ANEP presenta denuncia contra Rolando González


Ex Presidente Ejecutivo del INDER, y actual Jefe de Campaña de Johnny Araya deja muchas interrogantes en su gestión.

EXTRACTO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA EN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

San José, 21 de febrero de 2013.

Licenciada
Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Contralora General
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Los hechos y circunstancias a que se refiere esta petición son los siguientes:

Que el señor Rolando González Ulloa quién fungía como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), podría haber incurrido en una serie de actos y prácticas que podrían configurar posibles irregularidades en su función como Presidente Ejecutivo de la institución mencionada, estamos adjuntando las pruebas correspondientes y procedemos a continuación a detallar los hechos:

1- Cobro de suma millonario por concepto de vacaciones acumuladas y no disfrutadas:

Al hacer efectiva su renuncia a partir del 02 de febrero de 2013 se procedió con el pago de sus prestaciones en las cuales además de sus extremos normales, se le reconoció el rubro de vacaciones acumuladas no disfrutadas, monto que significó el 85% del pago de esas prestaciones, es decir, la suma de ¢ 3.863.868.81, de los ¢4.561.233.00 que fue el total de lo pagado.

Don Rolando estuvo por aproximadamente 3 años en la Presidencia Ejecutiva de la institución y entendemos que este tipo de funcionarios del alto nivel jerárquico en instituciones públicas se rigen por lo que establece el Código de Trabajo, y están excluidos de Convenciones Colectivas y Reglamentos Autónomos de Trabajo. Es decir, don Rolando tenía como sumo por cada año de laborado en el INDER, un periodo de 15 días de vacaciones; entendemos que el monto pagado por vacaciones corresponde a 36 días de vacaciones, de ser así hablamos de que se están pagando poco más de dos periodos acumulados.

Entonces aparte de que se están pagando periodos acumulados, lo cual pareciera no estar acorde con los pronunciamientos en esa materia por parte de la Contraloría General de la República; estamos adjuntando oficios firmados por el mismo Rolando González, a los funcionarios del INDER indicándoles que esta totalmente prohibido tener más de un periodo vigente de vacaciones, al parecer aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa. Por lo que creemos que este pago no procede, podría ser irregular y debe la Contraloría proceder con su investigación.

2- Estructura paralela en nombramientos de personal:

A continuación estamos adjuntando documentación que demuestra una serie de hechos presuntamente ilegales que han ocurrido en el Instituto de Desarrollo Rural ( INDER) en materia de nombramientos y en el manejo de fondos públicos, motivados por razones de índole política, durante la Administración del señor Rolando González Ulloa, ex Presidente Ejecutivo, y que se continúan perpetrando durante la Administración del señor Víctor Julio Carvajal Garro ahora Presidente pero que fungió como Gerente del primero durante su Administración.

Nos referimos al oficio ARH-267-13, del 19 de febrero de 2013, en donde queda en evidencia una serie de nombramiento que podrían ser irregulares, y sobre los cuales se pronuncia el jefe de recursos humanos del INDER, señor Ronald Aguilar Soto.

3- Compra de tres pizarras interactivas:

Tenemos información y además estamos adjuntando las facturas de la compra de tres pizarras interactivas para uso exclusivo de la Presidencia, la Gerencia y la Junta Directiva que fueron comprados bajo la Presidencia de Don Rolando. Estas pizarras tuvieron un costo superior a la ¢5.000.000,00 cada una, en total se pago una factura por las tres pantallas de ¢15.929.487.90.

No podemos más que cuestionar la compra de este tipo de artículos y su necesidad institucional en un momento en donde se han girado fuertes directrices de contención del gasto por parte del Gobierno en toda la institucionalidad para evitar precisamente compras y gastos innecesarios y sin justificación. Es importante mencionar que se desconoce algún estudio o informe técnico que justifique la compra de estos equipos, por lo que creemos fundamental que la Contraloría investigue estas compras y determine responsabilidades en caso de haberlas.

