VALORACIÓN CRÍTICA DEL PROCESO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA ESPECIAL MIXTA DEL PACTO FISCAL, SEGÚN NUESTRA PERSPECTIVA LABORAL

I REFLEXIÓN INICIAL

Hoy ponemos en sus manos nuestro balance crítico de ese proceso; balance compartido con las otras entidades laborales, sociales y productivas que integramos la riquísima experiencia de la Tercera República. Sin embargo, no queremos comprometerlas pues no tenemos el mínimo derecho para ello. Las siguientes consideramos son de entera responsabilidad de la ANEP.

Asumimos semejante reto con responsabilidad, considerando el complejo entramado de intereses que tal proceso supone, teniendo claro las lógicas limitaciones constitucionales de nuestro rol en una comisión legislativa de tal especie; asumiendo que se trataba de una primera fase de una novedosa experiencia de participación democrática dentro de un cauce institucional; pero plenamente conscientes de que una transformación estructural tributaria, verdaderamente revolucionaria en el buen sentido del término, pasa por la convocatoria a la movilización de los que hasta ahora hemos sido afectados por lo injusto de tal estructura: por ejemplo, la clase media, los sectores populares, el pueblo trabajador, las pequeñas y medianas empresas.

Más allá de las buenas intenciones de las sanas críticas que se vienen formulando por los resultados de tal proceso, tanto dentro como fuera del parlamento costarricense; lo real es que existe un profundo miedo en ciertos sectores político-partidarios al desarrollo de nuevas formas de participación en la toma de las grandes decisiones nacionales, cuando se dan procesos que van más allá de la institucionalidad formal de la democracia costarricense.

Realmente ha sido muy enriquecedor para nuestra experiencia valorar las reacciones generadas, dentro del parlamento costarricense, luego de vertido el informe de trabajo, como decíamos, más allá de los señalamientos críticos de buena fe.

Por un lado, hemos visto a la derecha extremista de corte fascista (envalentonada por la rendición del Gobierno de la República a sus propósitos), lanzando una santa cruzada contra un nuevo proceso legislativo mixto. Por otro, los celos protagónicos, dentro y fuera del sistema bipartidista, no dejan tener su peso en la valoración de los resultados generados.

Para nosotros el desafío está claro. Para algunos resulta doloroso, traumático y amenazante que la participación política se posibilite más allá de los espacios formales de una democracia representativa que ya no alcanza para renovar la legitimidad del sistema democrático imperante; y, por ello, creen que resulta imprescindible negar, invisibilizar, bloquear y descalificar procesos como el comentado, para evitar su repetición.

La participación ciudadana que se viene pregonando, representa una forma de oxigenación de una institucionalidad democrática en crisis. No es admisible, en consecuencia, su negación por los supuestos riesgos de una “sustitución” del sistema de partidos políticos; quimera absurda para entidades serias de la sociedad civil organizada como la que representamos.

Precisamente, la participación ciudadana “ofrecida” por el sistema, tiene que ver con la férrea resistencia del mismo para autorenovarse, a través de una serie de reformas constitucionales y legales, largamente postergadas, de transformación democrática que nuestra institucionalidad republicana requiere para su propia sobrevivencia. Si esto, como es evidente, no es posible; y si experiencias como la vivida ni siquiera pueden ser valoradas por su significado intrínseco, más allá de sus resultados concretos, buenos o malos; entonces, pobrecita Costa Rica, porque su futuro se tornará mucho más incierto de lo que podamos imaginarnos.

II ¿POR QUÉ COSTA RICA NECESITA UN PACTO FISCAL?

Desde el año 2001, la ANEP viene trabajando en una alianza amplia de organizaciones sindicales, empresariales, campesinas, cooperativas y profesionales, denominada Tercera República. Como fruto de ese trabajo y hacia la construcción de un país en el que “quepamos” todas las personas, identificamos tres grandes retos:

  • una economía que funcione con base en los dos motores de la producción, es decir, tanto la producción dirigida a la exportación como la producción dirigida al mercado interno;
  • una sociedad en la que se redistribuyan oportunidades, logrando que todas las personas “viajemos en el mismo avión”; es decir, que convivamos en una misma sociedad, a través de cosas concretas como usar y contribuir a los servicios de salud y educación; y,
  • un país con la participación ciudadana, en la definición y ejecución de las políticas públicas, como avance hacia la consolidación de una democracia participativa.

La relación entre estos retos y un pacto fiscal es clara. Para enfrentarlos se requieren políticas de Estado, por ejemplo, dirigidas al fomento productivo y a la inversión social, y para ello se requiere recursos y mejor utilizados. Al igual que en una economía doméstica, requerimos suficientes ingresos y un adecuado gasto, orientado no sólo a las necesidades inmediatas, sino también a la inversión social y productiva.

Para abordar esta discusión partimos de que en Costa Rica, los ingresos del Estado son insuficientes para atender esos retos. Cualquier comparación internacional con países de desarrollo similar, muestra que no existe una relación razonable entre lo que esperamos del Estado y lo que contribuimos para su financiamiento. Esto es la llamada “carga tributaria”, que en nuestro país representa tan sólo el 13% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en países con similar desarrollo humano es de entre el 16 y el 18%.

Sin embargo, mejorar los ingresos del Estado no lo es todo. Casi todos los gobiernos proponen y consiguen aumentar sus ingresos por medio de lo que, comúnmente, hemos denominado “paquetazos tributarios”. Esto generalmente se ha logrado por medio de impuestos indiscriminados, que perjudican a todas las personas por igual sin importar sus ingresos; que además son utilizados de manera arbitraria por economistas y gobernantes, y por medio del recorte arbitrario de los gastos y de la inversión social y productiva. En particular, se han venido imponiendo tesis que reflejan su fundamentalismo fiscalista; es decir, que para éstas es más importante la “salud” de los números de la economía, en general, que el bienestar socioproductivo de las personas, en particular.

III ¿CÓMO SE CONSTRUYE UN PACTO FISCAL?

Por eso, para llegar a un Pacto Fiscal no sólo importan los contenidos, sino que importa también el proceso de construcción que permita grandes acuerdos nacionales. Una forma de avanzar hacia la democracia participativa (y fortalecer la representativa), es aprovechando los mecanismos existentes para este fin, como lo es el de comisiones parlamentarias especiales mixtas; permitiendo la participación de diputados y de diputadas, junto con representantes de sociedad civil en esas comisiones. En este caso, la Tercera República planteó la necesidad de una Comisión Especial Mixta que abordara el Pacto Fiscal integralmente entendido.

A mediados del 2003 se constituyó esta comisión, con 7 diputados y diputadas, y 6 representantes de los sectores sociales y productivos (2 empresarios; 2 sindicalistas, 1 solidarista, 1 cooperativista y 1 agricultor), quienes no gozaron de voto pero sí de voz en la formulación de la propuesta.

IV ¿QUÉ PRODUCTOS TUVO LA COMISIÓN MIXTA?

El trabajo de la comisión se dividió en dos etapas. La primera produjo un plan de contingencia, es decir, medidas de emergencia mientras se abordaba la reforma estructural. Este plan logró algo importantísimo: fue un paquetazo tributario vigente por un año que gravó a quienes más tienen y a quienes tienen consumo de lujo (como vehículos de lujo o yates); o nocivo (como casinos y salas de apuestas). Lamentablemente, muchas de las medidas establecidas en ese plan fueron abiertamente incumplidas por el Ministro de Hacienda, quien ha hecho sucesivamente gala de su desinterés por el fortalecimiento de la capacidad del Estado para cobrar esos impuestos.

La segunda etapa produjo la actual propuesta de reforma fiscal, intentando una concepción de carácter estructural sobre este problema. Esta propuesta es producto de una negociación de sectores y personas con distintas visiones de país e intereses, con respecto a quiénes deben financiar el gasto público, en qué cantidad, y para qué. Por eso, los contenidos reflejan un “pulso”, una negociación, y un acuerdo en que todas las partes no lograron obtener el contenido completo de sus aspiraciones.

Esta fase culminó con la entrega, en diciembre de 2003, de un informe de la mayoría integrante de la Comisión. No es casualidad que el único partido que boicoteó, sistemáticamente, el llegar a cualquier acuerdo, fuera el Movimiento Libertario. Así lo hizo también en el Acuerdo de Contingencia, cuando su principal propuesta fue defender a los casinos y las salas de juego.

Como toda comisión legislativa, el producto obtenido debe ser analizado, discutido y transformado por el resto de los señores diputados y de las señoras diputadas. Esto deja abierta una enorme posibilidad para que la propuesta mejore o empeore, según las fuerzas en juego, los potenciales escenarios de presión extraparlamentaria, y los aportes y participación que tengan los distintos sectores sociales y productivos en esta nueva etapa.

Tal y como dijimos en el seno de la comisión, la ANEP valora que el acuerdo alcanzado va en la dirección correcta, es decir, la posibilidad de construcción de acuerdos nacionales en áreas estratégicas de la vida nacional que requieren esfuerzos multisectoriales, dada la correlación de fuerzas imperante en nuestra sociedad. Se dan importantes pasos, pero contiene aspectos preocupantes, algunos inaceptables, que deben ser mejorados o profundizados. Si algo tenemos claro en la ANEP es que para incidir, debemos siempre combinar el diálogo, la negociación y la presión, dentro y fuera de la Asamblea. Cuánto erramos en esta posición, depende las posiciones políticas y los comportamientos subjetivos de quienes valorar nuestra participación. En todo caso, nos sometemos a la crítica constructiva y bien intencionada sobre nuestro rol en este importante proceso.

V ¿CÓMO VALORAMOS LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL ESTRUCTURAL?

A continuación presentamos nuestra valoración política de los logros alcanzados, con relación a cada uno de los principales componentes del acuerdo. Esta valoración se hace en función de los componentes que, a nuestro entender, debe contener el Pacto Fiscal para ser integral y que se resumen en el gráfico 1.

Con relación a cada uno de estos componentes, a continuación hacemos una valoración de logros, amenazas y retos con dos objetivos: rendir cuentas de lo logrado, y contribuir a la discusión de esta nueva etapa que se inicia.

BALANCE GENERAL

LOGROS

PROCESO: Primera vez que quienes deciden sobre impuestos abren la discusión e incorporan a organizaciones de la sociedad civil.

SE ABRE VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA COMENZAR A TRANSITAR UN CAMINO HACIA LA PROGRESIVIDAD. Quienes se oponen a la reforma, constructivamente, podrían ayudar a profundizar dicha progresividad.

ROMPE DISCUSIÓN TRADICIONAL LIMITADA A IMPUESTOS. Incluye componentes que la hacen más integral

LOGRO PARCIAL. Ni fracaso ni logro total. Hay que actuar para lograrlo.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

DUDA SOBRE IMPACTO EN LA PROGRESIVIDAD DE LOS IMPUESTOS: ¿estamos realmente avanzando en que los ricos paguen como ricos?

DUDA SOBRE EL DESTINO DE LOS NUEVOS INGRESOS: ¿cómo sabemos que los nuevos ingresos se destinarán a las prioridades definidas y no a lo que a su leal saber y entender defina el Ministro de Hacienda?

GASTO PÚBLICO: MECANISMOS PARA USAR MEJOR LOS RECURSOS

LOGROS

SE ABORDA LO FISCAL COMO LO QUE ES: tanto ingresos como gasto social y productivo

DESPARTIDIZACIÓN: se dan pasos para despartidizar la política pública

POLÍTICAS DE ESTADO: se promueve políticas de mediano y largo plazo, con participación ciudadana

CRITERIOS SOCIO-PRODUCTIVOS: se incluyen criterios sociales y productivos y no sólo fiscales y macroeconómicos para decidir en qué se gasta

CONTROL DE ESTADO PARALELO: se controlan fondos de fundaciones y consultorías y se amplió definición de fondos públicos.
Todo esto se refleja en:

[1] Fortalecimiento del sistema nacional de planificación.

[2] Creación de planes decenal y cuatrianual de desarrollo, con mecanismos de participación ciudadana.

[3] Creación del Programa Nacional de Inversión Pública.

[4] Los presupuestos públicos y los planes operativos institucionales se sujetan a los planes nacionales de desarrollo.

