ANEP-AyA: rezagos de la institución también exigen revisar la injerencia política y la conducción gerencial

• Seccional advierte que los problemas de infraestructura, ejecución de proyectos, atención de ASADAS y sistemas de información no pueden analizarse sin revisar años de inestabilidad en puestos estratégicos.

• Organización sindical plantea fortalecer la profesionalización de la alta dirección, preservar la memoria institucional y convertir la gestión del agua en una verdadera política de Estado.

La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) considera necesario ampliar el análisis sobre los desafíos que actualmente enfrenta la institución, luego de las recientes declaraciones públicas de su Presidencia Ejecutiva relacionadas con infraestructura, ejecución de proyectos, inversión, sistemas de información, atención de las ASADAS y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

Para ANEP en AyA, reconocer públicamente estas dificultades constituye un paso importante. Sin embargo, los rezagos institucionales no surgieron de un día para otro y tampoco pueden explicarse únicamente a partir de problemas operativos o administrativos aislados.

La organización sindical sostiene que también debe revisarse con seriedad la forma en que el AyA ha sido conducido durante diferentes administraciones, particularmente la constante rotación en puestos superiores, la falta de continuidad en decisiones estratégicas y la influencia que los ciclos políticos han ejercido históricamente sobre cargos gerenciales y de dirección.

ASADAS requieren apoyo efectivo, no solo diagnósticos

La propia Presidencia Ejecutiva reconoció públicamente que a la institución le ha faltado un apoyo real a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).

Para ANEP, esa afirmación debe traducirse ahora en acciones concretas.

Las ASADAS cumplen una función esencial en el abastecimiento de agua potable de numerosas comunidades del país y requieren recursos, asistencia técnica, capacitación, acompañamiento institucional, planificación y capacidad efectiva de respuesta.

El reconocimiento de la deuda histórica existente con estos sistemas comunales debe acompañarse de metas, responsables, recursos y mecanismos de seguimiento que permitan medir resultados.

Los proyectos deben convertirse en obras terminadas

ANEP-AyA también considera necesario evaluar la gestión institucional más allá del número de proyectos incorporados a las carteras de inversión, los recursos presupuestados o los créditos obtenidos.

El verdadero resultado debe medirse en obras terminadas, sistemas funcionando, comunidades abastecidas y servicios de agua potable y saneamiento mejorados.

Los proyectos estratégicos requieren planificación rigurosa, seguimiento permanente, continuidad administrativa y capacidad para detectar y resolver oportunamente los obstáculos técnicos, financieros, contractuales o administrativos que retrasan su ejecución.

De igual manera, una adecuada ejecución presupuestaria no puede limitarse al cumplimiento de un porcentaje.

Cada colón disponible debe transformarse oportunamente en infraestructura, mantenimiento, equipos, tecnología, estudios y soluciones concretas para las comunidades.

Inestabilidad gerencial e injerencia política también han afectado al AyA

Para la Seccional ANEP-AyA, cualquier diagnóstico sobre la situación institucional quedaría incompleto si se omite analizar la inestabilidad que durante años ha caracterizado los niveles superiores de dirección.

Los sucesivos cambios en la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, subgerencias y otros puestos estratégicos adquieren particular relevancia en una institución cuyos proyectos pueden requerir años de estudios, diseños, permisos, financiamiento, contratación y construcción.

Los gobiernos cambian cada cuatro años. Los acueductos no.

Los proyectos de infraestructura hídrica tampoco responden a períodos presidenciales y muchos necesariamente deben atravesar varias administraciones antes de concluir.

Por ello, Costa Rica debe diferenciar claramente entre la legítima orientación de política pública que corresponde a cada gobierno y la conducción técnica, profesional y especializada que necesita una institución autónoma como el AyA.

Cada cambio de autoridad no debería implicar nuevas curvas de aprendizaje, cambios constantes de prioridades ni pérdida de continuidad en proyectos estratégicos.

Cuando existe discontinuidad, las consecuencias las pagan las comunidades que esperan soluciones, las ASADAS que requieren acompañamiento, los usuarios y también las personas trabajadoras encargadas de mantener funcionando la institución.