4- Caso de asignación de una parcela del IDA con intervención del señor Rolando González Ulloa a un tercero en donde podría mediar un posible tráfico de influencias:

Se trata del caso de la familia conformada por el señor Sergio Jiménez Rodríguez y la señora Sheila de los Angeles Cordero Arias, los cuales cumplían con todos los requisitos de adjudicación de una parcela y para sorpresa de ellos, cuando creían que la parcela se les adjudicaría, apareció el IDA haciendo otro estudio para adjudicar la propiedad a otra familia por solicitud por solicitud del entonces Presidente Ejecutivo señor Rolando González Ulloa, según consta en oficio OSG-30-2013 de fecha 01 de febrero de 2013, y firmado por el Jefe a.i de la oficina territorial de Guatuso, señor Daniel Alvarado Acuña, que indica lo siguiente:

“Pese a todo lo expuesto anteriormente, se cuenta con una solicitud verbal por parte del Presidente Ejecutivo don Rolando González Ulloa, para que se realice el estudio de selección y se estudie la posibilidad de que dicha parcela sea adjudicada al señor Olger Chávez Morales, cédula 6-292-106 y la señora Andreina Obregón Salazar, cedula 1-1432-481; por tal razón a nivel de la Dirección Regional, a través de la Unidad Agraria, ya se está trabajando en ese sentido”.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Rafael Àngel Mora Solano
Asesor Político

ANEP no irá a negociación del salario único

Posición oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP ante el “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”.

No al salario único

En su sesión No. 1948, de carácter ordinario, de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebrada el pasado viernes 15 de febrero de 2013, se ratificó la posición oficial de la organización con relación al “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”, sindical y popularmente conocido como, “el proyecto de ley del salario único y contra los pluses salariales en el sector Público”; iniciativa que fuera presentada a nombre del actual Gobierno de la República por la anterior jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señora Sandra Piszk Feinzilber, luego de que le entregara a las principales organizaciones sindicales del sector Público un documento, “para discusión”, denominado “Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense”. El actual jerarca de dicha entidad, señor Olman Segura Bonilla, está retomando esta iniciativa y ha convocado para el próximo jueves 21 de febrero de 2013 a los sindicatos (incluida la ANEP-Central Social Juanito Mora Porras), para abrir el debate al respecto. ANEP no irá y enviará una nota explicando sus razones.

Recordemos que tal iniciativa gubernamental pretende aplicarse (según lo indica el citado “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”):

  • A los servidores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como al personal de sus órganos auxiliares y de sus órganos desconcentrados.
  • A los servidores de los entes descentralizados y de las empresas del Estado, así como al personal de sus órganos desconcentrados.
  • A los servidores de las corporaciones municipales.
  • Quedan excluidos de la aplicación de esta ley únicamente los servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, por encontrarse en régimen de competencia.

Compartimos con todas las bases dirigentes de nuestra querida organización ANEP, así como con los y las anepistas del sector Público, con las personas trabajadoras asalariadas, en general, del mismo; con las hermanas agrupaciones gremiales, laborales y sindicales estatales, así como con la ciudadanía nacional, los principales puntos de nuestra posición al respecto.

Primero: La ANEP es, si se quiere, la organización social que desde el ámbito sindical, más ha estado trabajando el tema tributario-fiscal del país. Acumulamos mucho tiempo ya en ello, siendo la experiencia más notable la participación nuestra en la Comisión Especial Legislativa Mixta Especial para el Pacto Fiscal, que se dio en la Administración Pacheco de la Espriella. Casi hay un acuerdo histórico nacional al respecto, inédito para la vida republicana reciente del país pero fue bloqueado por el entonces diputado Federico Malavassi.

Segundo: Dentro de nuestro estudio del tema hemos acuñado el término “Revolución Tributaria” para tratar de darle la magnitud a un problema gravísimo de inequidades impositivas que caracterizan al sistema tributario costarricense, de forma tal que los cambios que éste ocupa deben ser verdaderamente revolucionarios, si queremos viajar, de manera consistente, de la odiosa y perversa regresividad actual que le caracteriza hacia una progresividad justa y más que necesaria en los actuales momentos. Si el término indicado no gusta, pues podemos hablar de una “Transformación Tributaria Estructural”.