[5] La programación macroeconómica, los lineamientos de política presupuestaria y en la definición de límites de endeudamiento, incorporan y priorizan criterios sociales y socioproductivos.

[6] La Autoridad Presupuestaria incorpora representación de los ministerios del área social.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

REFORMA INTEGRAL DE PENSIONES: Creación de Comisión para modificar integralmente el sistema nacional de pensiones: existe ambigüedad de objetivos y la composición favorece la representación empresarial; no integra al sector de economía social ni al sector informal.

SOLIDARIDAD CONTRIBUTIVA: Se requieren mecanismos para financiamiento de la seguridad social, incluyendo a consultores públicos y profesionales (Tercera República los propuso).

GASTOBLICO SOCIAL: PRIORIDADES

LOGROS

EDUCACIÓN: Fortalecimiento de la educación, asegurando giro oportuno y total de los recursos constitucionales para cerrar las brechas educativas con pena de prisión para el Ministro de Hacienda si no cumple.

FORMACIÓN PROFESIONAL: Diseño de sistema nacional de formación por medio de una red de cooperación interinstitucional

Reforma a Ley del INA para garantizar formación y transferencia de conocimientos a regiones socio-productivas, atendiendo necesidades de MIPYME y de poblaciones con desventajas relativas en el acceso

SALUD: Racionalización del gasto y el mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de salud, por medio del sistema de contabilidad y de información sobre las necesidades poblacionales que permita asignar los recursos en función de dichas necesidades

COMBATE A LA POBREZA: Mejoramiento de la asistencia y promoción social, por medio de la obligación legal del giro completo de los recursos de FODESAF, con el necesario desarrollo de un proceso gradual de revisión, evaluación y reformulación de los actuales programas de asistencia y promoción social y de cambio institucional del propio Fondo, de manera que los recursos disponibles sean utilizados con eficiencia y eficacia para el combate de los distintos tipos de pobreza.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

FUNDAMENTALISMO FISCALISTA DELFICIT CERO: Ministro de Hacienda ha insistido en que se utilizarán los recursos para pagar deuda interna, recortando los gastos sociales y productivos.

INVERSIÓN SOCIOPRODUCTIVA: Insuficiente explicitación legal de direccionamiento en el uso de los nuevos recursos hacia la inversión social y el fomento productivo.

REFORMA DEL ESTADO A PUERTA CERRADA: Se crea una comisión de notables para Reformar el Estado, cuya composición, además, es incierta.

GASTO PUBLICO Y FOMENTO PRODUCTIVO

LOGROS

INCORPORACIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO E IMPACTO SOCIAL, como objetivos prioritarios de la política pública2

TRATO DIFERENCIADO A SECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL, reconociendo las formas de organización productiva solidarias, democráticas, y participativas.

MEDIDAS DE FOMENTO A PRODUCTIVO, por medio de:· fomento de figuras asociativas;

  • mejoramiento de marco de funcionamiento del INFOCOOP para fomentar adecuadamente la producción;
  • incentivos para inversión en zonas de menor desarrollo relativo y para sectores pioneros;
  • titulación de tierras para sectores campesinos.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

FALTA VISION INTEGRAL DE FOMENTO A LA INVERSIÓN: La Tercera República promovía elementos importantes para la construcción de esa visión, pero no fueron incluidas en esta propuesta. Incluye:

  • cambios a ley de cooperativas y ley de PYMES;
  • fortalecimiento de instituciones dedicadas al fomento de estas empresas como INFOCOOP, INA, IDA, Banco Popular;
  • creación de sistema de promoción y fortalecimiento de producción social, laboral y ambientalmente limpia, como mecanismo para revertir el proceso de informalización de la producción;
  • legislación de protección a la soberanía alimentaria y protección de obtenciones vegetales;
  • política de inversión productiva.

INGRESOS: IMPUESTO DE LA RENTA (DOS IMPUESTOS: A PERSONAS Y A PERSONAS JURIDICAS)

LOGROS

LIGAMEN DE INGRESOS CON GASTOS: esto permitiría avanzar en progresividad global (de ingresos y de gastos).

DISMINUCIÓN DE IMPUESTO PARA PERSONAS ASALARIADAS que ganan hasta 1 millón de colones.

RENTA GLOBAL que permitirá gravar a personas de mayores ingresos por la suma de todos sus ingresos (se grava a las personas que son quienes tienen la riqueza, según tramos de ingresos).

IMPUESTO PARA RENTA EN EL EXTRANJERO: por medio de “renta mundial” se grava con impuesto a las ganancias producidas por capitales ubicados en el extranjero, lo que impacta principalmente en los grandes millonarios y en el lavado y tráfico de dinero.

DEFENSA Y FOMENTO DE LAS FORMAS ASOCIATIVAS NO LUCRATIVAS, SOLIDARIAS Y CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA que quedan no sujetas o bajo régimen de exención al impuesto de renta, siempre y cuando no generen renta (incluye asociaciones agrarias, solidaristas, cooperativas, caja de ANDE, fondos sociales solidarios, etc.).

TRATAMIENTO DIFERENCIADO PARA PYMES.

ELIMINACIÓN GENERAL DE EXONERACIONES: como por ejemplo, Certificados de Abono Tributario, Incentivos Turísticos, etc.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

INMUNIDAD PARA EL CAPITAL FINANCIERO: se mantiene un impuesto aparte que no entra, aunque debería, en la renta global (“cédula” financiera del 10%); y además se da un tratamiento preferencial a la banca off-shore que paga una tarifa plana de US$ 300.000 al año.

TRATAMIENTO DEL BANCO POPULAR COMO BANCO COMERCIAL gravando:

  • al Banco con un impuesto de renta del 18%
  • a los depósitos que se hacen en el Banco como a los hechos en la banca comercial

IMPUESTO A EMPESAS PÚBLICAS: continúa imposición aunque éstas no generan utilidades, sino superávit que debería reinvertirse en mejoramiento de servicios

TRAMOS DEL IMPUESTO DE RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: se inician en el 10% y deberían comenzar en el 5% para no dar un salto tan grande

IMPUESTO DE PERSONAS JURÍDICAS: La disminución de la tasa del 30 % al 18 %, no estaría correspondiendo, claramente, con una ruta efectiva hacia la progresividad tributaria, pero el famoso desafío de la competencia por las inversiones, es un factor que tuvo peso en la cuestionada reducción.

INGRESOS: IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA)

LOGROS

NO SE CREA NUEVO IMPUESTO NI SE AUMENTA EL PORCENTAJE: el IVA no es nuevo impuesto sino impuesto rediseñado, que continúa siendo del 13% como en la actualidad.

DISEÑO DEL IMPUESTO COMO DE VALOR AGREGADO FORTALECE RECAUDACIÓN EN RENTA: para empresariado es clave la factura para así poder deducir su propio pago del impuesto

AVANCES EN ATENUACIÓN DE REGRESIVIDAD DEL IMPUESTO: se ha hecho un esfuerzo de atenuar la regresividad mediante exoneraciones: aún queda mucho por hacerse.

TARIFAS DISMINUIDAS Y TRAMOS EXONERADOS PARA SERVICIOS ESENCIALES: En algunos casos se fijan tarifas por debajo del 13% y se deja exento consumos básicos residenciales en electricidad, en agua, en alquiler de vivienda.

EXENCIÓN DE LA EDUCACIÓN: servicios de educación están exentos. Se grava con impuesto de renta a las empresas que lucran con la educación: se grava a los dueños y no a los consumidores.

TRATAMIENTO DIFERENCIADO DE LA SALUD: la salud pública está exenta, y la privada tiene una tarifa disminuida del 6%, salvo los gastos de hospitalización que tienen el 13%.

IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS QUE AUMENTAN LA PROGRESIVIDAD: Se rescatan impuestos de consumo nocivo o de lujo, como casinos, apuestas, vehículos de lujo. Se mantiene impuesto selectivo de consumo

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

IMPACTO EN SECTOR VIVIENDA: aplicación de IVA a servicios a vivienda implicará una contracción del sector vivienda, y menos casas de interés social.

IMPACTO SOBRE CANASTASICA ALIMENTARIA: posibilidad de definición de canasta básica exenta muy restringida, ya que solamente cobija el consumo de la quinta parte de la población (la más pobre).

IMPACTO DE GRAVAMEN DE SERVICIOS PROFESIONALES: ampliación de la base incluye a servicios profesionales, aunque reducida para casos de interés social. Cabría posibilidad de otras exenciones, de tarifas escalonada, o gradualidad en gravamen mientras se fortalece servicios públicos (por ejemplo, en salud).

GRAVAMEN A SERVICIOS TELEFÓNICOS: no se aceptó nuestra tesis de exonerar tarifa básica residencial y celular.

GRAVAMEN A LIBROS: exoneración no es total.

EXISTE PELIGRO DE ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES IMPORTANTES: por ejemplo en el agro y otras.

SELECTIVO DE CONSUMO: Racionalizar el impuesto selectivo de consumo para gravar bienes y servicios nocivos, desde el punto de vista social y ambiental; ligado a deducción para actividades, bienes y servicios amigables con el ambiente.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAYDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

LOGROS

NO PRIVATIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: incluyendo la protección de las condiciones laborales trabajadores(as) de Tributación Directa (protegidos por Servicio Civil, estabilidad en el empleo, etc.). Hacienda quería una ANAT sin Servicio Civil. Se detuvo la privatización de la Administración Tributaria.

SE FORTALECE: Se mantiene logro obtenido en Contingencia: por ejemplo incentivos, recursos para su fortalecimiento, etc.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

INCUMPLIMIENTO DE LEY DE CONTINGENCIA FISCAL porque el Ministro decidió no girar los recursos.

MANDOS SUPERIORES AHORA ENTRAN EN CARGOS DE CONFIANZA: no tienen estabilidad en el empleo por lo que existe una clara politización de funcionarios eminentemente técnicos.

NO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO PARA FINES TRIBUTARIOS: que representa un instrumento indispensable para poder cobrar realmente los impuestos, sobre todo a las personas con mayores recursos.

COBRO ADMINISTRATIVO: Potenciar la gestión de cobro administrativo de multas.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CICLO DE POLITICA PUBLICA

LOGROS

DISEÑO DE UN SISTEMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS: tanto de ingresos como del gasto público, el cual incluye:

  • Sistema de información para la transparencia del desempeño de las instituciones
  • Sistema de premios, castigos y mecanismos para el aprendizaje, articulando mecanismos ya existentes y creando nuevos como la carta de derechos ciudadanos, las auditorías de calidad y el código de conducta de la función pública.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

INCIERTA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL PROPIO PACTO: puede repetir incumplimiento de Ley de Contingencia en cuanto a recursos para fortalecer la administración tributaria por fundamentalismo fiscalista.

INCIERTA VINCULACIÓN DEL SISTEMA Y LAS PRIORIDADES DEL PACTO: La ejecución del sistema debería priorizar el cumplimiento de las prioridades de gasto contenidas en el pacto fiscal.

VI REFLEXIÓN FINAL

Los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, cuyas representaciones estén en estricto apego a los intereses generales del bien común y no a oscuros y otros no tanto, mezquinos intereses de grupos económicos poderosos; tienen la posibilidad real de introducir los cambios necesarios en el proyecto en discusión, para darle el imprescindible y necesario, prácticamente estratégico, sesgo progresivo de esta transformación tributaria.

Precisamente, si ese compromiso con el bien común se mantiene contra viento y marea, se deberá tener en cuenta la intencionalidad integral que animó el proceso, pese a sus eventuales carencias; es decir, dar los primeros pasos hacia una reforma fiscal estructural.

Estos señores legisladores y señoras legisladoras deberán comprender el juego político de los opositores a ultranza, con cierto peso político de este proceso, quienes, pretendiendo ser abanderados de la consigna “no más impuestos contra el pueblo”; en realidad, buscan evitar que los poderosos intereses económicos que representan, algunos de dudosa calidad ética y moral, sean comprendidos dentro de los nuevos conceptos de renta mundial y renta global.

