Carta abierta de parte de la ANEP para el diputado Alejandro Pacheco Castro Asamblea Legislativa

Estimado señor:

El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de “PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE MICROCRÉDITO”, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.

Eso es que, todas aquellas personas que hoy tengan un crédito comercial por electrodomésticos, en una financiera, en una casa de empeño, en una garrotera, etc., se les encarecerá 15 puntos porcentuales la tasa de interés; y, al generarse un aumento vulgar de la cuota de pago, caerán en morosidad. Las garroteras estarán felices porque si el crédito en la franja que se encarecerá fuera ¢200.000 millones (cifra muy probable), se embolsarían ¢30.000 millones en los próximo 12 meses.

Don Alejandro: Nos parece sumamente comprometedor que usted también haya presentado el Proyecto N° 23410, “LEY DE PROCEDIMIENTOS DE COBRO EN SEDE NOTARIAL”, que no es más que permitirles a las garroteras que se adjudiquen los bienes de los deudores, desde el despacho de un abogado, sin ir a donde un juez que imparta justicia.

Diputado Pacheco: No se vale seguir golpeando a los más débiles de este país pensando en favorecer intereses cercanos.

Pero, además, se promueve usted como firmante del Proyecto N° 23101, “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”, que pretende subir las tasas topes de la usura a cifras cercanas al 90 %. Esto ya es vergonzoso y muestra sus claras pretensiones de beneficiar garroteras a toda costa.

Es bien sabido que su familia ha estado en el negocio de los préstamos de dinero por muchos años. Por esto ANEP le solicita a usted renunciar a la promoción de tales nefastas iniciativas anti-obreras; igualmente con gran vehemencia le pedimos a la actual Asamblea Legislativa no tramitar sus iniciativas, exhortándole a que nos desmienta en cuanto a nuestra afirmación de que usted está inmerso en un gran conflicto de interés.

Como habrá notado, esta carta también está remitiéndose a la Procuraduría de la Ética para que proceda con lo de su competencia, investigando y/o denunciando lo que corresponda.

Solo para recordarle que, según los diarios nacionales e internacionales, su padre, don Ovidio Pacheco Salazar, debió dejar el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes, por tener una empresa financiera que cobraba altos intereses a una comunidad rural.

Tras denuncia de ANEP, Contraloría confirma que fideicomiso del PANI no construyó ninguna de las 38 obras previstas

ANEP presentó la denuncia en enero de 2025, también lo hizo ante el Ministerio Público.

CGR confirma irregularidades señaladas por ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó en enero de este año ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, mediante el oficio S.G. 21-25-3508-25, una denuncia por presuntas irregularidades en la suspensión del fideicomiso suscrito entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

La denuncia fue recibida por la Contraloría bajo el número de expediente CGR-ADIN-2025001339. Así consta en el oficio remitido a la ANEP, donde se señala que: “Este Órgano Contralor recibió su documento ingresado con el número 1246-2025 mediante el cual denuncia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Fideicomiso PANI-BNCR, incluyendo la suspensión injustificada del contrato, omisión en la presentación de informes técnicos y financieros, deficiencias en la gestión de la información presupuestaria”.

El pasado jueves, la Contraloría presentó el resultado de la auditoría realizada, confirmando los señalamientos planteados por la ANEP.

 El informe indica que “a pesar de contar con un fideicomiso con 15.000 millones y 38 necesidades de infraestructura identificadas desde el año 2018, no se concretó ninguna de estas obras y el 60,2 % de los recursos ejecutados se destinó principalmente a gastos administrativos, mientras que actualmente el 89,5 % de las necesidades persisten”.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala:

  • Un 43% de las oficinas locales del PANI se encuentran en estado físico “regular o crítico”.
  • El 25% de los albergues presentan ocupación por encima de su capacidad.
  • El 56% de los inmuebles de la institución son alquilados.
  • “Al año 2025, 8 de 32 albergues y aldeas, y 18 de 54 oficinas locales presentan sobreocupación. Aunado a ello, 20 de 54 oficinas locales y 15 de 32 albergues y aldeas valoró como ‘inadecuada’ o ‘totalmente inadecuada’, la infraestructura del inmueble en el que se labora para atender las necesidades de las personas menores de edad y la correcta prestación del servicio”.