Tercero: Rechazamos, tajantemente, que los denominados pluses salariales sean la causa del déficit fiscal; o, lo que es peor, que quitándole a los trabajadores y a las trabajadoras del sector Público esos sobresueldos, se arregle el este problema del déficit. Nosotros creemos que entrarle al asunto por este lado es esparcir una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza del problema fiscal-tributario del país; y, por otro, culpabilizar a los empleados públicos y a las empleadas públicas, especialmente los de ingresos medios y bajos, de la famosa “crisis fiscal”. Con la ANEP no cuenten para entrarle al problema fiscal rebajando salarios en el sector Público, cuando son precisamente quienes laboran en él los más puntuales pagadores de impuestos; por ejemplo, el de renta se rebaja de la planilla directamente y el de ventas se paga con la compra en la pulpería o en el supermercado. Quienes evaden impuestos, son otros, no los trabajadores ni las trabajadoras.

Cuarto: Una muestra de que el problema del déficit fiscal está en otra parte, es el reconocimiento ya oficial de que, únicamente por exoneraciones y evasiones, el Estado deja de percibir, casi 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Imagínese usted de qué clase de cifra estamos hablando. Nosotros hemos venido hablando de este aspecto hace ya bastante tiempo. Ahora la “oficialidad hegemónica dominante” nos dio la razón. Ni siquiera la sumatoria de todas las sumas que a los y a las profesionales del Gobierno Central se les paga por pluses como la Dedicación Exclusiva y/o la Prohibición, incluso vinculadas conjuntamente, se acerca en lo más mínimo a la cantidad de 1.200 millones de millones de colones que son esos 6 puntos de PIB (esperamos haber “traducido” bien esta cantidad, 6 puntos de PIB, considerando que cada punto equivale a unos 200 mil millones de colones). Entonces, con respeto, es absolutamente ridículo que el Gobierno pretenda hablar de un proyecto de ley para quitar, reducir, eliminar, pluses. ¡¡¡Por favor!!!

Quinto: No tenemos miedo a sentarnos a una mesa fiscal-nacional. Pero en serio. Tenemos estudio en el tema y lo hemos abordado sin perspectiva panfletaria. Pero que no nos vengan a decir que los pluses son la causa del déficit fiscal. Eso no se sostiene tan solo con el ejemplo del 6% PIB en exenciones y exoneraciones. Porque hay más ámbitos donde el robo de los impuestos es de tal magnitud que se ha convertido en una especie de crimen contra toda la sociedad.

Sexto: El Gobierno debería mostrarle al país un listado que tiene “engavetado” con los 1.158 puestos del Estado que superan la suma de 5 millones de colones de salario mensual, llegando hasta 20 y más millones. Eso sí sería sumamente interesante de conocer cómo lo abordaría si cree que el déficit fiscal anda por este lado.

Sétimo: La ANEP seguirá insistiendo por todas las vías a su alcance y acudiendo a todas las formas de lucha posibles, en la modificación legislativa del artículo 12 de la ley salarial médica para que se materialice el “desenganche” de la estructura salarial del Poder Ejecutivo (Gobierno Central), con relación a la estructura salarial del gremio de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que estas personas profesionales médicas pierdan un solo centavo de sus salarios ni un solo céntimo de sus pluses, por la eventual reforma de ley al citado artículo.

Octavo: Aunque presuntamente y según informaciones de prensa, y ante la propia desautorización presidencial que se habría manifestado, el Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, habría “renunciado” y se habría “desdicho” de su nefasta idea de ponerle impuestos al Aguinaldo y al Salario Escolar; la ANEP (que fue la primera organización sindical que le salió al paso a tan perversa iniciativa), reitera su más rotunda oposición y el más fiero rechazo a estas “ideas locas”, sin descartar ninguna forma de lucha para que desaparezcan radicalmente de una vez y para siempre.