Alta dirección requiere idoneidad y experiencia comprobada

ANEP considera necesario revisar objetivamente los perfiles y mecanismos de selección utilizados durante los últimos gobiernos para ocupar la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, subgerencias y demás puestos estratégicos.

No se trata de sostener que únicamente funcionarios de carrera puedan asumir responsabilidades de dirección ni de cuestionar a una persona únicamente por provenir de fuera de la institución.

El criterio fundamental debe ser la idoneidad.

Dirigir una institución responsable del abastecimiento de agua potable y saneamiento del país requiere experiencia gerencial, conocimientos técnicos, capacidad para administrar proyectos complejos y dominio de áreas como contratación pública, presupuesto, planificación, regulación, infraestructura, gestión del recurso hídrico y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

Especial importancia debe otorgarse al conocimiento del sector de agua potable y saneamiento y a la capacidad para comprender las particularidades técnicas y operativas del AyA.

Los cargos de alta dirección no pueden convertirse en espacios de aprendizaje mediante prueba y error.

La memoria institucional debe protegerse

Uno de los principales activos del AyA es el conocimiento acumulado durante décadas por sus personas trabajadoras.

Ingenieros, técnicos, operadores, profesionales, administrativos y trabajadores de campo conocen los sistemas, fuentes de abastecimiento, comunidades, proyectos, dificultades operativas y antecedentes de numerosas decisiones institucionales.

Ese conocimiento debe ser aprovechado y preservado.

Una institución técnica de la importancia del AyA no puede depender exclusivamente de quienes llegan temporalmente a dirigirla. Su fortaleza debe descansar en estructuras profesionales capaces de garantizar continuidad independientemente del gobierno de turno.

Trabajadores no deben cargar con errores de conducción

ANEP rechaza cualquier intento de utilizar los problemas históricos del AyA para desacreditar a su recurso humano.

Son las personas trabajadoras quienes diariamente atienden averías, operan plantas, reparan infraestructura, realizan estudios, administran contratos, desarrollan proyectos, trabajan con las comunidades y garantizan la continuidad de un servicio público esencial.

Los problemas acumulados de planificación, inversión, contratación, ejecución y conducción gerencial no pueden trasladarse de forma simplista a quienes sostienen la operación cotidiana de la institución.

Las responsabilidades deben determinarse en los niveles donde se toman las decisiones.

Sistemas de información confiables son indispensables

Las necesidades planteadas en materia de sistemas de información también deben atenderse con prioridad.

Una institución que administra infraestructura distribuida por todo el territorio nacional, grandes inversiones, miles de proyectos y una enorme cantidad de usuarios requiere plataformas modernas, integradas y confiables.

La calidad de la información resulta esencial para planificar, presupuestar, ejecutar y evaluar adecuadamente.

Sin información confiable no existe planificación eficiente y sin planificación difícilmente puede existir una ejecución eficiente.

Investigación sobre Pavas debe ser rigurosa

Respecto al incendio ocurrido en Pavas y las circunstancias relacionadas con el abastecimiento de agua durante la emergencia, ANEP considera indispensable que cualquier investigación permita establecer objetivamente qué ocurrió, determinar responsabilidades cuando corresponda e identificar las medidas correctivas necesarias.

El abastecimiento de agua y el adecuado funcionamiento de la infraestructura vinculada con la atención de emergencias también constituyen asuntos de seguridad pública.

Agua como política de Estado

Para ANEP-AyA, la institución debe avanzar hacia un modelo que fortalezca la profesionalización de sus niveles técnicos y gerenciales, con perfiles rigurosos, mecanismos transparentes de selección, experiencia comprobada, estabilidad razonable, evaluación de competencias y efectiva rendición de cuentas.

La experiencia técnica no puede quedar subordinada a criterios de confianza política.

Los proyectos estratégicos tampoco deberían cambiar de rumbo con cada cambio de autoridad.

El agua debe administrarse como una política de Estado y no como una política de gobierno.

La organización sindical considera positivo que los problemas sean reconocidos públicamente, pero advierte que las comunidades llevan años esperando soluciones.

El reto ahora es pasar del diagnóstico a los resultados mediante prioridades claras, cronogramas verificables, responsables definidos, seguimiento de proyectos, adecuada ejecución de recursos y rendición de cuentas.

