¡El Juicio lo ganó la ANEP y punto!

Histórica sentencia judicial, ya en firme, sobre pago de Disponibilidad. ANEP reafirma su compromiso con el bienestar sociolaboral de la Policía Penitenciaria. Cuidado con elementos inescrupulosos, falsos abogados sin título, oportunistas con ropaje sindical que pretenden lucrar con esta histórica sentencia judicial ganada por la ANEP.

El compañero trabajador de la Policía Penitenciaria, Gerardo Cascante Vargas, con 26 años de laborar para la institución, dio un paso al frente y contra viento y marea, de la mano de la asesoría jurídica de la ANEP, logró el reconocimiento legal del pago de todos los llamados a Disponibilidad que él desempeñó, desde el año 2001 y que él pudo demostrar que las laboró, aportando la certificación oficial que así lo acreditó; pues él fue llamado a atender situaciones en la semanas en que estaba libre, porque si a un policía penitenciario le convocan en su tiempo libre a atender situaciones de cualquier naturaleza, eso es horas extra.

La Disponibilidad es la obligación de todo policía penitenciario por estar expectante, disponible para ser llamado en cualquier momento, porque su compromiso es de ser un policía de 24 horas, casi sin tener derecho a una privada.

Esta histórica sentencia demostró que una cosa muy distinta es el tiempo extra, otra, radicalmente diferente, es la Disponibilidad. Incluso, aún dentro del penal, si el tiempo de descanso sufre interrupciones, no se puede alegar disponibilidad, eso es tiempo extra.

El Estado, por tanto, deberá pagarle al citado compañero (quien además es el actual Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria), un monto por tal concepto que está por ser determinado; pero que, de manera histórica, abre paso para que todos los compañeros y para que todas las compañeras de la Policía Penitenciaria puedan hacer lo mismo que él hizo: demandar pago por Disponibilidad, por todas las veces de todos estos años en que han tenido que ejercerla; siempre y cuando logren la debida acreditación para entablar las correspondiente demanda, es decir, presentar la prueba requerida para abrir el proceso legal.

La ANEP, sin costo alguno, llevará los casos de quienes siendo afiliados o afiliadas a la organización, así nos lo pidan, siguiendo las instrucciones de rigor. ANEP no cobrará ni un centavo adicional por llevar estos juicios. Con el pago de la cuota de afiliación es suficiente.

ANEP alerta contra la presencia de elementos sin escrúpulos, ajenos a la cultura y a la vida laboral institucional y sindical de la Policía Penitenciaria, que pretenden lucrar, hacer plata, “pirateando” el gran esfuerzo de pensamiento jurídico-intelectual que hizo la ANEP para convencer a los jueces de que la Disponibilidad no es un pago por laborar horas extra.

ANEP alerta de que algunos de esos individuos supuestamente son abogados pero no acreditan ningún grado profesional ante el Colegio de Abogados de Costa Rica. ANEP alerta de que este tipo de gentes, carentes de principios, tienen una investidura sindical bastante cuestionada y, lo que es peor, se burlaron de la justa lucha de la Policía Penitenciaria, dada de la mano de la ANEP, a favor de que se pagara la deuda de homologación del año 2009, que, como bien sabemos, terminó con un rotundo triunfo al lograrse una ley de la República. Todo ello lo logró la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Si usted, compañero o compañera de la Policía Penitenciaria, desea reclamar el pago de Disponibilidad de ocasiones anteriores, diríjase a la oficina de seguridad de su centro penal (y también a los otros donde estuvo laborando anteriormente), para que le certifiquen todos los días que usted ha brindado Disponibilidad, desde que usted empezó a laborar, incluso. Esta certificación es vital para abrir el proceso judicial.

Con la certificación en mano, busque al compañero o a la compañera que ejerce como Delegado o Delegada Sindical de la ANEP-Policía Penitenciaria, pídale el formulario de “Otorgamiento de Poder Legal”, poniendo los datos que se le piden y firmándolo como lo hace en la cédula. Llene tres formularios: uno se lo dejará usted, otro la persona delegada y el tercero será entregado a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP para empezar el proceso.

ANEP buscará sentarse con las autoridades del máximo nivel de cartera de Justicia y Gracia para proponerles firmar un acuerdo de forma tal que se regule el pago de la Disponibilidad de ahora en adelante. A la vez, intentar llegar a acuerdos para saldar cada una de las deudas individuales y tratar de evitar costosos procesos legales que afectarán las finanzas institucionales y las del Poder Judicial mismo. Pero como esto no es seguro, es mejor empezar a abrir los procesos legales.

Espere en próximos días la reunión de su centro de trabajo. Hablaremos directamente con usted al respecto para mejorar la información y aclarar dudas.

Recuerde que como Policía Penitenciario tenemos dos luchas más que dar en el corto plazo:

PRIMERA: Que el Gobierno nos aplique el incremento salarial extraordinario, de 15 mil colones en promedio, que está recibiendo en estos momentos la Fuerza Pública (homologación).

SEGUNDA: Que se modifique el artículo 12 de la ley salarial médica para que nuestros próximos reajustes salariales, generales o particulares, se “desenganchen” de la estructura salarial de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que por ello estas personas pierdan ni un solo centavo de sus actuales salariales y ni un solo centavo de sus correspondientes pluses.