Debe comprenderse, también, que dentro de los propios sectores sociales y populares, ciertas oposiciones serán producto de la ignorancia, por la falta de criterio y de estudio de los problemas tributarios que tiene nuestra sociedad; dado que es más fácil, barato y bullanguero levantar la clásica consigna de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”; consigna totalmente válida a la que nos adherimos, pero que en el escenario de toma de decisiones, requiere fundamentación y propuesta, dado que la pancarta por sí sola no basta para alcanzar tan noble propósito.

Finalmente, quedamos a las órdenes de todos cuantos crean conveniente demandarnos explicaciones; y, particularmente, nos ponemos a la disposición de aquellos señores legisladores y a aquellas señoras legisladoras que estimen valioso nuestro aporte y que crean que puede ser base para la formulación de las correcciones en las direcciones indicadas, por las vías políticas y reglamentarias pertinentes.

Es justo dejar constancia de nuestro reconocimiento al aporte invaluable que en este proceso brindaron los asesores de nuestra organización, el Lic. Mauricio Castro Méndez y la Dra. Juliana Martínez Franzoni; así como el del compañero Rafael Mora Solano, Coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP). También debemos agradecer el respaldo político de la dirección nacional de la ANEP y del equipo político de trabajo de nuestra agrupación.

San José, 23 de enero del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).
c.:Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP).
c.:Mesa Nacional Campesina.
c.:Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
c.:Entidades laborales, sociales y productivas de la Tercera República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.

Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Informe de la sesión del 21 de abril del 2003 Plataforma de los Quince Puntos

En lo que va del año 2003, como es evidentemente notorio, no hemos estado informando sesión por sesión, pues la lógica política de todo este proceso ha cambiado muy sensiblemente. Prácticamente durante los cuatro primeros meses de lo que va del 2003, nada relevante ha ocurrido, desde el punto de vista de productos políticos que expresen voluntades de cambio estructural en materia tributaria. No menospreciamos lo que ha ocurrido hasta el momento, lo cual ha estado, básicamente, centrado en diversas exposiciones de técnicos y especialistas en el campo en mención, en varias aristas.

Los nuevos reacomodos políticos, los que se están dando y los que están por venir, tanto intramuros legislativos como fuera de éstos, podrían delimitar nuevos escenarios para avanzar hacia la transformación tributaria estructural, según la visualizamos desde la perspectiva de los sectores sociales. Por eso hemos considerado que sí conviene, en consecuencia, retomar la sistematicidad de estos reportes ante la eventualidad de aceleración de la dinámica política de la CMPF.

En la sesión de hoy, lunes 21 de abril, lo más destacado fue la puesta en discusión de un nuevo proyecto para el establecimiento de una nueva administración tributaria; proyecto surgido a partir de una orientación dada por los legisladores de la CMPF a sus respectivas asesorías parlamentarias. Este proyecto, para efectos del respeto al reglamento legislativo, viene a sustituir al que originalmente surgió como ANAT (Agencia Nacional de Administración Tributaria); y se somete a discusión luego de que el diputado Federico Malavassi aceptara retirar su propia iniciativa sobre el particular.

Prácticamente este es la cuarta propuesta sobre la administración tributaria que se plantea en la CMPF: La primera, la indicada ANAT; la segunda, la Dirección Nacional de Tributos, propuesta por la actual administración tributaria; la tercera es la del diputado Malavassi; y, la cuarta, la que ha surgido a partir del trabajo de los asesores parlamentarios.

Luego de una escaramuza verbal entre el diputado Malavassi y el diputado Presidente de la CMPF, Mario Redondo (aspirante, por cierto, a la próxima presidencia legislativa), el debate sobre la nueva versión de administración tributaria, que también sería conocida como D.N.T. (Dirección Nacional de Tributos), se empezó a debatir sobre el fondo de la misma, partiendo de una propuesta de temas de decisión política que quedaron pendientes de resolver en la propuesta presentada. Sin duda, habrá una gran polémica en las sesiones siguientes.

Concretamente, sobre esta cuarta propuesta para relanzar la administración tributaria costarricense, creando una DNT, se pretenden definiciones en lo siguiente:

Naturaleza Jurídica de la DNT: se propone un órgano de desconcentración mínima.

Estructura Administrativa ( Aduanas, Tributación e Informática Tributaria): aquí lo relevante es que se adiciona una Dirección General de Informática, en busca de conectar con mayor eficiencia desde la perspectiva tecnológica la Tributación con las Aduanas.

Nombramientos de Jerarcas: Se plantea un mecanismo de idoneidad comprobada por concurso de antecedentes.

Creación de un Régimen especial de Personal: Como alternativa al régimen de confianza del Servicio Civil. Tiene como objetivo la incorporación de requisitos más rígidos de designación y condiciones de remoción más ágiles.

Cargos que se incorporarían al régimen especial de personal: al respecto existen varias propuestas, pero inicialmente se acordó que fueran Director Nacional de Tributos, Directores Generales, Subdirectores Generales, Directores de División y Gerentes de las Administraciones Tributarias y Aduaneras.

Régimen de Salarios: Se propone un sistema de compensación salarial asociado al cumplimiento de metas organizacionales y el desempeño de los funcionarios.

Rendición de Cuentas: básicamente se enfoca en la obligatoriedad de presentar informes de gestión, se analiza la posibilidad de introducir otras variables.

Defensa de los Contribuyentes: Se plantea que sea una instancia de la Defensoría de los Habitantes, pero otra alternativa podría ser un defensor de los contribuyentes, dependiente de la DNT.

Dirección General de Hacienda: se incorpora la Dirección General de Hacienda a la DNT, eliminando la Ley que le dio origen, o bien aceptar la propuesta de Hacienda, para que se convierta en una dirección más.

Reorganización del Area de Ingresos: Se discute sobre la posibilidad a través de un transitorio de obligar al Ministerio de Hacienda a realizar en un plazo de hasta 3 años, un estudio de reorganización de dicha área para lograr una mayor integración profesionalización y gestión eficiente de la DNT.
A pesar de que el objetivo de la sesión de hoy era conocer este texto sustitutivo en forma general, se entró en discusiones de fondo principalmente por observaciones planteadas por el Diputado Bernal Jiménez, en cuanto a la redacción de varios artículos del texto, específicamente por no tener claros algunos conceptos, como el de desconcentración mínima, o lo amplio que eran algunos artículos que más bien tendían a confundir el texto de ley.

Lo cual aprovechó el diputado Malavassi para hacer una serie de objeciones al proyecto en cuanto a la conexidad del mismo, también hizo formal solicitud de los informes que deberían presentar por parte de los órganos legislativos asesores, como servicios técnicos y jurídicos, que deben pronunciarse sobre aspectos de fondo del proyecto.

Por otro lado, el Presidente de la Comisión, aprovecho para indicar que se ampliaba el término para la presentación de los informes de las subcomisiones de Gasto Público y Reactivación Económica, para el 31 de Mayo, del año en curso.

El resto de la sesión transcurrió bajo la misma discusión. Al final se acordó que en la siguiente sesión los diputados presentarían las mociones lógicas y pertinentes que consideraran para corregir el nuevo texto en análisis.

Gustosamente atenderemos sus comentarios e inquietudes. La elaboración de este informe estuvo a cargo de los compañeros Albino Vargas y Rafael Mora.


Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY

Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte (Síntesis del debate en los meses enero, febrero y primeros días de marzo de 2003) Plataforma de los Quince Puntos

Múltiples ocupaciones, principalmente las relacionadas con la estrategia que tuvimos que planificar y llevar a cabo de cara al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (de lo cual, estamos seguros, ustedes han leído bastante en los diferentes correos electrónicos que hemos enviado en estas primeras semanas del año), hizo imposible mantener el ritmo de comunicación con ustedes que nos caracterizó en la primera fase.

Es bueno agregar, como otro factor de consideración de la interrupción de comunicación que ha habido, un despegue lento y dubitativo en esta segunda parte de la CMPF, que estudia y analiza las mejoras y los correctivos necesarios para el eficiente funcionamiento de la Administración Tributaria y Aduanera costarricense; así como la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo económico del país.

La primera sesión de la presente segunda fase de la CMPF, realizó el lunes 20 de enero. La discusión se centró (a pedido del señor Presidente de la misma, Dip. Mario Redondo), en discutir cómo se establecía la metodología y se regulaba el trabajo que se tenía por delante. No obstante, se presentó una discusión de fondo, planteada por nosotros, sobre algunas tareas que habían quedado pendientes del cierre del proceso de la primera parte, el año pasado; específicamente una moción que presentara el señor Dip. Bernal Jiménez (PLN), para que se hiciera presente el señor Ministro de Hacienda a explicar el recorte presupuestario de los ciento veinte mil millones. Retomamos este punto pues nos pareció de vital importancia por la gravedad de esta medida y la poca discusión que hasta el momento había tenido.

Los diputados del PAC y del PLN respaldaron nuestra posición, fijando fuertes posiciones en contra del recorte en partidas que estaban destinadas a las áreas sociales del Estado y a las estratégicas de las diferentes instituciones autónomas. Luego de una “justificación” del Presidente de la CMPF, el mismo se comprometió a convocar al Ministro de Hacienda de manera inmediata (comparecencia de la que más adelante hablaremos).

Por otro lado, sobre el tema del gasto, la Dip. Epsy Campbell Barr (PAC), cuestionó el excesivo impacto e influencia que tenía sobre las decisiones de Gobierno, las recomendaciones generadas por la Comisión de Gasto que se había creado por parte del Poder Ejecutivo (presidida por don Otto Guevara). Indicó que esas recomendaciones, de una u otra forma, estaban rozando con los planteamientos que la Comisión Mixta iba a formular de cara a la regulación del gasto público en el país.

Luego de esta discusión, el Presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda, retomó a la palabra para tratar de encontrar puntos en común, de una discusión en donde no se encontraba una salida metodológica para funcionar. Seguidamente hizo una breve presentación don Miguel Gutiérrez Saxe, Coordinador del Proyecto del Estado de la Nación, entidad que producto de acuerdo de las partes, iba a convertirse en la Secretaría Técnica de la CMPF. Él expuso sobre el trabajo que estaba realizando con los diferentes sectores que conforman la comisión, a los cuales estuvo encuestando días antes del inicio de la misma, para obtener algún consenso sobre cuáles deberían ser los temas y la posible metodología; pero que aún no era posible hacer una propuesta ya que algunos diputados de la comisión todavía no se habían entrevistado, a la altura de ese momento.

Como la discusión no se terminó se acordó darle un espacio a los diferentes sectores para concretar sus propuestas en cuanto a la metodología a seguir, y se acordó recibir al Ministro de Hacienda para la próxima sesión.

La sesión del jueves 23 de enero se suspendió, por lo que se trasladó la convocatoria del Ministro de Hacienda para la sesión del lunes 27 de enero, sesión a la que no pudimos asistir por participar en el Parque Nacional, junto con otros grupos sociales que firmamos la “Proclama de los Sectores Sociales Costarricenses Frente al TLC con los EUA”. Recordemos que este día fue el de la apertura oficial del proceso de negociación para tales efectos.

No obstante, según nos informamos, podemos hacer un breve comentario de lo que ocurrió en dicha sesión, indicando que la exposición del señor Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños, sobre el tema del recorte presupuestario, se fundamentó en una frase que caracteriza mucho a dicho jerarca quien indica, constantemente, que la decisiones que se toman desde su ministerio se fundamentan en “la Costa Rica que queremos y el conjunto de aspiraciones que se tienen para lograr ese objetivo”. A nuestro entender, esa frase encierra una única aspiración que va dirigida a debilitar el Estado Social, sus instituciones y los mecanismos que tenemos los y las costarricenses para defendernos. Es decir, la Costa Rica que visualiza el ministro Bolaños y el equipo económico del Gobierno es una nación polarizada, organizada en los sectores del poder económico y desorganizada en los sectores populares. Esto se demuestra en el posicionamiento ideológico del nombrado funcionario, en el siguiente extracto del acta de esa sesión: “En resumen, como ustedes ven, este plan de racionalización del gasto no está fijando recortes, sino que esta limitando el crecimiento de todo el sector público. …” (Acta No. 50, página 20, 27 enero 2003); frase más lapidaria no hubiésemos podido encontrar para entender por donde va el pensamiento de don Jorge Wálter Bolaños y del equipo económico del Gobierno del Presidente Pacheco.