Noveno: Hacemos un llamado vehemente a todas nuestras bases dirigentes del sector Público y a todas las organizaciones amigas y fraternas que valoran y respetan nuestro esfuerzo de lucha para que nos aprestemos a la lucha abierta, en las calles, contra estas iniciativas contrarias a la justicia social, a la equidad, a la movilidad social y en contra de derechos laborales consolidados, legal y constitucionalmente. Especialmente, hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras anepistas y a la clase trabajadora asalariada, del sector Público, para que nos movilicemos de las más diferentes formas y en los momentos adecuados, en atención a llamamientos organizacionales compartidos y sin sectarismos violentistas.

Décimo: La ANEP reitera su convicción de que uno de los más grandes desafíos, de carácter estratégico y con visión de futuro, que enfrenta la sociedad costarricense de hoy y, especialmente, su clase trabajadora, es el impulso activo para la materialización concreta de profundas transformaciones en el injusto sistema tributario costarricense y su perversa orientación regresiva; lo que impide una más justa distribución de los beneficios del crecimiento económico y la implementación de nuevas políticas públicas hacia la integración y la cohesión sociales. Este desafío, de profundo carácter antineoliberal, implica una conjunción de esfuerzos y de fuerzas cívico-políticas que jamás se pensó que fuese necesario; y, con humildad, la ANEP está lista para dar su aporte.

San José, domingo 17 de febrero de 2013.

Junta Directiva Nacional (JDN)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras

Se revitaliza el proceso de las 10 medidas para salvar la Caja


En el artículo puede usted bajar el documento final de las 10 Medidas para Empezar a Salvar la CCSS.

*Manifiesto por la Seguridad Social
19 de febrero del 2013*

Nuestro Seguro social, la “Caja”, se basa en dos pilares fundamentales: La solidaridad, incluida la financiera, y la universalidad de los servicios. Estos son bases esenciales de nuestro modelo solidario de seguridad social y es lo que nos ha permitido tener mejores resultados en salud que países mucho más ricos y poderosos.
Estos principios implican que todas las personas debemos contribuir a una “olla común” con la finalidad de que esta nos asegure una pensión digna y atienda nuestra salud, sin importar nuestra clase social, ubicación geográfica, sin discriminación de ningún tipo y sin que se nos limite el acceso a todo lo que requiramos independiente de nuestro expediente de salud familiar.

¿Hacia dónde nos llevan? De un seguro solidario a tiempos de espera y exclusión de servicios

Más de sesenta años de alimentar esta “olla común” ha generado un capital social y económico que es sumamente apetecido para quienes quieren transformar nuestra salud y nuestras pensiones en un negocio.

¿Cómo lograr que la ciudadanía acepte que sean los operadores financieros privados y los consorcios de medicina privada los que administren el fondo de pensiones y atiendan privadamente nuestra salud? La población costarricense se opone masivamente a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Para lidiar con esta oposición se encuentra en marcha una estrategia que sistemáticamente deteriora el funcionamiento y la imagen de la institución. El objetivo es que la Caja siga recaudando fondos públicos y que proveedores privados lucren con la enfermedad. Y lo que es realmente terrible para la población, es que ese negocio con la salud se hará a costa de incluir tiempos de espera para acceder a los servicios y de excluir enfermedades que se atienden.

En ese contexto, la incapacidad institucional para resolver las largas filas y listas de espera; la complicidad de las gerencias y sucesivas juntas directivas con la competencia pseudo privada subsidiada por la seguridad social; la complicidad de las autoridades con el tiempo pagado por la seguridad social que profesionales de ciencias médicas dedican a sus consultorios privados; o, incluso el presunto “maquillaje” de cifras en los términos que ya han sido denunciados ante el Ministerio Público, son tan solo algunas expresiones de esa estrategia.

