Luego de que la ANEP se reuniera con algunos diputados de la Asamblea Legislativa, entre estos la independiente Johana Obando y Jonathaa Acuña del Frente Amplio, para denunciar gaves situaciones a lo interno del PANI, es que la Comision de la Juventud, Niñez y Adolescenciad ordenó la apertura de una investigación.
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Comunicado seccional ANEP–Policía Profesional de Migración: sobre el plan piloto «Bus Seguro» anunciado por el Gobierno.
La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (PPM), expresa su preocupación ante el reciente anuncio realizado por el Gobierno en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en relación con el plan piloto que exonerará del pago de pasajes en buses a los Oficiales de la Fuerza Pública.
Este convenio, denominado informalmente como «Bus Seguro», establece que los oficiales deberán portar su uniforme completo y el carné de identificación policial para acceder al beneficio, con el argumento de que su presencia aumentará la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte público. No obstante, la medida excluye a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, pese a que estos también desempeñan funciones esenciales de seguridad y forman parte del cuerpo policial del país.
Según palabras del propio Ministro de Seguridad, esta es «una primera etapa» y «luego vendrán las otras fuerzas policiales». Sin embargo, no se ha proporcionado una fecha concreta ni compromisos verificables respecto a la inclusión de los demás cuerpos policiales, lo cual genera incertidumbre y malestar entre nuestros afiliados.
Inconvenientes del uso del uniforme en buses:
ANEP-PPM considera necesario advertir sobre las siguientes inconveniencias y riesgos de viajar uniformado en el transporte público:
1. Exposición innecesaria: Portar el uniforme en lugares públicos puede convertir a los oficiales en blanco de agresiones, asaltos o represalias, especialmente cuando no se encuentran en servicio activo.
2. Confusión de roles: Aunque se afirma que los oficiales serán “pasajeros más”, el hecho de portar el uniforme crea expectativas sociales y legales de que deben intervenir ante cualquier incidente, lo cual podría generar consecuencias disciplinarias si no actúan o si lo hacen sin los recursos adecuados.
3. Riesgos operativos y legales: Algunos oficiales deben dejar sus armas en las armerías al finalizar su turno. ¿Qué ocurre si un incidente requiere respuesta armada? Además, no se ha informado sobre actualizaciones en las pólizas del INS que respalden al oficial en caso de eventualidades mientras porta el uniforme sin portar chaleco antibalas, lo cual actualmente es una condición de cobertura en ciertas situaciones.
4. Carga simbólica y funcional: Decir que esto no significa “más trabajo” para el oficial no se ajusta a la realidad. Estar uniformado conlleva una obligación tácita y pública de ejercer autoridad, aún fuera del horario laboral.
Reivindicaciones Justas:
Reconocemos que cualquier medida que procure mejorar las condiciones de vida de los policías es bienvenida, pero insistimos en que el enfoque debe ser integral, justo y equitativo.
Lo que realmente urge es descongelar los salarios policiales y aplicar los aumentos que por ley corresponden, reconociendo de forma concreta el esfuerzo y sacrificio diario de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional.
Exigimos claridad, equidad y respeto para todos los cuerpos policiales, sin distinciones arbitrarias.
Atentamente,
Gerardo Mora Ordoñez
Directivo Nacional de ANEP
Presidente Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración
Auditoría Interna del MAG confirma denuncias de la ANEP sobre falta de transparencia y escasos controles en nombramientos
–La Seccional ANEP-MAG ha venido denunciado una posible red de cuido en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
–Integrantes de la Seccional sufren acoso laboral tras las denuncias realizadas.
La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detectó una serie de falencias y escasos controles en el proceso que sigue la Unidad de Gestión de Empleo (UGE) de la institución para el nombramiento de personal, luego de varias denuncias presentadas por la ANEP, según se desprende del informe MAG-AI-INF-002-2025, denominado: “Auditoría de cumplimiento de la Gestión de Empleo”.
Este informe se da luego de la solicitud de investigación realizada por Contraloría General de la República (CGR), ante las denuncias presentadas por la seccional ANEP-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ante una serie de anomalías en los nombramientos de personal, que incluyen falta de atestados o incluso nombramientos por consanguinidad.
Dentro de la investigación realizada por la Auditoría Interna, según indica el documento, se examinó la suficiencia, pertinencia y cumplimiento de los controles establecidos en la UGE, mediante la verificación del Sistema de Control interno, así como la actividad de determinación de riesgos. Además de la normativa interna emitida para la Unidad de Gestión de Empleo, con el fin de determinar si consideran todos los criterios para regular el proceso reclutamiento y selección de personal.