Defender al AyA no significa negar sus problemas.

Significa reconocerlos, determinar sus causas, corregir errores y fortalecer su capacidad institucional.

Significa defender el conocimiento y la labor de sus personas trabajadoras.

Significa exigir responsabilidad a quienes toman decisiones.

Significa preservar la memoria institucional y reducir la improvisación y la injerencia política en la conducción técnica.

Costa Rica no necesita debilitar al AyA. Necesita una institución pública sólida, moderna, eficiente, profesional y técnicamente fortalecida.

Los gobiernos pasan. Las autoridades pasan. La responsabilidad de garantizar agua potable y saneamiento permanece.

EL AyA NO PUEDE ADMINISTRARSE MEDIANTE PRUEBA Y ERROR.

EL AGUA DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO, NO UNA POLÍTICA DE GOBIERNO.

Seccional ANEP en AyA
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Posición de la Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración ante la investigación judicial que involucra a una oficial de la PPM

Ante la investigación judicial que involucra a una oficial de la Policía Profesional de Migración, la Seccional ANEP-PPM manifiesta lo siguiente:

Como organización sindical respetuosa del Estado de Derecho, reiteramos nuestro absoluto respeto por la independencia de las autoridades judiciales y por el debido proceso, así como por el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a toda persona mientras no exista una sentencia firme.

La determinación de los hechos y de las eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.

En consecuencia, la Seccional no emitirá juicios anticipados sobre un proceso que se encuentra en investigación.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética en el servicio público y la lucha contra toda forma de corrupción.

En caso de comprobarse responsabilidades individuales, estas deberán ser sancionadas conforme a la legislación vigente.

También consideramos importante señalar que una investigación sobre una persona no puede utilizarse para desacreditar a toda la Policía Profesional de Migración.

La abrumadora mayoría de sus oficiales desempeñan diariamente sus funciones con honestidad, profesionalismo y un profundo compromiso con la seguridad nacional, muchas veces en condiciones de limitación de personal, recursos y tecnología.

Finalmente, este caso también debe servir para fortalecer institucionalmente a la Policía Profesional de Migración, mediante mayores controles, mejor tecnología, procesos de supervisión, capacitación especializada y la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional.

La Seccional ANEP-PPM mantendrá una posición responsable, respetuosa del proceso judicial y firme en la defensa de una institución fortalecida, transparente y al servicio de Costa Rica.

ANEP-AyA refuerza cuestionamientos ante nombramientos en Acueductos y Alcantarillados

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP manifiesta su profunda preocupación por los recientes nombramientos realizados en puestos de alta dirección dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cuales continúan generando serias dudas sobre los criterios utilizados para conformar la estructura gerencial de la institución.

Resulta imposible ignorar que los funcionarios públicos recientemente designados provienen directamente de otras instituciones del actual aparato gubernamental y mantienen vínculos laborales previos con quienes hoy ocupan posiciones de poder dentro del AyA.

Tal es el caso de Roberto Alvarado Astúa, quien recientemente fungía como Director Nacional de DINADECO y anteriormente laboró en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y que ahora asume una de las posiciones de mayor relevancia administrativa y financiera dentro del Instituto.

De igual forma, María Morera Calderón laboró en la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), dependencia donde también desempeñó funciones la actual Presidenta Ejecutiva del AyA. Posteriormente fue incorporada a la institución y ascendida a una posición de alta jerarquía.

Desde ANEP consideramos que la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles fueron los criterios técnicos, profesionales y de experiencia que justificaron estos nombramientos, así como los estudios de atestados y análisis realizados para determinar que las personas designadas cumplen con los requisitos establecidos para cargos de tan alta responsabilidad e impacto en los resultados institucionales.

Más preocupante aún resulta la ausencia de información pública suficiente sobre algunos de estos perfiles, particularmente en lo referente al puesto de Subgerencia General, situación que impide a la ciudadanía verificar con transparencia la idoneidad de quienes hoy administran recursos públicos millonarios y toman decisiones estratégicas para el país.

Surge entonces una interrogante fundamental: ¿cuál es la verdadera necesidad institucional que justifica el fortalecimiento de nuevas posiciones de subgerencia y alta dirección mientras persisten múltiples necesidades operativas, técnicas y de infraestructura en los sistemas de agua potable y saneamiento?