La crisis del Seguro de Salud se manifiesta en lo financiero, pero se origina en serios problemas de gestión, a su vez originados en intereses políticos de corto plazo y en manejos gremiales corporativos que enfrenta a la población asegurada con un pequeño grupo de profesionales que solo vela por sus propios intereses. Esta realidad perjudica la equidad y la oportunidad de los servicios que recibe la población asegurada.

Los problemas de la Caja se originan en tres tipos de conflictos de interés de cuya resolución depende el futuro de la seguridad social:

1. El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que la jerarquía institucional le perdone deudas al Estado o no se utilicen todos los instrumentos legales para impedir la morosidad del Estado con la Caja; o que se haya contratado más de 10 mil personas, la mayoría en cargos administrativos a nivel central.

2. El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo.

3. El conflicto existente entre el interés púbico y el interés gremial. Algunos de los gremios de la Caja están actualmente defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para todos, defienden que una pequeña élite de profesionales en ciencias médicas ganen más de 10 millones de colones al mes. Esto se hace mediante abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y disponibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y que no guardan relación con las listas de espera que son verdaderamente uno de los talones de Aquiles del sistema.

Estas jornadas extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación de segundos y terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la mayoría de los centros de atención de la Caja abiertos las 24 horas logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización de los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes que releven a la fuerza de trabajo actual.
Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas, deben ser abordados con transparencia y objetividad. De ello depende que sobreviva y se recupere el modelo de salud universal y solidario que hemos disfrutado.

Acuerdos sociales para rescatar la seguridad social

Desde diversos sectores sociales, ciudadanos y políticos entre otros, se han puesto sobre la mesa múltiples propuestas para atender esos conflictos de interés, y corregir los graves problemas que aquejan a la Caja Costarricense del Seguro Social.

En soledad, las autoridades de la Caja no podrán tomar las medidas que se requieren para enfrentar esos problemas, ya que muchas de estas medidas implican enfrentar intereses y grupos sumamente poderosos e interesados en la privatización, tanto de los fondos de pensión como de la prestación de servicios médicos, olvidando por supuesto la atención integral de salud y la medicina preventiva. Es necesario e imprescindible que las acciones emprendidas en defensa de la seguridad social sean respaldadas por la ciudadanía organizada, sin este respaldo y la correspondiente articulación de acciones no vemos posible enfrentar intereses tan poderosos que no descansan en su afán privatizador.

En este momento es urgente un debate nacional con participación social efectiva desde las regiones, por medio de mesas regionales, que tenga como objetivo fortalecer observatorios populares permanentes de los servicios de salud, que incorporen a las fuerzas sociales desde lo local-regional y se alimente una mesa nacional para determinar democráticamente el fortalecimiento del modelo solidario y universal de salud de Costa Rica.

Proceso este que debe permitir revisar las falencias actuales que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social, considerando en forma comprensiva e integral, los diversos factores internos y externos que afectan su funcionamiento. Sólo con grandes acuerdos sociales se logrará el mejoramiento sustancial de los servicios de salud pública que brinda la Caja a los habitantes de Costa Rica, y se la rescatará de quienes quieren quedarse con el lucrativo negocio de la enfermedad, lo cual impone también volver la mirada hacia un enfoque preventivo pensado y reconstruido laboral y socialmente desde los barrios y los pueblos, ruta que sin temor a equivocarnos es menos onerosa para el sistema como tal.

Este debate nacional que debe desarrollarse bajo un marco de participación democrática desde lo local-regional debe estar orientado hacia la búsqueda de un PACTO SOCIAL POR EL FORTALECMIENTO Y DEFENSA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y debe sin lugar a dudas tener como marco los dos pilares de la seguridad social: solidaridad y universalidad. Se trata de recuperar y fortalecer a la Caja como institución que garantiza el derecho a la salud del pueblo costarricense. Ese compromiso debe estar por encima de intereses gremiales o corporativos como también por encima de banderas partidistas.