Plazo de 15 días puede ser una trampa

Ausencia del Ministro de Hacienda en debate fundamenta nuestra duda. El desenganche de la ley salarial médica es fundamental.

Salario Justo

Tal y como habíamos anunciado, ni la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ni la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), acudimos a la reunión convocada por el Gobierno de la República, en el día de ayer, jueves 21 de febrero de 2013, para discutir con las autoridades del Poder Ejecutivo su “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”.

Llama la atención que en la misma no estuviera el Ministro de Hacienda, gran abanderado de tal iniciativa y, precisamente, quien ha planteado el impuesto al aguinaldo y al salario escolar. Que sepamos, los dos colegas del citado jerarca, los señores ministros de Trabajo y de Planificación, quienes sí estaban en dicha reunión, no oficializaron a nombre del Gobierno desmentido alguno o renuncia total de parte del mismo a considerar la barbaridad de semejante planteamiento contra el aguinaldo y contra el salario escolar.

Tal y como reiteradamente lo hemos manifestado, una y otra vez, con las organizaciones que representamos, ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), no cuenten para hablar ni de salario único ni de reducciones salariales de ninguna especie, como los denominados pluses.

Por eso un plazo de quince días para volver a hablar con el Gobierno del tema y aunque tal anteproyecto de ley no “esté en mesa”, puede ser tramposo y riesgoso para las personas trabajadoras asalariadas del Gobierno Central (Poder Ejecutivo), con los salarios más bajos de toda la estructura salarial estatal.

Decimos esto porque sin modificar el artículo 12 de la ley de incentivos médicos, para “desengancharla” de su vinculación con la estructura salarial de puestos del Gobierno Central, no habrá viabilidad alguna de considerar una mejora estructural ni en los salarios base de estos puestos, ni en sus correspondientes porcentajes de anualidad, ni en otros pluses como los de la policía (riesgos Policial, de Seguridad, Disponibilidad).

Las organizaciones que representamos, las cuales tenemos un escaño en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, y en la próxima reunión de la misma con el Gobierno, plantearemos:

PRIMERO: Que el Poder Ejecutivo envíe al actual período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley para modificar el artículo 12 de la ley salarial médica, de forma tal que se dé el “desenganche” de ésta de la estructura de puestos del Gobierno Central, a efectos de qué (entre otros aspectos de justicia y equidad salariales en el sector Público).

SEGUNDO: Podamos discutir modificar el actual porcentaje de anualidad (antigüedad en el cargo), de dichos puestos que está en un 1.94%, de modo tal que haya un tránsito hacia el más alto que existe en la Administración Pública: precisamente el del personal de ciencias médicas que está en un 5.5%.

TERCERO: Podamos discutir sobre cómo elevar el actual tope de cesantía de dichos puestos que está en ocho años; en el marco de que tal tope ha sido roto por diversas formas y considerando además, que para efectos de Gobierno Central y cuando se habla de reestructuración vía Servicio Civil, no existe límite de años alguno para reconocer cesantía.

CUARTO: Podamos discutir sobre la elevación paulatina de los salarios base de esos puestos de Gobierno Central, precisamente los que no pueden subir en la dimensión real que debieran, porque tienen la “desgracia” de estar atados a la fórmula salarial médica del artículo 12 de la mencionada legislación.

Personas con discapacidad otra vez a la calle

Hoy lunes 25 de febrero estarán reuniéndose en el Parque Central de San José para marchar, la mayoría en silla de ruedas, hacia la Asamblea Legislativa.

Marcha Discapacidad Febrero

Este día lunes 25 de febrero, un importante grupo de compatriotas, personas con discapacidad, se reunirán en el Parque Central de esta ciudad capital, a las 9 de la mañana, sitio desde el cual marcharán, en sillas de ruedas principalmente, hacia la Asamblea Legislativa.

La actividad está propiciada por el grupo “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO; lográndose que el “Movimiento Mefi-Boset” (el nuevo agrupamiento de personas con discapacidad), se una al evento. Asimismo, ambas entidades tienen el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Según los representantes del “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO, “los proyectos de ley presentados en el congreso, referentes a la población con discapacidad no han sido consultados adecuadamente a la misma. Esto como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”. Se trata de la ley de la República No. 8661.

Esta razón motiva la actividad de este lunes 25 de febrero. “Asimismo, se desea resaltar que la consulta actualmente se realiza en un plazo de ocho días hábiles. Esto en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a expresar su voluntad especialmente si requieren de apoyos técnicos tales como formatos de audio, LESCO, braille, entre otros”, según lo indican los impulsores de esta marcha que, como se indica, cuentan con el respaldo de la ANEP.

Finalmente, agregan que “Así se hace patente la indiferencia de la que, por década, ha sido objeto este grupo. Con ello se invisibiliza a personas que, de contar con las herramientas adecuadas, podrían ejercer su derecho a expresar eficazmente su criterio en temas que les competen”.

El Movimiento de Vida Independiente y el Proyecto MORPHO, así como el Movimiento Mefi-Boset y la propia ANEP, tienen el pleno convencimiento de que esta acción, la anterior y otras que vendrán, marchando en la calle, han de servir como herramienta para lograr los cambios sociales que necesita la población con discapacidad y que son urgentes en la materia.

ANEP indica que el ciudadano don Carlos Barrantes Ulloa puede ampliar sobre el particular, localizándosele en los siguientes números celulares: 84 01 80 41 y 87 66 71 08.

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