¿Se está fortaleciendo la capacidad operativa del AyA o se está fortaleciendo la burocracia institucional?

¿Existe una evaluación técnica, organizacional y financiera que demuestre que estas nuevas posiciones no generan duplicidad de funciones con gerencias, direcciones y estructuras ya existentes?

¿Puede la Junta Directiva de AYA demostrar que estos nombramientos responden a una necesidad institucional real y no al crecimiento de una estructura administrativa cada vez más pesada y costosa para la institución?

Por transparencia, corresponde a la Administración Superior y particularmente a la Junta Directiva poner a disposición de la ciudadanía los estudios técnicos, criterios de selección y análisis organizacionales que respaldan estas decisiones.

Mientras miles de usuarios enfrentan problemas de abastecimiento, infraestructura rezagada, pérdidas de agua, limitaciones presupuestarias y crecientes demandas de inversión, resulta legítimo cuestionar si el camino correcto es aumentar la estructura administrativa superior o fortalecer las áreas técnicas y operativas que impactan directamente la prestación de los servicios.

La ANEP continuará vigilante y exigirá que todos los nombramientos en el AyA respondan a principios de mérito, capacidad, experiencia comprobada, transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones públicas deben estar al servicio del interés general y no convertirse en espacios donde prevalezcan relaciones de confianza, cercanía política o redes de influencia por encima de la idoneidad profesional.

La administración de una institución estratégica para Costa Rica no puede estar rodeada de dudas ni de cuestionamientos sobre la utilización de los recursos públicos. La ciudadanía merece respuestas claras, documentos públicos, procesos transparentes y la certeza de que cada decisión adoptada responde al interés institucional y no a intereses particulares.

ANEP junto a trabajadores municipales piden respeto al Concejo Municipal de Goicoechea

La Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, junto a personal de la Policía Municipal y del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, acudieron a la sesión del Concejo Municipal de Goicoechea, celebrada el lunes 18 de mayo, para solicitar respeto al Concejo Municipal por la labor que realizan.

Sala Constitucional declara con lugar amparo contra el PANI por violar el derecho de respuesta

La ANEP solicitó información detallada sobre nombramientos cuestionados por la Auditoría Interna; sin embargo, el PANI no respondió dentro del plazo legal.

La Sala Constitucional determinó la violación al derecho de petición y pronta respuesta, y evidenció que la institución contestó únicamente tras la intervención judicial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), expediente N.° 26-010229-0007-CO, al comprobar que la institución no respondió dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con los nombramientos en propiedad cuestionados en un informe de Auditoría Interna, y que solo emitió respuesta tras la intervención de la Sala.

La gestión presentada el 4 de marzo de 2026 solicitaba información clara y detallada sobre: el estado de la investigación administrativa, la existencia de procedimientos disciplinarios, la cantidad de casos en trámite, las dependencias involucradas, los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la existencia de un informe jurídico sobre los hechos señalados.

Pese a ello, el PANI se limitó inicialmente a acusar recibo sin brindar respuesta de fondo dentro del plazo legal, lo que obligó a interponer el recurso de amparo. Posteriormente, y únicamente después de la intervención de la Sala Constitucional, la institución remitió el oficio PANI-PE-OF-804-2026, en el que indicó que conformó una comisión para analizar los casos y que el proceso se encuentra en revisión. Sin embargo, no proporcionó información concreta, resultados ni conclusiones sobre las eventuales responsabilidades, limitándose a señalar que el análisis continúa.

En su resolución, la Sala Constitucional determinó que esta conducta constituye una violación al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, señalando que la Administración Pública está obligada a responder dentro de los plazos establecidos y que la falta de respuesta oportuna es contraria al ordenamiento jurídico.

Para la ANEP, este caso evidencia una falta de transparencia en un tema de alto interés público y confirma la necesidad de recurrir a instancias constitucionales para garantizar el acceso a la información.

La organización reitera que continuará dando seguimiento a este proceso, en busca de una respuesta final clara, completa y conforme a derecho, así como la determinación de las responsabilidades que correspondan.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)