Ante este discurso pro-debilitamiento del Estado, acucioso como siempre en su guerra personal contra los trabajadores del Sector Público, tuvo la primera participación el diputado Malavassi, quien nuevamente deja entrever en sus declaraciones un empecinamiento contra las instituciones del Estado y sus trabajadores. En síntesis, el señor Ministro J. W. Bolaños no respondió a preguntas de fondo, pues su exposición no puntualizó cuáles eran las partidas que se estaban recortando, sino que indicó que eso quedaba a potestad de cada jerarca en las diferentes instituciones, por lo que entendemos que la discusión no fue más allá. Se levantó la sesión.

No nos volvimos a reunir por razones no claras aún, sino hasta el jueves 6 de febrero en donde nuevamente, y a solicitud del diputado Bernal Jiménez del PLN, se habló del tema de la comparecencia del señor Ministro de Hacienda; retomando un pensamiento de éste en cuanto a que “el déficit fiscal es la razón del desarrollo económico: es decir hizo unas manifestaciones muy simplistas de que el país que tiene superávit se desarrolla y el que tiene déficit no…”. Y a partir de ahí empezó toda una discusión ideológica de la cual tenemos que decir nos parece muy consecuente el pensamiento de don Bernal, con el cual coincidimos en no pocos análisis, y que finaliza con la tesis de que no es cierto que para que una economía se desarrolle, deba existir el déficit cero. Como recordarán una de las posiciones fundamentales del Grupo de la Tercera República es que no creemos en el déficit cero.

Ante esta discusión, el Presidente de la CPMF, Dip. Redondo, optó por cortar, abruptamente, la discusión diciendo que no pretendía reabrirla sobre la comparecencia del Ministro J.W. Bolaños. Aún así, algunos diputados siguieron insistiendo sobre el tema, llevando al diputado presidente a formular un planteamiento para organizar el trabajo de la comisión. Primero propuso crear tres subcomisiones: una de evasión fiscal, otra de racionalización del gasto público y la tercera de competitividad y reactivación económica; pero esto fue objetado por la mayoría de los señores diputados y las señoras diputadas. Se realizó otro proceso de discusión y al final de la sesión se acordó lo siguiente: “Crear dos subcomisiones: una de reactivación económica y competitividad, y la otra de racionalización del gasto público; las mismas se reunirán los días jueves, dejando entonces como único día hábil de sesiones del pleno de la comisión los lunes. En cuanto a los temas de eficiencia tributaria, se acordó convocar el proyecto de ley de la ANAT para ser discutido los días lunes en la sesión ordinaria de la comisión “. Se levantó la sesión.

La conformación de las subcomisiones, que fue comunicada en el transcurso de la semana por el Presidente de la Comisión es la siguiente:

SUBCOMISION RACIONALIZACION DEL GASTO, TRANSPARENCIA, E INFORMES DEL PODER EJECUTIVO. Diputados/as: Margarita Penón Góngora (PAC), Coordinadora; Nury Garita Sánchez (PLN), Ricardo Toledo Carranza (PUSC). Asesores externos: Rodrigo Aguilar (CTRN), Albino Vargas (ANEP, Plataforma de los Quince Puntos), Enrique Acosta (Mov. Solidarista), Carlos González (Viceministro de Hacienda).

SUBCOMISION DE REACTIVACION ECONOMICA. Diputados/as: Mario Redondo (PUSC), Federico Malavassi (ML); Bernal Jiménez (PLN) y Epsy Campbell (PAC). Asesores externos: Víctor Morales (CONACOOP), Doris Osterlof (CADEXCO).

Pasamos a la sesión del día lunes 10 de febrero, en la cual el diputado libertario Federico Malavassi pidió la palabra para dar inicio a una discusión sobre la creación de las subcomisiones arriba mencionadas, aduciendo que no hubo acuerdo o votación alguna; expresando, en realidad, un fuerte cuestionamiento a dicho esquema de trabajo, argumentando que se estaba “renunciando” al ejercicio soberano del diputado de legislar. Hasta ese momento no se había hecho presente el señor Presidente de la CMPF, Dip. Redondo, por lo que la Presidenta ad-hoc, diputada Campbell, indicó que la decisión de creación de esas subcomisiones era potestad del Presidente. No obstante, en una posición poco comprensible (bueno, en realidad, no tan poco comprensible), para la mayoría de quienes participamos de esa sesión, el diputado libertario presentó una apelación a dicha decisión, lo que alargó la discusión por más de una hora. Algunos pensamos que esto sería, otra vez, el comienzo del proceso obstruccionista de los libertarios, tal y como tuvimos que vivirlo en la parte del proyecto de Contingencia Fiscal. Al final se votó la moción y fue rechazada.

El diputado presidente se hizo presente, luego de justificar su ausencia por un acto político en la Ciudad de Cartago, pidiendo a los representantes del Ministerio de Hacienda que realizaran la exposición sobre las propuestas que se refieren al combate de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia tributaria. Hay que recordar que sobre el tema hay, puntualmente, tres propuestas presentadas. Una es el proyecto de las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; la segunda se refiere a la creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAT); y la tercera es la reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

A este efecto, tomó la palabra el Lic. Adrián Torrealba, Director General de Tributación Directa, para hacer una exposición técnica de los proyectos arriba mencionados; pero no vamos a ahondar porque consideramos conveniente para mejor información de nuestros lectores y nuestras lectoras, realizar ese análisis de fondo una vez se estén viendo los proyectos por separado, para así poder plasmar nuestra posición con respecto a cada uno.

Luego de esta exposición se procedió a realizar las consultas por parte de los miembros de la CMPF y se empezó a discutir, formalmente, el proyecto de Ley de creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAT), pero el grueso de la discusión de planteo para la siguiente sesión.

Entramos a la sesión del lunes 17 de febrero en la cual, nuevamente, el diputado Malavassi, vuelve a apelar sobre la votación de la moción de apelación a la creación de las subcomisiones que él había planteado en la sesión anterior. Se vuelve a abrir otra discusión infructuosa, que hace perder bastante tiempo de la sesión de ese día. Al final se rechaza la apelación. Pasamos a escuchar más a fondo la propuesta del proyecto de Ley de Creación de la ANAT. Dicha exposición puntualizó sobre los problemas que tiene actualmente la Administración Tributaria, además de compartir algunas posibles soluciones según tendencias modernas de la Administración Tributaria; sin pretender, según su dicho, que la propuesta fuera totalmente aceptada, sino que entre todos procedamos a encontrar mejores soluciones a esos problemas, de modo que el proyecto se pudiera reformar.

El Lic. Torrealba formuló su explicación de los problemas básicos, aduciendo que uno de los principales era el hecho de que el Servicio Civil, amarra a la Administración Tributaria y no le permite crecer, pues el Servicio Civil no tiene especialización en temas tributarios; indicando problemas para determinar reglas de cómo ingresa alguien a la administración, el manual de puestos, y otros elementos esenciales. Cuestionó, también, el sistema de proveeduría del Ministerio de Hacienda, que toma decisiones sobre contratación administrativa, sin tener mayor conocimiento de las necesidades y de la Administración Tributaria.

Otro problema, según dicho jerarca, es la falta de competitividad en los salarios, pues son tan bajos que no se puede contratar personal más calificado en materia tributaria; y clamó por mayor inversión en la Administración Tributaria. En resumen, planteó que la solución ideal para todos esos problemas se da con la creación de la ANAT, pues obtendríamos soluciones coherentes, equilibradas, que impidan abusos y que daría la posibilidad de hacer una gran gestión de carácter empresarial de los tributos; y que se le puedan exigir resultados. En síntesis, una administración que rinda cuentas y en donde la inversión encuentre un retorno.

El Presidente de la CMPF trató de que se expusiera sobre todos los temas (ANAT, Código de Normas, IVA y Renta), y al final hacer las consultas y propuestas del caso, pero no encontró eco. Principalmente tomamos la palabra para advertir sobre la necesidad de ir paso a paso, dado la poca claridad del tema y la falta de información sobre algunos temas esenciales que se venían tocando; indicando que la velocidad del proceso podía cercenar la discusión de fondo y hacernos incurrir en error. Ante esto y otros planteamientos similares se procedió a presentar una moción por parte del presidente, en donde se proponía dejar en el primer lugar del orden del día el proyecto de la ANAT, y su discusión hasta el final del mismo. Esta moción fue aprobada.

Se continuó, entonces, con la discusión del proyecto de la ANAT y se pasaron el resto de proyectos para el mejoramiento integral de la gestión tributaria para el final de la agenda. Las críticas a la “independencia” de la Administración Tributaria vía ANAT, no se hicieron esperar. Se criticó el hecho de que se quería hacer un ente autónomo, sin el control del mismo Ministerio de Hacienda. Se indicó que entonces para qué se quería Ministerio de Hacienda si su facultad principal no la iba a realizar, cual es la de cobrar tributos, pues esta función la ejercería la ANAT. Nosotros, en particular, cuestionamos la tesis del Lic. Torrealba, de que era necesario salir del Servicio Civil para mejorar los salarios de los trabajadores de la Administración Tributaria. Para nosotros ese mejoramiento salarial y las mejoras restantes que se proponen se pueden realizar dentro del Servicio Civil y a un menor costo en la gestión y el control; tan solo es un asunto de voluntad política y de los señores diputados y diputadas para adecuar la actual legislación del Servicio Civil. En síntesis, indicamos que no estábamos convencidos de que la ANAT sea la solución, pues nos parece que es un asunto de cultura tributaria, de equidad y de sistemas sancionatorios, más que otra cosa. Las restantes intervenciones fueron en el mismo sentido, la mayoría criticando este proyecto de ley.

La diputada Epsy Campbell (PAC), recordó que ya se había estudiado por parte de una subcomisión, durante el proceso de aprobación de la Ley de Contingencia Fiscal, el tema de la ANAT; agregando que era importante retomar el criterio de esta subcomisión y el análisis que del proyecto inicial se había realizado, por lo que se acordó escuchar el dictamen de esa comisión en la próxima sesión. Por otro lado, podríamos decir que tantos fueron los cuestionamientos a este proyecto en esta sesión que el mismo Viceministro de Hacienda anunció la proposición de un texto sustitutivo, dando inicio al proceso de entierro del proyecto ANAT. Resultó obvio que el Gobierno ya tenía claro que tal iniciativa no tendría futuro en el seno de la CMPF.

La sesión del 24 de febrero, sesión No. 54, fue la que cavó la tumba del proyecto de la ANAT. Ese día se desecho por completo y se acordó la presentación de un texto sustitutivo, lo cual fue muy coincidente con lo que había propuesto en su dictamen la subcomisión de la ANAT que rindió su informe en ese sentido. Pero también se presentaron varias sorpresas, como lo fue el cambio de posición del Director General de Tributación, don Adrián Torrealba. Ahora sí, manifestó su esperanza de que dentro del Servicio Civil se podían realizar las mismas mejoras que se habían propuesto dentro de la ley de Creación de la ANAT, lo cual nos dejó con mucha satisfacción por la corrección de una posición muy radical en esa línea de los funcionarios de la jerarquía tributaria costarricense.

Después de esto la sesión no se alargó mucho y se quedó en solicitar, de manera formal, el texto sustitutivo al proyecto de ley en discusión, a los representantes del Ministerio de Hacienda.

El trabajo de las subcomisiones apenas comienza y en ambas se está buscando una metodología de trabajo; tratando de posicionar los temas sobre los que discutirán según orden de prioridades, por lo que una vez definidas estas acciones y cuando estén las discusiones de fondo informaremos más al respecto.

En la sesión del día 3 de marzo se conoció la presentación de lo que sería la Dirección Nacional de Tributos, entidad que sustituiría la propuesta rechazada de la ya fallecida ANAT. Sólo se conoció esta nueva propuesta no hubo mayor discusión. Este lunes 10 se empezó a hablar de la DNT, aunque se recibió en audiencia al señor Erick Thompson, experto en materia tributaria quien, a pesar de la nueva situación en la CMPF sobre este tema, insistió en defender la tesis de la ANAT.