También se revisó si los movimientos de personal efectuados por la UGE, observaron el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Asimismo, se ejecutaron pruebas para validar si la gestión realizada por la UGE, se encuentra debidamente documentada y cuenta con la evidencia respectiva que permita establecer la trazabilidad del proceso de selección y reclutamiento de personal, efectuado.
Dentro de los hallazgos detectados por la Auditoría Interna del MAG, indica el informe, se encuentran; debilidades en el sistema de control interno (novato), que pueden entorpecer la consecución de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.
Así como la ausencia de una actividad de evaluación, determinación y seguimiento de riesgos, enfocado a minimizar la materialización de eventuales riesgos, y por lo tanto, velar por la consecución de los objetivos.
También detectaron carencia de normativa interna que regule la totalidad del proceso y, por lo tanto, garantice la correcta rendición de cuentas de la gestión efectuada.
A esto se suma, una ausencia de un respaldo documental (archivo) formal, reglamentado y normado que garantice la confiabilidad de la información.
Finalmente, el informe detecto una imposibilidad para establecer la trazabilidad de gestión ejecutada por la Unidad de Gestión de Empleo y, por lo tanto, impedimento para determinar la transparencia del proceso.
Los hallazgos de la Auditoría Interna del MAG, confirman las preocupaciones que han surgido por parte de la seccional.
“La misma auditoría concluye que los procedimientos por los cuales se están nombrando las personas dentro del MAG carecen de transparencia, por cuánto no hay respaldo documental de los mismos. No hay que tener dos dedos de frente para cuestionarse de por qué no se guardan los respaldos documentales o si es que se está cuadrando una red de cuido”, manifestaron desde la Seccional.
Denuncias de la Seccional
La Seccional ANEP-MAG, ha venido recibiendo una serie de denuncias referentes al procedimiento para el nombramiento en plazas interinas y ascensos en propiedad, donde se habrían realizado
“En muchos de los procesos falta transparencia, ya que no se informa a los participantes de cada concurso de los resultados y cuales han sido las causas para no tomarlos en cuenta o como mejorar para futuros concursos”, indican en la seccional.
Para los integrantes de la seccional ANEP-MAG, causa preocupación, que se publiquen concursos internos en donde los oferentes son muy reducidos o casi de una persona. Asimismo, los procedimientos para la elección de las personas que han concursado a un puesto, varían de acuerdo al lugar y no está claro, cuáles son los parámetros analizados.
Persecución tras denuncias.
Desde la ANEP, también se denuncia una persecución contra los Integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, luego de las denuncias presentadas.
“Hay compañeros y compañeras que ya han experimentado reubicaciones, así como cierto tipo de acoso y en algún momento hasta recibieron un tipo de coacción para que renunciaran a formar parte de la seccional”, denunció Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical de la ANEP.
Para el Asesor Sindical, este tipo de situaciones, son un elemento más, para seguir cuestionando; “si los nombramientos en realidad no son tan apegados a la normativa y o sí está escogiendo gente a dedo. Incluso la misma auditoria interna señala la falta de transparencia y controles en los procesos”.
Desde la ANEP ya analizan las diversas medidas, incluso legales, a tomar ante el acoso y la persecución a los integrantes de la seccional tras las denuncias.
Se está a la espera del informa total de la Auditoría Interna.
Compartimos resumen de la Auditoría Interna del MAG
ANEP interviene en complicada situación en el nombramiento de una funcionaria del PANI
Seccional en el PANI continúa denunciando anomalías dentro del PANI
ANEP junto al Frente Amplio presentan iniciativa que permita la devolución total del ROP
Esta iniciativa busca que en un plazo de dos años se le dé la totalidad del ROP a quienes se jubilaron entre el 1 enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029, pues son personas que no alcanzaron a cotizar la totalidad y su ahorro no ha crecido en cuanto a las inversiones de sus operadoras de pensiones.
Policía de Fronteras recibirá plus de alto riesgo gracias a gestión de ANEP
ANEP exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del PANI tras la muerte de un niño y la crisis institucional que dejó a 21.600 menores sin atención en 2024
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, por su evidente incapacidad para dirigir la institución y por la falta de medidas efectivas que pudieran haber prevenido la trágica muerte de un niño de 10 años, ocurrida en la zona de Los Santos.