MEDIDAS URGENTES PARA RESCATAR A LA CAJA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ya en el documento denominado 10 medidas para empezar a ordenar la CCSS, se planteaban medidas urgentes que deben ser adoptadas a la brevedad. Otros informes, como los dictámenes legislativos de mayoría y minoría, así como el informe de la denominada comisión de notables, así como diversas propuestas de organizaciones sindicales, sociales y de la sociedad civil, representan un caudal de pensamiento e iniciativas que deben ser puestas sobre la mesa. Muchas de ellas son contradictorias entre sí, pero creemos firmemente que existen amplias áreas de coincidencia entre muchas de esas iniciativas.

Las medidas para abordar estos problemas son múltiples y requieren de una visión integral del problema. Además, ninguna de las medidas que se adopten resolverá por sí misma una problemática por definición compleja. Sin embargo, debemos identificar medidas urgentes que se requieren poner en marcha para “ordenar la Caja”, y para enfrentar y eliminar los tres conflictos antes indicados.

Dentro de estas medidas, es nuestra firme convicción que debemos incluir al menos las siguientes:

1. Implementación del expediente electrónico en un plazo de 6 meses a nivel nacional.

2. Transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas

3. Fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de los horarios de todo el personal de la Caja, en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas, con un énfasis de control real, efectivo y prioritario en lo que a extras, guardias, disponibilidades se refiere ya que estos rubros son onerosos para el sistema y no guardan relación con la atención que el pueblo trabajador merece. Modalidades de trabajo que deben irse eliminando a partir de implementar lo referido en el punto siguiente.

4. Disminuir el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la oportunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24 horas.

5. Desenganchar los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la fijación salarial del resto del sector público.

6. Establecer gradualmente y conforme se desarrolle un agresivo programa de formación de nuevos especialistas, la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de algunas ramas de profesionales en ciencias médicas

7. Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención

8. Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras

9. Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta para eliminar la contratación de onerosos servicios privados

10. Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la Caja y sus deudas, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y eliminar los portillos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de redes de empresas y personas jurídicas.

Insistimos que estas son medidas urgentes que deben ser ejecutadas, pero no son las únicas.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTAS MEDIDAS

Tanto el Gobierno de La República, como las diversas fracciones legislativas, están en la obligación de impulsar las iniciativas de ley que sean necesarias para hacer realidad estas medidas y otras que inicien, finalmente, el rescate y fortalecimiento de nuestra seguridad social.

La Junta Directiva de la Caja debe, en un plazo de 6 meses, presentar ante la ciudadanía un plan estratégico de acciones concretas en defensa del sistema solidario y universal que incorpore acciones específicas, con plazos claros y con capacidad de ser medibles y verificables por la ciudadanía.

La discusión, adopción y ejecución de estas y otras medidas, deben realizarse en un proceso transparente y con activa participación ciudadana que acompañe, supervise y enriquezca la toma de decisiones urgentes e inmediatas para rescatar y fortalecer a la Caja y a nuestro sistema solidario y universal de seguridad social. Es por ello que la Junta Directiva de la Caja y el Gobierno de la República deben articular un proceso que permita a diversas organizaciones sociales y ciudadanas, participar en la deliberación colectiva y definan indicadores medibles de cumplimiento conjuntamente con la jerarquía y las gerencias institucionales. Es indispensable que la población usuaria tenga voz y que su opinión sea tenida en cuenta y respetada.

19 de febrero del 2013

Iglesia Luterana Costarricense
ILCO

Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
UPIAV.

Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
UPANACIONAL

Cooperativa Agrícola, Industrial y de Servicios Múltiples El General
COOPEAGRI

Cooperativa de Caficultores de Tarrazú
COOPETARRAZÚ

Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos
COOPESANTOS R.L.

Asociación Regional de Salud Comunitaria de San Ramón
ARSC
Sindicato Nacional de Enfermería
SINAE

Central Social Juanito Mora Porras
CSJMP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Consorcio de Gestión de la Economía Social
CONGES

En los documentos adjuntos encontrarán el manifiesto de la actividad.

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