Otra vez, presentamos a ustedes nuestras sinceras disculpas por la interrupción en el envío de estas minutas sobre la CMPF en su segunda fase. Gracias por leerlos y gracias por hacerlo en lo futuro. Realizado el “mea culpa” de rigor, con honestidad, nos comprometemos a recuperar la sistematicidad en el envío de nuestras impresiones sobre este trascendental proceso para nuestro país.

La redacción general de esta síntesis corrió a cargo del compañero Rafael Mora Solano, revisando y complementando, el compañero Albino Vargas Barrantes. Hasta la próxima.


Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY

Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesión Ordinaria del lunes 20 de enero del 2003 Plataforma de los Quince Puntos

No más abierta la sesión de la fecha, planteamos la demanda para que se cumpla el acuerdo de solicitar explicaciones al Sr. Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños, sobre la naturaleza de recorte presupuestario de 120 mil millones de colones. Esto había quedado pendiente y se debió debatir en la última sesión de la CMPF del año pasado, la cual fue suspendida a última hora. Hemos planteado nuestra oposición a este recorte y, por ende, en la CMPF se debe profundizar sobre el particular. Tal es el impacto de esta medida gubernamental que la gente del ICE se tirará a la calle el próximo miércoles 29. Medidas de presión en otros sectores institucionales ya se están preparando, por la misma razón. Fuentes de toda credibilidad para la ANEP nos aseguraron que ni la misma gente de UCCAEP, habría “soñado” con un recorte presupuestario de tal magnitud. Pareciera que el equipo económico gubernamental es “más papista que el papa”. El próximo jueves 23, el señor Ministro de Hacienda estará en la CMFP.

En otro momento de la sesión, planteamos nuestras aspiraciones sobre el trabajo por venir. Indicamos que no quisiéramos ser utilizados únicamente para “bendecir” proyectos aislados sobre el tema tributario, que si bien es cierto son trascendentales, eludirían la discusión de fondo: ¿cuál es la naturaleza del sistema de desarrollo que queremos para nuestro país?; ¿cuáles son las prioridades de gasto, en consecuencia?; ¿cómo lo financiamos?; ?quién paga?; y, ¿cómo se rinden cuentas?. Por ello, recomendamos, respetuosamente, a los señores diputados y a las señoras diputadas, releer el planteamiento de los sectores sociales cuando se propuso la creación de la CMPF. En otras palabras, que se tome conciencia de lo que implicaría la realización de un verdadero Pacto Fiscal, en la amplia concepción del término y del proceso político que es.

Todos los diputados y todas las diputadas, con una única excepción (adivinen la de quién), expresaron sus buenos deseos de lograr éxito en el trabajo por venir. Doña Nury Garita (PLN), solicitó más mesura, una labor menos extenuante y más planificación. Anunció que para el PLN lo social será prioridad y resaltó en este campo la gente del Gobierno no se puede poner de acuerdo. Doña Joyce Zürcher, también del PLN, indicó que el recorte presupuestario debe ser sobre lo superfluo y sobre lo corrupto; jamás en Educación, especialmente en programas de generar capacidades laborales y de generación de empleo, por ejemplo.

Doña Epsy Campbell (PAC), cuestionó la especie de descoordinación estratégica entre la comisión del control del gasto público que conformó el Gobierno (presidida por don Otto Guevara) y el trabajo de la CMPF. Coincidió con nosotros en que el recorte de los 120 mil millones de colones, es un asunto de gran impacto y resaltó las incongruencias que está presentando el Gobierno.

Por su parte, don Ricardo Toledo (PUSC), si bien reconoció que hay responsabilidades que cobrarle al actual Gobierno, indica que entre los diputados de un mismo partido, se generan contradicciones, entre lo que se dice y se defiende en la CMPF y lo que se hace en la comisión de control de gasto que tiene establecida la Asamblea Legislativa. Agregó que en todo esto hay mucha politiquería. Luego indicó que el trabajo por hacer es enorme pues, en su criterio, estamos hablando de una verdadera y profunda transformación de la sociedad costarricense.

Doña Margarita Penón (PAC), expresó su idea de que en otras comisiones legislativas se tramitan iniciativas de enorme relación con lo que se discute en la CMPF, estimando necesario el traslado de esos proyectos a esta comisión mixta.

Don Federico Malavassi propuso limitar la duración de las sesiones, por ejemplo, a dos horas, dada la gran cantidad de responsabilidades que él tiene con relación a su trabajo legislativo. Por otra parte, indicó que los temas que se van a discutir constituyen una gran transformación del sistema tributario costarricense y que habría que tener cuidado, pues en otros países, más bien “vienen de vuelta”, por ejemplo, en eso de renta global.

Gran parte de la sesión se dedicó a discutir sobre la metodología de trabajo y sobre el carácter y la profundidad del mismo. Don Miguel Gutiérrez Saxe, Coordinador del Proyecto Estado de la Nación (entidad que funcionará como la Secretaría Técnica de la CMPF), informó del proceso de entrevistas que ha venido realizando con los componentes de la CMPF, restándole varias. Indicó que había recibido señalamientos en cuanto a la necesidad de apoyo técnico, credibilidad y pericia en cuanto a la calidad de la información que se suministra para el proceso; que éste fuera menos frenético y, por ende, con mayor división del trabajo; así como ideas sobre lo que llamó derecho de enmienda, algo así (entendimos nosotros), como limite de acción para la incidencia en el proceso en función de la defensa de determinadas tesis. Agregó que preparará un informe sobre todas las entrevistas, el cual incluirá un listado de cosas que no tendrían apoyo, otros que sí lo tendrían y otras nuevas que se propondría adicionar.

El Sr. Presidente de la CMPF, Dip. Mario Redondo (PUSC), lanzó la propuesta de que el trabajo debería dividirse en cuatro ejes temáticos: a) Etica del gasto: evitar gasto corrupto, transparencia, contra el enriquecimiento ilícito, rendición de cuentas y combate a la corrupción; b) Eficiencia: recaudación, tipo de administración tributaria, código de normas y procedimientos (aquí habló de la idea de algunos jerarcas del área social del Gobierno, para que hubiera una especie de “Autoridad Social Superior”, que coordine todo el campo de la acción social de los gobiernos); c) Justicia Tributaria: reforma en rentas, reforma del IVA (para que “los que tienen más, paguen más”, indicó). Y d) Todo lo que tiene que ver con reactivación económica.

Otras de las intervenciones fueron la de don Ulises Blanco (representante social agropecuario), quien elogió la madurez política de todos los partidos en el proceso anterior, según su apreciación; indicando que lo que corresponde ahora es entrarle duro al combate a la pobreza y a la creación de empleo. Doña Doris Osterlof, de CADEXCO, atinó cuando propuso el establecimiento de un cronograma de trabajo. Don Víctor Morales, de CONACOOP, indicó como importante precisar fines y medios de la CMPF y la vinculación entre la reactivación económica, con la creación de riqueza y los mecanismos de distribución de ésta. Don Rodrigo Aguilar, de la CTRN, expresó que un trabajo como el que viene no puede ser abordado desde el punto de partida del déficit fiscal, sino lo que se requiere es discutir cómo se está distribuyendo la riqueza que se está generando.

Como se notará, esta primera sesión de la segunda fase, se dedicó a expresar distintas posiciones sobre la concepción del trabajo y las inquietudes de cómo realizarlo, para lo cual será muy importante lo que tenga que informar y proponer la Secretaría Técnica de la CMPF, a cargo del Proyecto Estado de la Nación.

El próximo jueves, como indicamos, se espera la visita del Sr. Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños, para el asunto del recorte de los 120 mil millones de colones.

ANECDOTARIO:

Dice el Dip. Federico Malavassi que a ley de contingencia, recientemente aprobada, el pueblo le dice “ley de negligencia”. Nos preguntamos nosotros: ¿Cuál pueblo?… ¿el de los trabajadores de los casinos?… Por cierto que el único diputado quien no saludó el reinicio del proceso ni expresó deseo alguno sobre su marcha próxima, fue él.


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Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesiones ordinarias y extraordinarias del lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de diciembre del 2002. Plataforma de los Quince Puntos

“El largo y sinuoso camino” (utilizando el nombre de una canción de The Beatles), hacia la aprobación de esta ley ha concluido. Esta última semana, particularmente, fue intensa y tediosa: conversaciones van, conversaciones vienen; bilaterales, multilaterales, intersectoriales, interpartidarias, intrapartidarias, partidos-sectores; en fin, una enorme dinámica de consulta, negociación, confrontación… acuerdos. Del pasado lunes 9 a este jueves 13 de diciembre, la CMPF se reunió en ocho ocasiones (sesiones 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48).

El presente reporte formula lo que en nuestro criterio fueron los elementos más importantes de este proceso final hacia la aprobación de la ley. Nos pareció que resultaba mejor un informe global en este tramo final, que uno por cada una de esas ocho sesiones, lo cual podría haberles resultado incómodo y quizás la integralidad brinde un panorama más comprensivo.

La “resistencia libertaria” se desboronó en el último minuto. La publicación periodística sobre el asunto de la “Cosa Nostra”, aparecida, precisamente, este jueves 13, dejó a los legisladores del Partido Movimiento Libertario y de manera particular, a su Jefe de Fracción, Dip. Malavassi Calvo, en una posición incómoda y debilitada. Retiraron todas sus mociones bloqueadoras y en el plenario ni una sola fue reiterada. El citado diputado no contestó el fuerte emplazamiento, directo, que le lanzó su colega del PAC, Humberto Arce, no más abierta la sesión de la CMPF este jueves 13, en cuanto a la revelación de la naturaleza de sus presuntos vínculos con los empresarios de las casas de apuestas. Esta situación fue de tal calibre que hizo revertir el voto aprobado (acuerdo PUSC-ML), para que a las máquinas tragamonedas se les aplicara el impuesto originalmente previsto (100 mil colones), cuando producto del “arma” del bloqueo legislativo por mociones, los “libertarios” habían logrado reducirla a 25 mil colones.

Otro de los aspectos más sobresalientes de esta recta final hacia la aprobación de la ley indicada, tiene que ver con la proposición del diputado Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), don Bernal Jiménez, para variar el impuesto extraordinario a las sociedades anónimas, de forma tal que no se calcule sobre el valor del capital social inscrito, sino sobre el valor del patrimonio (diferencia de activos-pasivos), quedando este impuesto en un 0.1 % y aplicable sobre el exceso de 35 millones de colones. Esta propuesta, que contó con la férrea oposición de ciertos líderes empresariales (según lo indicó el citado legislador), fue defendida con gran pasión por el PLN, al punto de condicionar sus votos para el proyecto de ley.

Esta controversia fue resuelta en horas de la tarde del propio jueves, poco antes del inicio de la sesión plenaria y se plasmó cuando se aceptó, por mayoría de votos, que se presentara como moción de reiteración en el plenario. Las legisladoras del PAC en la CMPF, Campbell Barr y Penón Góngora, no estuvieron de acuerdo con dicha propuesta pues su argumento central se sustentó en que era un asunto de carácter estructural y por tanto no debía ser incluido en la contingencia. No votaron la reiteración Aunque nos pareció correcta esa tesis, nosotros dimos el respaldo a la tesis del PLN y así constó en actas.

También es de resaltar la moción que le fue aprobada al diputado Gerardo Leiva, del PAC, tendiente a la exoneración del pago de impuesto a las personas jurídicas, para aquellas unidades productivas comunales de menos de 500 mil colones de capital; medida para proteger a las pequeñas empresas agropecuarias. Generadora de bastante polémica, fue votada en la comisión con los votos del PAC y del PUSC, no así los del PLN. Este partido sostuvo que su propuesta sobre impuesto al patrimonio (aplicable sobre el exceso de 35 millones de colones), era más que suficiente para la protección de toda clase de pequeñas empresas; además, que esa moción abriría un gran portillo para diseñar mecanismos de evasión. En todo caso, nuestra percepción es que la aprobación de esta moción resultaba fundamental para asegurar los votos del PAC al proyecto.