La Contraloría también subrayó que “luego de cinco años se dio por finalizado mediante un ‘Acuerdo amistoso’ suscrito entre el PANI y el BNCR en el año 2024”, sin justificación técnica, económica ni legal que respaldara la decisión.

El informe agrega que faltó una evaluación inicial seria de capacidades, riesgos y costo-beneficio que justificara la figura fiduciaria y garantizara resultados. Asimismo, el portafolio de obras no se sustentó en una gobernanza que permitiera priorizar, pausar o sustituir proyectos con base en valor público.

En cuanto a medidas correctivas, la Contraloría ordenó al PANI:

  • Presentar a más tardar en enero de 2026 una certificación que acredite el establecimiento de un portafolio formal de proyectos de infraestructura, incluyendo obra nueva, mantenimiento, remodelación y ampliaciones.
  • Entregar dos informes de avance sobre la implementación de dicho portafolio: el primero el 30 de junio de 2026 y el segundo el 29 de enero de 2027.

En la denuncia presentada, la ANEP solicitó: “Que se realice una auditoría integral sobre la ejecución del presupuesto asignado al fideicomiso, y sobre los informes presupuestarios no remitidos al Sistema SIPP. Además, se deberá auditar la correcta implementación de los procedimientos internos del PANI para la gestión de los recursos públicos en este contrato”.

La ANEP confirma que también presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de referencia SICE FGR-127-2025, señalando la posible existencia de responsabilidades administrativas y penales derivadas de la gestión del fideicomiso.

AyA ya pago más de $16 millones de dólares a la empresa Consorcio Aguas De Escazú encargada de reestructuración fallida

ANEP denuncia: improvisación, corrupción técnica y despilfarro en AyA.

La Dirección Jurídica de AyA y el MOPT evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), alerta sobre la grave crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una institución clave para garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, y que, al día de hoy, se encuentra en riesgo debido a decisiones improvisadas, reestructuraciones irregulares y contrataciones opacas que afectan su sostenibilidad y la prestación del servicio público.

La reestructuración institucional promovida por el expresidente ejecutivo Juan Manuel Quesada y la Gerente General, Alejandra Mora, ha sido calificada como un “show político”. Además de no contar con sustento técnico ni legal

Según un reciente informe de Acueductos y Alcantarillados en  atención al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0264-2025, solicitado por el diputado, Ariel Robles, luego de las denuncias de la Seccional ANEP-AyA, al Consorcio   Aguas De Escazú GOTY S.A., ya se le han girado más de 16 millones de dólares por el Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC-EE) y la reestructuración en la institución, en el marco del contrato de préstamo BCIE 2129.

“Los servicios del Consultor se adjudicaron inicialmente por un monto de 16.695.083,01 USD. Originalmente, estos servicios eran financiados 100% con fondos externos (préstamo 2129 del BCIE y hasta 1.7 millones de EUR de aporte financiero no reembolsable para medidas complementarias del Programa de Agua y Alcantarillado en Centroamérica II (MC RANC-EE)). Posteriormente, mediante el quinto adicional al contrato, se aprobó una ampliación del presupuesto en un 50%, lo que representa un adicional de US$ 8,347,541.50, ampliación que se financia con fondos de AyA”, indica el informe.

El caso Consorcio Aguas de Escazú: corrupción técnica y despilfarro

Para la seccional ANEP-AyA la contratación del consorcio Aguas de Escazú constituye un ejemplo claro de despilfarro y gestión irregular de fondos públicos:

•          Contratación con irregularidades técnicas y administrativas.

•          Sobreprecios injustificados que elevan el costo de los proyectos sin justificación.

•          Ejecución deficiente, sin mejoras sustanciales en el servicio.

•          Pagos millonarios sin resultados concretos: Se han girado 16 millones de dólares, sin que se evidencien beneficios para la institución ni para la ciudadanía.

•          Impacto en los usuarios: Cada colón malgastado se traslada indirectamente a la tarifa del servicio.

•          Conflicto de competencias: La empresa recibió la responsabilidad de proponer una reestructuración institucional sin acreditar experiencia en este tipo de procesos.

Este caso refleja un despilfarro sistemático de fondos públicos, donde empresas privadas se enriquecen mientras los servicios esenciales se precarizan. A pesar de ello, las máximas autoridades, incluyendo la Gerente General Alejandra Mora y la Subgerente María José Castillo, mantienen sus cargos sin rendir cuentas.

