): “Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento a las resultas del proceso”. La interpretación nuestra del artículo citado, es que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante su Departamento Legal, debería brindar apoyo letrado a nuestros funcionarios, en las causas judiciales incoadas, en razón de sus funciones. En tal sentido, nos parece oportuno plantear lo siguiente: Es necesario definir los tipos de procesos en que se pueda brindar ese apoyo en causas judiciales, por ejemplo: la mayoría de los casos incoados contra nuestros policías, obedecen a un presunto abuso de autoridad, el cual deviene de la actuación policial, del contacto que muchas veces resulta inevitable con el infractor de las normas de convivencia social.
En caso de que sea correcta nuestra interpretación, además, por ser la función Policial, una materia que se vincula directamente con el ámbito Penal, nos parece debería invertir la Administración en capacitar a los abogados y abogadas de la Dirección de Apoyo Legal Policial, en materia Penal. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría, nuestros abnegados funcionarios, de la supra citada dirección, carecen de dicha especialización. Es así señor Presidente, como se le podría comenzar a dar un mayor y más efectivo respaldo a nuestros policías. Sin omitir, que nosotros les brindamos asesoría y respaldo letrado, por medio de nuestra Unidad Jurídica, en materia laboral, administrativa y contenciosa.
En otro orden de ideas, pero no menos importante, es menester solicitar se nos aclare la aplicación de la Directriz Presidencial 003-H, publicada en la Gaceta del 06 de junio del año en curso, en relación con nuevos alquileres, así como otras medidas que podrían afectar Derechos Humanos laborales de nuestros policías, así como del personal administrativo, que labora en las delegaciones policiales. En tal sentido, preocupa a esta representación sindical, que se detenga la implementación de la Segunda Etapa del Manual de Clases Policiales, lo cual podría acarrear desmotivación, así como generar demandas judiciales por concepto de diferencias salariales.
Si bien existen otros temas importantes, por lo pronto, hacemos mención de los aquí supra citados, quedando en espera de su atención y atentos a lo que se requiera de nuestra parte.
Sin más, me suscribo respetuosamente. Señalo como medio para escuchar notificaciones el correo electrónico, mainoranchia@anep.or.cr
Cordialmente;
Lic. Mainor Anchía Angulo Directivo Nacional ANEP Representante Sindical
La seccional ANEP-Municipalidad de Coronado realizó su Asamblea oOrdinaria para elegir a una nueva junta directiva, por un período de 2 años.
Durante la votación los afiliados a la ANEP dieron su voto de confianza de forma unánime a Ismael Corrales Corrales, que por cuarta ocasión es elegido como presidente de la seccional.
Conversamos con el presidente electo de la seccional quien nos detalló los objetivos establecidos es está nueva gestión, a la vez que, se refirió a la confianza que le depositan sus compañeros.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debido a las malas condiciones laborales y de infraestructura que se presentan en la nueva Policía Metropolitana, las cuales atentan contra la salud e integridad de los oficiales.
El recurso fue presentado el pasado 3 de mayo del presente año, luego de la visita que realizó el Presidente de la Secciona ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía a la sede (antigua UIP) de la Policía Metropolitana, ubicada en Sagrada Familia, donde constato las condiciones con las que deben laborar los y las oficiales.
*Audio:*Mainor Anchía sobre recurso de amparo
Cabe destacar que posterior a interponer el recurso de amparo, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública conversó con el nuevo Ministro de Seguridad Pública designado, Michael Soto quien se mostró anuente a solucionar este y otros problemas que aquejan a “la tropa”.
A continuación las razones por las cuales se interpone el recurso de amparo
PRIMERO: Ante la falta de oportunidad, por la carencia de voluntad, por parte de la administración, de observar los Derechos Humanos laborales, del personal policial, nos vemos en la urgencia de acudir ante el Máximo Tribunal Constitucional.
SEGUNDO: El Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de la Fuerza Pública, anunciaron la instauración de la “nueva Policía Metropolitana”, destacando a 600 funcionarios en las instalaciones ubicadas en Sagrada Familia, mismas que no cuentan con área para preparar alimentos, en razón de que están en proceso de construcción de la cocina. Por lo anterior, a los funcionarios se les hace llegar la alimentación en tazas plásticas, lo cual contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo que cita: “Artículo 296. Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde prestan los servicios, el patrono deberán instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas condiciones de limpieza. Además, deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.”
TERCERO: Aunado a lo anterior, las instalaciones no reúnen las condiciones óptimas para el descanso de los funcionarios policiales, con lo cual se ve afectada su salud, así como se pone en riesgo su seguridad, en tanto que deberán volver a servicio sin haber logrado un adecuado descanso. Al presentarnos a las instalaciones, ubicadas en Sagrada Familia, logramos constatar que se están haciendo trabajos de reparación y construcción, con lo cual se provoca mucho ruido por el corte de materiales, aunado al polvo y otros agentes contaminantes, propios de una construcción.
CUARTO: La Unidad Policial no cuenta con armería, la misma también se mantiene en proceso de construcción. Por tal razón, los funcionarios deben salir uniformados, en motos, patrullas o busetas y trasladarse hasta Rohrmoser en Pavas, con el consecuente riesgo que ello representa para su integridad física y su vida inclusive, dado que ante un eventual incidente no tendrían posibilidad de repeler una agresión ilegítima.
QUINTO: Lo antes descrito, viola de manera flagrante lo que cita el artículo 50 de la Constitución Política, en torno al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, se incumple lo que estipula nuestra Carta Magna, en su artículo 66 y el Código de Trabajo en el siguiente numeral: “Artículo 273. Declárase de interés público todo lo referente a su salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.” La mala manipulación de alimentos, así como el no contar con las condiciones mínimas para un buen descanso, ponen en riesgo inminente la salud de las personas trabajadoras destacadas en la Unidad Policial de Sagrada Familia, bautizada por la Administración como “Delta Charly 0”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Gran reto es la lucha social de estos días para lograr que se puedan convertir a todas esas familias en poderes desafiantes del perverso modelo de organización económica que las tiene contra la pared de la exclusión.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