También resaltamos dos propuestas surgidas de último minuto en las cuales nuestra decidida intervención directa, impidió su aprobación. La primera de ellas está referida a una propuesta para variar la tasa de interés que el Estado paga por sus bonos colocados en los bancos estatales, en el INS y en los fondos de pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial; tanto en dólares como en colones. Se pretendía que en el caso de bonos en colones, la tasa de interés fuera el valor de la inflación más cuatro puntos porcentajes (es decir, no superaría el 14 % en términos generales); mientras que en dólares, la tasa fuera tres puntos por encima del valor de la inflación estadounidense. Comprendimos que esta propuesta podría ir en detrimento de la estabilidad financiera de las entidades públicas mencionadas y, sobre todo, de los fondos de pensiones indicados.

Tanto el compañero Rafael Mora como este servidor, tomamos contacto telefónico con el Presidente Ejecutivo del INS y con los tres gerentes de los bancos estatales Nacional, de Costa Rica y Crédito Agrícola de Cartago (este último nos indicó que con una propuesta así era mejor cerrar los bancos públicos). La gran sorpresa que nos llevamos es que ninguno de los jerarcas indicados sabía de tal propuesta, pese a que se indicó lo contrario. Según el Presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda, el Equipo Económico del Gobierno había coordinado lo pertinente (¿don Ronulfo Jiménez?). Fue tan obvio la “metida de pata” que la propuesta fue rechazada por el PLN, por el PAC y hasta por el diputado del PUSC, don Ricardo Toledo. Sólo recibió dos votos: Redondo Poveda y Malavassi Calvo.

Por otra parte, la iniciativa para el fortalecimiento de la Administración Tributaria (recursos, equipos, software) no prosperó como esperábamos. Inicialmente se presentó solicitando autorización de gasto, de manera directa aunque con fiscalización, para esas compras más consultorías. Esto nosotros lo objetamos fuertemente, pues esas consultorías, en no pocos casos, se han vuelto abusivas y han llegado a constituir verdaderas planillas paralelas. Luego se presentó para autorizar hasta 7 compras de 30 millones de colones cada una para equipo de cómputo y vehículos. Sin embargo, el Dip. Redondo Poveda, Presidente de la CMPF, se quejó de la forma en que la Administración Tributaria planteó tales mociones, cuya redacción no ayudaban a generar el respaldo requerido. Luego de tres intentos, se dijo que mejor era tramitar estas autorizaciones especiales de compras directas en el trámite de la ley de aduanas, que ya está a la altura de recibir mociones vía artículo 137 del reglamento legislativo.

Otra iniciativa que no prosperó fue la que formuló con Alvaro Ramírez, de UCCAEP, con el respaldo del Dip. Federico Malavassi y con la firma del representante solidarista, don Enrique Villalobos; para que el aumento salarial del Sector Público, en sus dos semestres de 2003, no fuera superior a lo que ya ha quedado presupuestado que, según entendemos, es 3.5 % por cada período de seis meses. Es cierto que estamos en crisis fiscal pero nos resistimos a aceptar que sea la clase trabajadora la que pague “los platos rotos”. Por lo general, en muy pocos casos, los aumentos salariales del Sector Público de los últimos años, han superado la inflación respectiva (prácticamente, igual a lo presupuestado) y cuando lo han superado ha sido producto de huelgas prolongadas y conflictivas (recordamos la de julio-agosto de 1999, donde hasta una huelga de hambre hubo por parte de seis sindicalistas).

Así que expresamos nuestra férrea oposición, aparte de que, dada la naturaleza caótica del sistema de relaciones laborales y de remuneraciones del Sector Público, quienes salen perdiendo en mayor medida con una propuesta como la indicada, son las personas que laboran para el Gobierno Central (ministerios, por ejemplo), precisamente donde está el problema del déficit fiscal; pues es en este segmento de la Administración Pública de Costa Rica, donde se pagan los peores salarios del Estado. Al final, a la hora de votarse, solamente el diputado Malavassi la apoyó.

También, por intermedio de nuestra incidencia directa, se logró la inclusión de un representante del Movimiento Sindical Costarricense en la comisión intersectorial e interinstitucional, sobre mejoras regulatorias o las medidas de política pública sobre desregulación. Igualmente, por gestiones nuestras y con el apoyo de la señora Doris Osterlof, de CADEXCO, se integró en esa comisión a la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (CFRECEX), entidad empresarial independiente. El Dip. Toledo Carranza acogió la moción de rigor.

Otro de los temas debatidos fue el asunto de condonaciones de deuda, uno de los principales caballos de batalla de los “libertarios”. Estos insistían en un monto de condonación significativo. El Gobierno-PUSC mostró anuencia al respecto y se presentó una propuesta destacándose los casos del Consejo Técnico de Aviación Civil (3.126.9 millones de colones), Instituto Costarricense de Turismo (3.500 millones), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (4.973 millones). Nosotros hicimos fuerte oposición a esas condonaciones, pues no se conoció ningún documento oficial de las respectivas entidades sobre su anuencia al respecto. Unicamente el Dip. Redondo Poveda indicó que se había hablado con cada una de ellas. Esto dejó en evidencia la “fragilidad” (por decirlo de alguna forma) de esas conversaciones, a la luz de lo que sucedió en el caso del IFAM.

Luego de aprobada la primera condonación, se presentó una moción de revisión para que en el caso del IFAM, lo condonado fuera sólo 2.500 millones (y no 4.973 millones). La Dip. Campbell Barr (PAC), se molestó por esa cambio súbito y prefirió llamar, telefónicamente, al Presidente de esa entidad, quien le indicó que aún 2.500 millones de condonación los dejaba en dificultades. Esto dejó en entredicho al Dip. Redondo Poveda, quien muy molesto criticó al jerarca del IFAM por decirle a él que estaba anuente a la segunda cifra de condonación, mientras que a la diputada citada le dijo lo contrario. Como vemos, esto muestra de qué manera se manejó el asunto de las condonaciones: conversaciones informales, respuestas contradictorias, cero informes técnicos. Al final, la moción de revisión en el caso del IFAM pasó.

En el caso del ICT, particularmente, nos llamó su máximo jerarca don Rubén Pacheco, explicándonos las dificultades que tendrían si se les condonaban los 3.500 millones de colones, sobre todo porque serían empleados para fortalecer campañas de promoción en el exterior. Sin embargo, no nos envió un informe para sustentar tal posición. Aún así, en este como en los otros casos, consta en actas nuestra oposición, al considerar tales condonaciones como ocurrencias numéricas e irresponsables.

También destacamos la aprobación de una moción que establece la imposibilidad de efectuar recortes en programas sociales y de fortalecimiento del sector agropecuario. Esto es importante destacarlo porque por estos días se ha estado anunciando que el Gobierno de la República-Ministerio de Hacienda dará a conocer un recorte para el 2003 por la significativa suma de 120 mil millones de colones. Nosotros insistimos en que tal recorte no puede ser anunciado al margen del proceso de la CMPF y que, por el contrario, ésta debe conocerlo antes que nadie para poder discernir sobre el significado de tal recorte. Con ello coincidió el Dip. Bernal Jiménez, presentando una moción para que don Jorge Wálter Bolaños, jerarca del ministerio referido, llegara a dar las explicaciones de rigor. Esto estaba previsto para este lunes 16 de diciembre, sin embargo, se canceló la sesión de la CMPF.

Solamente hemos citado los aspectos que más importancia, según nuestro criterio subjetivo, nos merecieron del proceso final de esta primera fase de la CMPF (ocho sesiones, entre el lunes 9 y el jueves 12 de diciembre). Para las personas que lo deseen, ponemos a disposición los informes de las últimas mociones aprobadas. Sin embargo, por ser documentos grandes, los enviaremos contra solicitud expresa al correo electrónico mauriciocastro@anep.or.cr.

Cerraremos esta minuta (no tan pequeña), indicando que el proceso político de la CMPF, al menos en esta primera fase, nos deja satisfechos, en términos generales. El desenlace fue totalmente inesperado, aún para nosotros mismos y nos sentimos contentos de haber contribuido en algo, en el último minuto, para que fuera de tal forma. El “corporativismo parlamentario” del Movimiento Libertario; el paralelismo negociador (PUSC-“Libertarios”) al margen de la CMPF; la disconformidad del PAC por esta situación y su situación interna; las propuestas del PLN que, en determinado momento, parecían entrampar más que ayudar al avance; fueron elementos dentro de otros, que generaron gran tensión en los últimos días y en las últimas horas.

Finalmente creemos que la salida se dio, en ese último minuto por factores como la información periodística de la “Cossa Nostra” que golpeó la estrategia “libertaria”; la moción de impuesto sobre patrimonio de las empresas que le fue aprobada al PLN; la moción aprobada al PAC para exonerar a las empresas agrícolas de menos de 500 mil colones de patrimonio y el fracaso de la pretensión de variación del cálculo de las tasas de interés para bonos de varias entidades públicas, facilitaron el camino hacia el acuerdo. Por supuesto que no puede creerse que esta excesiva y casi irresponsable simplificación política de factores desencadenantes del acuerdo hayan sido los determinantes únicos; pero es real que ayudaron llegar a la salida.

Nos despedimos reiterando nuestro agradecimiento por darle seguimiento a estos reportes. Reiteramos las limitaciones de los mismos: su apreciación subjetiva, su carácter escueto y su falta de profundidad en el análisis político. Sin embargo, al menos da elementos informativos de primera mano que a usted le podrían servir de alguna manera. Hasta el año entrante. ¡Que la pasen bien, junto a las personas que aman!


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Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesiones Extraordinarias del jueves 5 de diciembre del 2002. Plataforma de los Quince Puntos

Particularmente, reclamos del PAC (Dip. Campebll Barr) y varios de los sectores sociales (incluidos nosotros). Hubo un cuestionamiento, prácticamente, generalizado, por el abuso del mecanismo de las mociones de revisión, que ha presentado el Movimiento Libertario, el cual, pese a su “gesto de buena voluntad” de la jornada anterior (casi 100 mociones tramitadas y rechazadas), presentó casi 200 adicionales. Por ejemplo, la diputada Margarita Penón fue muy enfática en tal sentido.

En esa misma dirección, por ejemplo, hubo fuertes emplazamientos del Dip. Bernal Jiménez, PLN y el nuestro propio, para que en mesa se conociera el “listado de peticiones” de los libertarios; es decir, la necesidad de todos por conocer cuáles son sus “aspiraciones” a fin de obtener el “peaje” requerido para la tramitación en el plenario del plan de contingencia fiscal. Hubo una tesis, formulada por el Sr. Víctor Morales (CONACOOP), para que, en términos generales, el Dip. Redondo Poveda tuviera a su cargo dirigir un proceso bilateral para la generación de pre-acuerdos, de forma tal que en el pleno de la CMPF, se pudieran conocer únicamente aquellas mociones que, precisamente, expresaran las famosas “aspiraciones” “libertarias”, conjuntamente con varias mociones provenientes del PAC y del PLN que ya están presentadas. A esta tesis, generada para buscar salidas, se agregó la interrogante acerca del comportamiento “libertario”, si esos “pre-acuerdos” no obtienen el aval del pleno de la CMPF o de su mayoría parlamentaria, que es la que vota. No hubo, como era de esperarse, una respuesta clara de parte del Dip. Malavassi Calvo. En tal caso, ¿presentarán más mociones?.

El Dip. Humberto Arce, Jefe de Fracción del PAC, presente en esta reunión informal, adujo la responsabilidad política del parlamento costarricense en lo fiscal y el grave daño institucional que constituiría una especie de incapacidad para aprobar las legislaciones necesarias.

En nuestra intervención planteamos lo que todo el mundo sabe pero que no se ha querido decir claramente, en cuanto al fuerte cuestionamiento que se formula a los “libertarios” para que se consideren sus “aspiraciones”, cuando es bien notorio y palpable que, aún en el mejor de los casos que todas sus “aspiraciones” sean aprobadas, ellos nunca votarán el proyecto de contingencia fiscal. ¡Qué paradoja!.

Por otra parte supimos que dentro de esas famosas “aspiraciones”, la que tiene que ver con una propuesta adicional para mayores montos de condonación de deudas, ha originado una ronda de conversaciones y contactos del Gobierno con varias instituciones poseedores de sus bonos, a fin de que éstas, voluntariamente, cedan nuevos montos para una moción de condonación que se agregaría al plan de contingencia. Por ejemplo, supimos que al ICE le están pidiendo “aportar” 5 mil millones de colones adicionales a la primera condonación. Igualmente algo similar se estaría tratando con el ICT, con el INA y con el Banco de Costa Rica. Los resultados de este “pre-acuerdo” estarían para el próximo lunes.