MOPT también rechaza reorganización

Primero la Dirección Jurídica de AyA, y ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ente rector de AyA,  evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.

El oficio CARTA-MOPT-DM-2025-1652, suscrito por el ministro de Obras Públicas y Transportes,  Efraím Zeledón, deniega el aval sectorial y confirma múltiples deficiencias de la propuesta de reestructuración, entre ellas:

•          Carencia de análisis de plazas: No se detalla cuántos puestos se crean, eliminan o modifican, ni cómo se reubicaría al personal.

•          Cifras contradictorias: El documento indica 4.354 plazas, mientras que los cuadros internos suman solo 4.045.

•          Violación al debido proceso laboral: No se consultó a los funcionarios afectados, incumpliendo garantías constitucionales.

•          Incoherencias estructurales: Se afirma que no se crean nuevas dependencias, pero los cuadros presentan nuevas estructuras.

•          Ausencia de misión y visión oficiales: Debilita la coherencia institucional y la planificación estratégica.

•          Financiamiento opaco: No se cumplen los requisitos del Decreto Ejecutivo N°41162-H; no se especifican costos asociados a reubicaciones, eliminaciones o traslados de personal.

•          Falta de pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional, requisito obligatorio para la aprobación de cualquier reestructuración.

Para la ANEP y su seccional en AyA, ya es más que evidente que la reorganización en AyA constituye un ejemplo claro de despilfarro, improvisación  y gestión irregular de fondos públicos. Por  lo que los responsables deben asumir las consecuencias de este nefasto proyecto.  

San José, Costa Rica, 2 de setiembre de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Nueva Junta Directiva Nacional de la ANEP-2025-2029 sesionó por primera vez

Esta sesión, estuvo marcada por la presencia del Padre,  Luis Alejandro Rojas Alvarado, quien brindo un mensaje a la nueva Junta Directiva Nacional  y personal de la ANEP presentes en la sesión. Además, de brindar su bendición para este nuevo periodo.

Posición de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración ante el proyecto de ley de modificación presupuestaria 2025

La Seccional ANEP en la Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su profunda preocupación por el impacto que el Proyecto de Ley de la Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.° 10.620 (Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2025), tendrá sobre nuestra institución.

En dicho proyecto se establece una rebaja de ₡147.350.000 al Programa 055-00 Migración y Extranjería, principalmente en subpartidas relacionadas con insumos y materiales administrativos. Estos recursos serán redirigidos al financiamiento de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

Si bien la justificación técnica del recorte señala la existencia de inventarios suficientes (cintas DIMEX y libretas de pasaporte), este ajuste no toma en cuenta las verdaderas necesidades estructurales de la Policía Profesional de Migración, entre ellas:

• Falta crónica de personal policial y administrativo, lo cual limita gravemente la capacidad operativa en puestos fronterizos, aeropuertos y centros de atención migratoria.

• Carencia de recursos tecnológicos y logísticos que permitan cumplir de forma eficiente y segura las competencias asignadas por ley.

• Ausencia de creación de nuevas plazas para la PPM, a pesar de que el mismo proyecto sí contempla la creación de puestos en otros ministerios (MOPT y MINAE).

Con esta decisión, se evidencia una política de desatención hacia la Policía Profesional de Migración, la cual sigue siendo utilizada como fuente de rebajos presupuestarios, en lugar de ser fortalecida para enfrentar los crecientes retos en materia de control migratorio, seguridad fronteriza y atención a la población extranjera.

La Seccional ANEP–PPM insta respetuosamente al Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública y a la Asamblea Legislativa a que reconozcan públicamente esta situación y tomen medidas concretas para:

1. Solicitar un presupuesto adicional para atender las necesidades urgentes de personal y recursos de la PPM.

2. Implementar un plan de reclutamiento, capacitación y dotación de equipo que permita cumplir con las funciones legales y operativas asignadas.

3 Garantizar que futuras modificaciones presupuestarias no debiliten aún más a Migración, sino que fortalezcan sus capacidades estratégicas.

La Policía Profesional de Migración cumple un rol fundamental en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Negarle recursos en un momento de tanta vulnerabilidad es una decisión que puede tener consecuencias graves para la seguridad del país.

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP–PPM

Teléfono celular 8384-9686

ANEP y SITRAP cuestionan prácticas de empresas ante muerte de trabajadores al ser impactados por un rayo

El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifestamos nuestra profunda consternación y solidaridad con las familias de los dos trabajadores fallecidos este 26 de agosto de 2025, en la plantación piñera denominada  Agro Industrial Bananera del Caribe S.A., ubicada en Villafranca de Duacarí, Guácimo, Limón.