El 24 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una pareja sospechosa de estar involucrada en la muerte de su hijo. El padre, de 72 años, es señalado como el principal sospechoso de haber causado la muerte del menor mediante asfixia mecánica, conocida comúnmente como ahorcadura. Esta tragedia pone en evidencia la grave falta de protección y seguimiento por parte de las autoridades encargadas de la niñez, lo que agrava aún más la crisis institucional que atraviesa el PANI.
Según lo indicado en el oficio PANI-OPDI-OF-0412-2024, emitido en respuesta a consultas realizadas por la ANEP, la señora Garza Sánchez no ha demostrado la capacidad para enfrentar la profunda crisis institucional que atraviesa el PANI, ni ha ofrecido soluciones eficaces ante la crítica sobrecarga laboral que padecen las personas trabajadoras de la institución. Como reflejo de esta alarmante situación, durante el año 2024 un total de 21.600 personas menores de edad no recibieron atención oportuna por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Esta cifra resulta espeluznante y pone en evidencia el colapso del sistema de protección, mientras tanto, el personal continúa laborando bajo condiciones insostenibles de sobrecarga y abandono institucional.
A pesar de la gravedad del panorama, la señora Garza Sánchez ni siquiera ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para excluir al PANI de la aplicación de la regla fiscal. Han sido más bien diputados de la oposición quienes han tomado la iniciativa de liderar estos esfuerzos legislativos, con los cuales la ANEP ya ha iniciado conversaciones, en procura de medidas concretas que permitan rescatar la operatividad del Patronato y garantizar el cumplimiento de sus fines institucionales.
Esta tragedia no es responsabilidad del personal trabajador técnico ni operativo del PANI, que trabaja bajo extrema presión, con recursos limitados y sin el respaldo adecuado. La responsabilidad recae exclusivamente sobre la Presidenta Ejecutiva, quien ha sido incapaz de liderar la transformación y el fortalecimiento que la institución requiere con urgencia.
La gestión de la señora Garza Sánchez ha sido deficiente, desarticulada e ineficaz. No ha logrado fortalecer las oficinas locales ni los departamentos con el personal adecuado, y ha fallado en impulsar las reformas estructurales urgentes necesarias para cumplir con la misión institucional de proteger a la niñez y adolescencia en situación de riesgo. Ha fallado en su deber fundamental y debe asumir las consecuencias.
Hoy, la administración del PANI se ha enfocado más en perseguir a sus trabajadores que en resolver los graves problemas estructurales que enfrenta la institución. El personal se encuentra sobrecargado con expedientes que exceden su capacidad, mientras trabaja en un ambiente marcado por el acoso y el hostigamiento laboral, que ha persistido durante la actual gestión. Lejos de atender esta realidad, la Presidenta Ejecutiva no ha tomado medidas efectivas para mejorar las condiciones laborales ni para fortalecer la protección integral de la niñez costarricense.
Las oficinas locales y departamentos del PANI operan con infraestructura deficiente, un número insuficiente de personal y una sobrecarga de trabajo que dificulta enormemente la capacidad del personal para atender adecuadamente las necesidades de la niñez y adolescencia en riesgo. A pesar de estas condiciones, los trabajadores, con esfuerzo y dedicación, hacen todo lo humanamente posible para cumplir con su labor, pero no pueden ofrecer una respuesta eficiente cuando las cargas son desmedidas. Esta situación afecta directamente la calidad del servicio y la atención que los menores requieren, poniendo en evidencia la profunda crisis de gestión que enfrenta el PANI.
Doña Kennly Garza Sánchez, esto es responsabilidad suya y de nadie más.
Desde la ANEP reiteramos nuestro absoluto respaldo a las personas trabajadoras del PANI. Son ellas quienes han sostenido esta institución con vocación, compromiso y profesionalismo, muchas veces a pesar del abandono institucional. No son ellas las responsables de las omisiones de la alta jerarquía, sino quienes han seguido protegiendo a la niñez costarricense aún en las peores condiciones.
Una vez más, personas menores de edad han muerto bajo una gestión incapaz de responder a tiempo. La conducción del PANI le quedó grande a la señora Kennly Garza Sánchez, y hoy debe asumir su responsabilidad. Por respeto a la niñez, al país, a los derechos humanos y al personal institucional que lucha por sostener esta misión, debe presentar su renuncia inmediata.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) 13 de mayo de 2025.