Lo anterior, entre otros tópicos (reducción de impuestos a las “sportbooks”, a los moteles y a las máquinas tragamonedas), se conocerían en la sesión del próximo lunes 9, puesto que la sesión extraordinaria prevista para este viernes 6, fue cancelada. El Dip. Redondo Poveda manifiesta que hay una gran presión de muchos diputados y diputadas para no sesionar más allá del próximo 16 de diciembre, lo que, según él, obliga a “meter el acelerador” a la tramitación del proyecto. Bueno, el señor Dip. Jiménez Monge dijo que él planeaba ir a Brasil con toda su familia, pero que si tenía que quedarse solo en el país lo haría gustosamente y mejor si alguien le hacía compañía. (Bueno, esto es una referencia jocosa, dentro de tanta tensión; todavía el derecho de reirnos no ha recibido mociones en contra).

Nuevamente el argumento del Ministerio de Hacienda se centró en la necesidad de la colocación de 450 millones de dólares en el exterior para el próximo mes de enero, para lo cual es imprescindible, según indicaron, enviar la “señal” de que el país está haciendo bien las cosas en cuanto a su desequilibrio fiscal. Agregaron que hay mucha inquietud entre las casas calificadoras del “riesgo-país”, por lo que observan en Costa Rica.

Así las cosas, no tenemos cómo establecer un pronóstico claro de lo que sucederá a partir del lunes. Es nuestro criterio que a pesar de estos problemas, la preservación de la CMPF debe seguir siendo vital. Bien sabemos que los “libertarios” no creen en ella y más bien es notoria su molestia por compartir el “sacrosanto” espacio legislativo con los representantes civiles, pues ellos siempre han sido claros que no avalan este tipo de espacios político-social de toma de decisiones. Reflexionando bien, la situación del desequilbrio fiscal es muy preocupante y su verdadero origen, la injusta estructura tributaria que nos agobia, es la piedra angular para ver si es posible avanzar hacia una sostenibilidad fiscal que facilite la equidad y la inclusión. Esto tenemos que estárnoslo recordando, nosotros mismos, para no dejarse vencer por el desgaste del procedimiento legislativo utilizado, como chantaje extorsivo, por parte de los “libertarios”:

Por supuesto que en todo esta situación ha aflorado el planteamiento para la reforma al reglamento legislativo, al menos, en este ámbito de los mecanismos para la reiteración de mociones. Esto es prácticamente imposible porque esa reforma reglamentaria debe tramitarse con el reglamento vigente y creemos nosotros que ninguna minoría parlamentaria, sin importar el signo ideológico-político que ostente, estaría interesada en ceder ese mecanismo para hacerse sentir y obligar a los demás a tomarla en cuenta. Ahora bien, esto podría ser aceptable (y en realidad en la legislatura pasada, la alianza de Fuerza Democrática con los sectores sociales con ocasión del combo lo demostró), sin embargo, podría estar en estricta relación con la causa que se está defendiendo, es decir, si las tesis son justas o no son justas; o bien, cuál es finalidad perseguida: ¿el bien común, el bienestar del mayor número, o intereses corporativos, como los que en nuestro criterio, parecen defender los “libertarios”?

Las sesiones de ayer, oficialmente, fueron de trámite. Si todavía conservamos la secuencia numérica, las de ayer fueron la 39 y la 40. Creemos que las del lunes (ordinaria, en la mañana; extraordinarias en la tarde y en la noche), estarían dando como resultado tres sesiones más. Gracias por leerlos. Hasta la próxima.


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Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesiones del miércoles 4 y del jueves 5 de diciembre del 2002. Plataforma de los Quince Puntos

¿Qué paso ayer? Evidentemente, el Gobierno de la República y su fracción en la Asamblea Legislativa han sostenido conversaciones privadas y bilaterales con el Partido Movimiento Libertario. No las conocemos en detalle pero todo apunta a que el oficialismo ha aceptado bajar el impuesto a las actividades empresariales de “gran preocupación” para los libertarios: las “sportbooks”, los moteles (reducción del monto del impuesto establecido), quizás los cigarrillos y otros. Además, muy probablemente, presentarán, conjuntamente, una propuesta de condonación de deuda del Gobierno con varias instituciones públicas.

Prueba de lo anterior es el anuncio, al comienzo de la sesión de las 6 de la tarde, que hizo el Dip. Malavassi, de un “gesto de buena voluntad”, permitiendo tramitar como treinta de sus mociones sin uso de la palabra, todas las cuales fueron rechazadas. El signo es clarísimo del acuerdo Gobierno-PUSC-Libertarios. Además, los “libertarios” quizás decidieron no “jugársela” más, y el evidente desgaste político que significaría someternos a todos al proceso tortuoso, tedioso y costoso de su estrategia de bloqueo, los obligó a aminorar sus pretensiones para con la necesidad gubernamental de que el plan de contingencia se prueba cuanto antes.

Por otra parte, se tramitaron varias mociones presentadas por el PLN: a) Una que proponía que el gravamen a los vehículos de lujo en vez de ser los que superaran los 7 millones de colones, fueran los de valor superior a los 10 millones, fue rechazada. b) La de elevar en un 100 % los aranceles de registro, fue aprobada. c) Otra que pretende definir que los ahorros y los nuevos recursos generados por la contingencia fiscal, no aumento los límites de gasto, también fue aprobada. Estas tres mociones las presentó la legisladora doña Nury Garita. Una moción polémica fue la presentada por el diputado del PAC, don Gerardo Vargas Leiva. El pretendió promover la exoneración de pago del impuesto a las personas jurídicas que ha establecido la contingencia fiscal, para lo que denomina “sociedades anónimas bancomunales”, es decir, agrupamientos comerciales de pequeños productores agrícolas. Pese a la defensa que hicieron las legisladoras, compañeras de él del PAC, Penón Góngora y Campbell Barr, ni el PLN ni el PUSC la votaron. El PLN argumentó que una moción suya, más o menos en la misma dirección, a discutirse próximamente, recoge el “espíritu” de la aspiración del legislador Vargas Leiva. El PUSC dijo que es muy difícil determinar de qué sociedades se está hablando, cuando todas se conforman bajo el Código de Comercio y no se establecen clasificaciones.

La Sesión 38 de hoy 5 de diciembre en la mañana fue para tramitar todas las mociones libertarias, de forma que la cancha quedó libre. Para hoy en la noche se espera un debate en torno a las determinaciones que el Gobierno debe formular en torno a la famosa racionalización del gasto para el año 2003, según las exigencias que indica el dictamen del plan de contingencia fiscal. El PLN (Dip. Bernal Jiménez), anunció su gran interés en que esto se puntualice al máximo. Por su parte y en este mismo ámbito del debate, el Dip. Redondo Poveda, Presidente de la CMPF, anuncio que el 15 diciembre, el Gobierno y el Banco Central anunciarán las políticas de recorte de gasto público para el año 2003. El propio Viceministro de Hacienda, don Carlos González, nos dijo, informalmente, que aun aprobándose el polémico proyecto, el próximo año el déficit será del 5 % del PIB, “si no se hace nada en materia de gasto”.

En realidad, sentimos que a esta altura del debate, las visiones macroeconómicas clásicas son las que se están imponiendo. Es decir, la obsesividad fiscalista reinante en las políticas económicas de los últimos años, se imponen, ya sea por la presión extorsionista de los “libertarios”; o bien, por las posiciones de don Bernal Jiménez, que parecen “zigzaguear”, entre el otrora camino socialdemócrata del PLN y las visiones económicas que lo controlaron todos estos años. Respetamos mucho a este señor legislador pero nos confunde su posición en ocasiones. Por su parte, el PAC parece haberse quedado “al margen” del entendimiento PUSC-“libertarios”, preocupados, quizás, por la percepción que se pueda tener de que le han dado “demasiado” oxígeno al Gobierno en estos temas presupuestarios y fiscales. En todo caso, sus representantes en la CMFP, siempre mantienen una positiva actitud para “monitorear” el proceso político en desarrollo con los sectores sociales.

Este marco de condiciones, sinceramente, no nos está gustando y ojalá los sectores sociales que nos “embarcamos” en esta aventura, podamos hacer los análisis políticos requeridos y urgentes para definiciones estratégicas de cara al difícil año 2003. Emplearemos, en estos días, la posibilidad del uso de la palabra en el seno de la CMPF, para al menos expresar nuestras visiones y nuestras oposiciones en todo lo que creamos incongruente con las aspiraciones de una sociedad de inclusión como la que aspiramos. Muchas gracias por atendernos y nos comunicamos próximamente.

Se espera entonces que en la sesión de la tarde y la noche se conozca y tramite el acuerdo del Gobierno con los libertarios.


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Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesión del lunes 02 de Diciembre del 2002. Plataforma de los Quince Puntos

En total, este “capricho libertario” le costó al país unos 571 mil colones, sólo la primera noche de su desgastado juego político. Este cálculo lo hizo un periodista. Esa suma equivale, dijimos nosotros más adelante, al valor de 11 aguinaldos de empleadas domésticas ó de 7 vigilantes de seguridad privada.

La diputada Epsy Campbell lanzó los primeros dardos. Denunció el juego libertario de exponer a todas las fracciones y a todas las representaciones civiles, a un gran desgaste político. En realidad, los seguidores de don Otto Guevara, buscan reducir al mínimo o eliminar del todo, los impuestos definidos para los casinos, los “sportbooks” y las casas de apuestas. Hilando profundamente, podría estar su necesidad de “potenciarse” más para hacer oposición al proyecto de fortalecimiento del ICE, presentado a la corriente legislativa el pasado jueves 28 de noviembre, con el respaldo de 34 legisladores y legisladoras del PUSC, PLN y PAC. En realidad el reclamo de esta legisladora se resume en el siguiente emplazamiento a los “libertarios”: “¡Digan qué es lo que quieren!”; máxime que los diputados “libertarios” cayeron en bloque a la sesión que reportamos y cada uno de ellos puede hablar por 15 minutos por cada una de las mociones reiteradas. Imaginemos: 100 mociones por 15 minutos de intervención cada una, por cinco diputados por cada moción. 7.500 minutos, equivalente a 125 horas de sesiones de la CMPF. Pasaríamos Navidad, Año Nuevo y Semana Santa y todavía estaríamos sesionando sólo para conocer las reiteraciones.

Por nuestra parte hicimos una intervención inicial y única, pues debimos retirarnos a las 08:30 p.m. para atender un compromiso familiar a las 9 de la noche. Solicitamos una aclaración sobre el reglamento legislativo en cuanto a una disposición para que las mociones presentadas tengan, al menos, 24 horas de conocimiento previo por parte de quienes deberán decidir sobre ellas. Es decir, que hasta las 18 horas de este martes 3, deberían empezarse a conocer las mociones “libertarias” y otras del PLN y del PAC. La segunda parte de nuestra intervención estuvo dirigida a cuestionar hasta qué punto, las representaciones civiles en esa comisión, habiendo dado ya su contribución política (y no sin pagar cierto precio político por ello en cada uno de los sectores), al proceso para un consenso en materia de contingencia fiscal, tenemos la obligación de presenciar el “show” de extorsión política de los “libertarios”, en su afán de quedar bien con los dueños de los casinos y similares. Es decir, en momentos de crisis fiscal, de nuevas y urgentes necesidades de sectores desposeídos, como los afectados por las inundaciones de estos días, puede una Asamblea Legislativa gastarse hasta un millón de colones por sesión extra de la CMPF, tan sólo porque una minoría extremista desea imponerse.

El resto de la sesión de esta noche de lunes lo presenció nuestro compañero Rafael Mora, con cuyo criterio informamos lo siguiente.

Para el Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), se trata del “interés del país”, instando a los “libertarios” a flexibilizar su posición. El PLN le dará los votos a la contingencia fiscal, si el Gobierno demuestra cuál es el gasto superfluo que se estará recortando y la aplicación de las condonaciones de deuda entre instituciones públicas. A veces no entendemos la ambivalencia en estos cuestionamientos, lo cual nos desconcierta pues don Bernal Jiménez es de los legisladores más destacados y de mayor claridad política en esto que estamos discutiendo.

El diputado Federico Malavassi argumentó vicios de procedimiento en el trabajo de la comisión y, específicamente, presentó lo que en su criterio son “nulidades” del proceso. Dentro de éstas, que la sesión anterior, la No. 34, del lunes 25 de noviembre, empezó después de los 15 minutos de espera reglamentaria. Su tesis central para su estrategia de bloqueo de mociones es que la contingencia fiscal no puede contener impuestos que pongan “en peligro” puestos de trabajo (las sportbooks”, por ejemplo), ni tampoco gravar actividades que generan grandes contrabandos por su estructura impositiva (cigarrillos, por ejemplo). Los paréntesis son nuestros, pero aquí podría estar la esencia de las “loables” preocupaciones “libertarias”. Según el citado legislador, palabras textuales, “los vicios ni son pecado ni son delito”. Reclamó también dicho legislador, que la vez anterior, cuando se estaba llegando al acuerdo de contingencia, fue víctima de mofa por sus posiciones, particularmente por parte del diputado presidente Redondo Poveda. Así que ahora, diríamos nosotros, es el momento de “sacarse el clavo”.

El diputado presidente de la CMPF, don Mario Redondo, adujo que lo del plazo de las 24 horas para conocimiento de mociones es relativo, pues el Artículo 137 del Reglamento Legislativo, es para asuntos extraordinarios y por razones de urgencia. De modo que esas 24 horas que indica el Artículo 72 (principio de publicidad), de dicha normativa, puede obviarse. Esta interpretación fue avalada por el representante de Servicios Técnicos del parlamento.

Prácticamente ese fue el desarrollo de la sesión de anoche. Para hoy martes 3 de diciembre, se citó a una especie de “sesión de trabajo” (es decir, no será sesión oficial de la CMPF), en la cual los 15 integrantes de la CMPF, considerarán la situación apuntada, buscando evitar caer en el atascadero generado por los “libertarios”. Se trabajará desde las 10 de la mañana, hasta las 03:45 de la tarde. Mañana miércoles 4, la CMPF tendrá tres sesiones: de 08:30 a 11:45; de 13:30 a 14:45; y en la noche, 15 minutos después de finalizada la sesión plenaria. El “calvario” habrá de continuar el jueves y probablemente, el viernes. Así hasta la propia víspera de Navidad, muy probablemente. Ustedes, que nos hacen el honor de leerlos, también estarán “abrumados” por la cadena de reportes que vendrán… Tengamos paciencia.


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Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesión del lunes 25 de Noviembre Plataforma de los Quince Puntos

Más o menos lo que ustedes conocen, públicamente, del debate sobre la cuestionada concesión de la cárcel de Pococí, fue lo que se reprodujo en esa sesión del lunes 25 de noviembre. Asistieron los ministros Javier Chaves (MOPT), Jorge Wálter Bolaños (Hacienda) y Danilo Chaverri (Planificación); junto a la señora Rocío Aguilar, Secretaria (interina) del Consejo Nacional de Concesiones.

Entre los aspectos debatidos estuvo el de la constitucionalidad o no de dar en concesión una cárcel pública; el carácter de esa concesión (¿no es que las concesiones son, más bien, para que el Estado reciba plata en vez de tener que ponerla?); la responsabilidad dada a una sola comunidad para “albergar” a privados de libertad de tan “alta peligrosidad”; el costo de esta concesión en momentos de crisis fiscal; el futuro de las concesiones si a juzgar por las últimas, los cuestionamientos sobran (aeropuerto, revisión técnica y ahora esta cárcel). Además, las consecuencias de rescindir (unilateralmente, o intermediando mandato constitucional); si la cárcel de Pococí es realidad es un empréstito que debió ser del conocimiento de la Asamblea Legislativa (nosotros sostenemos que así debió ser).

En lo que a nosotros respecta, aprovechamos la oportunidad para plantear interrogantes como: Tasa de interés por el préstamo de los 72 millones de dólares para financiar la construcción (se confirmó que es del 10.9 % anual), esto hará que al término de plazo, el país habrá pagado ¡166 millones de dólares!

Otras interrogantes fueron: nombres de los jerarcas que aprobaron la concesión (don Danilo Chaverri estaba entre ellos); monto mensual pagado al consultor encargado de esta concesión (un señor de apellido Valverde, a razón de 8 mil dólares mensuales, durante casi tres años); entidad financiadora de esa consultoría; cómo se cuantificó el valor diario de estadía del privado de libertad en esa cárcel (34 dólares diarios si la ocupación no supera el 80 %; 29 al día si es superior a dicha cifra); fuente de ingresos para hacerle frente a tal erogación (Ministerio de Hacienda tendrá que buscarlos, no aparece nada presupuestado para el 2003). También solicitamos que se nos indicara el nombre de todas las personas y/o empresas, ya fueran de abogados, consultoras, constructoras que, de una manera u otra, tuvieron, tienen y tendrán relación con esta concesión. La respuesta vino del señor Ministro del MOPT, don Javier Chaves, prometiéndonos hacernos llegar por escrito la información indicada. Aquí estamos esperando.

Decimos esto porque, presuntamente, el Consejo Nacional de Concesiones habría contratado a una consultora privada para que le ayudase a determinar si era posible o no, concesionar una cárcel pública. Esa consultora, a su vez, habría subcontratado a un bufete jurídico para el efecto apuntado; bufete que, al final, habría terminado y/o brindado asesoría a la firma favorecida con la concesión. Si todo esto fuera cierto, qué tipo de conclusiones podríamos sacar, aunque sabemos que todo es legal.

Por lo menos, este debate arrojó, entre otras, las siguientes conclusiones: a) Se trata de una concesión onerosa, así reconocido por el propio Gobierno; b) hay bastante controversia jurídica sobre su legalidad-constitucionalidad; c) Gobierno no firmará el contrato hasta que la Sala IV diga la “última palabra”; d) no se sabe cómo se financiará si al final hay que aceptar tal concesión; e) quedó en evidencia el deplorable estado de las cárceles públicas y las deterioradas condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional; e) el sistema de concesiones está sufriendo serios problemas de credibilidad y transparencia; f) el tema de la cárcel de Pococí saltó del “anonimato” para convertirse en un problema de Estado (hasta cayó un ministro por ello); g) no podría haber rompimiento unilateral de contrato (según el Gobierno), porque se enviaría una pésima señal de inseguridad jurídica a la inversión foránea. Pareciera que el Gobierno sí se preocupa por el riesgo país cuando se trata de romper unilateralmente un contrato indemnizando conforme a la ley a la empresa adjudicataria, pero no le preocupa el riesgo país cuando el déficit fiscal se incremente desmedidamente por cumplir con este contrato a todas luces inconveniente (nótese que la suma que por ley habría que indemnizar a la empresa, en el supuesto de la Sala Constitucional no declare inconstitucional el proceso, es infinitamente inferior a la estrafalaria suma de dinero que habría que pagar si se sigue con la concesión).

Por cierto que en estos días, como seguramente se habrán enterado, la Sala IV admitió la Acción de Inconstitucionalidad que, a solicitud de ANEP y de la Asociación Costarricense para la Defensa Pública y con el apoyo de la maestría de criminología de la UNED, interpuso la Defensoría de los Habitantes de la República, contra esta concesión. Al menos tendremos un respiro, no solamente para preparar varias coadyuvancias, sino para una reorganización de la lucha que hemos venido dando contra esta vergonzosa concesión.

Por otra parte, la CMPF tenía previsto para este jueves 28 entrar a analizar las definiciones que el Gobierno elaboró, en materia de racionalización de gasto, comprendidas dentro del proyecto de contingencia fiscal. Al respecto, el Ministerio de Hacienda, hizo entrega de un documento, conteniendo varios borradores de decretos ejecutivos para ser aplicados en el 2003. Este análisis lo estamos haciendo y les comunicaremos cuestiones importantes al respecto.

También se tiene previsto en las sesiones venideras la exposición, por sectores y por fracciones parlamentarias, de propuestas sobre la reactivación económica, según las visiones respectivas. En el caso nuestro, esperamos hacerlo en el marco de la Tercera República, para lo cual se ha estado trabajando, intensamente, en las distintas mesas que hay previstas dentro de este proceso de alianza sociopolítica (mesas de Producción, de Redistribución de Oportunidades y de Generación de Conocimiento).

Una vez más, disculpen nuestra tardanza. Esperamos no volver a incurrir en este tipo de errores. Nos pondremos al día, comentando lo que pudiera suceder hoy por la noche, lunes 2 de diciembre del 2002.


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Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte Sesión del jueves 14 de Noviembre y del lunes 18 de noviembre Plataforma de los Quince Puntos

En la correspondiente al jueves 11 de noviembre, la sesión se dedicó, prácticamente toda, a la exposición del Dr. Miguel Gutiérrez Saxe, Coordinador del Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible; quien se refirió a los contenidos del VIII Informe del Estado de la Nación.

En realidad, en términos generales, todos estamos enterados de los datos de ese VIII Informe, pues se le dio amplia difusión en la prensa nacional. Prácticamente hay un consenso nacional sobre la legitimidad y la credibilidad que caracteriza esa valiosa investigación, la cual es esperada con gran interés, año con año. Creemos, en consecuencia, innecesario hacer una síntesis de la exposición del citado experto, porque aparte de apretadísima, está muy al alcance de todos acceder a dicho informe.

La exposición del Sr. Gutiérrez Saxe, como era lógico suponer, generó un interesante debate; del cual resalta una crítica, como sociedad, de que a pesar de tener esa valiosa información en nuestras manos, prácticamente no hayamos hecho nada para iniciar el rumbo de corrección, en todos estos años de publicación de ese informe; cuya octava versión resalta que la senda de la concentración del ingreso es ya muy preocupante; o como lo dicen los expertos, que la roca de la equidad que caracterizó nuestra convivencia como país, presenta ya erosiones importantes.

Sin duda alguna que los desafíos por una sociedad de inclusión son más que evidentes y eludirlos por más tiempo, traerá consecuencias dolorosas para todos. Nuevamente, el Informe del Estado de la Nación, nos da un tremendo “jalón de orejas”. ¿Tendremos la capacidad de entenderlo?

Lastimosamente, no pudimos estar presentes, ni el compañero Rafael Angel Mora Solano ni este servidor, en la sesión de este lunes 18 de noviembre. En tal fecha teníamos un importante encuentro con dirigentes sindicales estadounidenses, de la American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizations (AFL-CIO), quienes convocaron a un evento con sindicalistas centroamericanos, a propósito del TLC con los Estados Unidos de América. Por cierto que si alguna persona de las que nos hace el honor de leer estos reportes, tiene interés en conocer la declaración conjunta de ese evento, con gusto se la haremos llegar si nos lo indican.

Por los reportes de prensa y otros contactos, en este lunes 18 de noviembre se dio la presencia de la señora Linnette Saborío, Primera Vicepresidenta de la República y Coordinadora del Consejo Social del Gobierno; de la señora Silvia Lara, Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); y del señor Helio Fallas, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Según ya se ha hecho público por su presentación a la ciudadanía semanas atrás, el Plan Social del Gobierno se ha denominado “Vida Nueva. Superación de la pobreza y desarrollo de las capacidades humanas”. Ahora bien, el debate que generó su presentación, prácticamente estuvo dirigido a marcar la existencia de “dos gobiernos”, con enfoques contradictorios, el social y el económico. Entendemos que hasta el momento no se logrado vender la idea de un “todo único” en el accionar gubernamental y, en lo que a nosotros respecta, así lo sentimos.

Este jueves 21 no habrá sesión de la CMPF. Para el próximo lunes, se citó a comparecer al Concejo Nacional de Concesión de Obra Pública, a propósito del candente tema de la cárcel de Pococí y la cadena de concesiones que vienen. Sin duda alguna, la sesión estará sumamente interesante.

Nuevamente les pedimos disculpas por el atraso en la llegada de este reporte y reiteramos nuestra gratitud por permitirnos comunicarnos con usted con esta vía.


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