Según la información disponible, los compañeros perdieron la vida tras ser impactados por un rayo durante sus labores en el campo.

Estos hechos lamentables no son simples accidentes inevitables.

Denunciamos que muchas empresas del sector continúan priorizando la producción y las ganancias por encima de la salud y la vida de las personas trabajadoras. A pesar de que el Instituto Meteorológico Nacional advierte con anticipación sobre tormentas eléctricas, en las plantaciones persiste la práctica de mantener al personal en labores, incluso bajo la presencia de nubes de tronada, rayos, relámpagos y fuertes vientos.

Grave resulta además que existen testimonios de trabajadores que aseguran que sus jefaturas se molestan o presionan cuando intentan resguardarse ante estos fenómenos naturales, exponiéndolos innecesariamente a riesgos mortales.

SITRAP y ANEP exigimos a las compañías piñeras:

• Adoptar protocolos de prevención y seguridad inmediatos y efectivos ante alertas de tormenta eléctrica.

• Garantizar que ninguna persona trabajadora sea obligada o presionada a continuar labores en condiciones de riesgo.

• Asumir con responsabilidad empresarial la obligación legal y ética de proteger la vida y salud de sus trabajadores y trabajadoras.

Recordamos también que los supermercados y cadenas internacionales que compran esta fruta no pueden desentenderse de estos hechos. En el marco de las leyes de debida diligencia y responsabilidad social empresarial, deben investigar y exigir a sus proveedores el cumplimiento estricto de medidas de seguridad laboral.

No es aceptable que la vida de los trabajadores se sacrifique para sostener un modelo de exportación que privilegia únicamente la rentabilidad y el cumplimiento de estándares comerciales internacionales.

Una vez más, llamamos a las autoridades competentes, a las empresas del sector y a los compradores internacionales a garantizar condiciones de trabajo seguras. La vida de las personas trabajadoras no puede seguir siendo el precio oculto de la fruta de exportación.

SITRAP – ANEP

26 de agosto de 2025

Fallo del Tribunal Contencioso sobre adjudicación de EBAIS sacrifica la salud pública

ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes

La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.

El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.

Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.

La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.

Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.

1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.

2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.

3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.

4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.

En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.

Administración Chaves: ¿ingenuos en seguridad, o pro Delincuencia?

Por: Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP-Criminólogo

De los autores de: “se matan entre ellos”; se estrena la obra maestra: “la crisis en seguridad pública no es tan grande”. Disculpe ilustre lector-lectora si la introducción le parece algo folclórica, pero lamentablemente esta mala comedia oscura responde a la realidad de las expresiones del presidente.

En un primer momento podría entenderse que esté pesimamente asesorado y no supiera de la cantidad de víctimas colaterales, incluso niños, niñas y adolescentes, inocentes, que se han visto atrapados en la ola de violencia que tiñe de sangre nuestras calles. Pero, luego de que le han estrellado en la cara las estadísticas, con un récord por partida doble (y este año será triple) de homicidios, justo en el tiempo de su mandato, las cifras de delitos contra la propiedad, femicidios y violencia intrafamiliar, no existe justificación alguna que alcance para la falta de respeto que significa su aberrante aseveración.

¿Falta de respeto? Por supuesto, a menos que Chaves viva en una realidad alterna donde no hay delincuencia, su intento por minimizar el fenómeno de la violencia que nos golpea más fuerte que nunca es funesto. Irrespeta el dolor de las más de 2500 familias (de los últimos tres años) que han perdido sus seres queridos en la batalla a cielo abierto que libran las agrupaciones criminales. Irrespeta el temor que siente la sociedad costarricense que ha pasado por la terrible experiencia de estar cerca de una balacera, a plena luz del día en medio de la ciudad. Irrespeta el pánico de quienes han debido esconderse bajo sus camas al escuchar detonaciones frente a sus casas de habitación.

Chaves irrespeta la caída en el cumplimiento del deber de policías de Tránsito, de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial, al decir que la situación no es tan grave. ¡DIGALE A LAS FAMILIAS DE ESTAS VALIENTES PERSONAS QUE SU DOLOR ES UNA EXAGERACIÓN! (Lo siento, me exalté).

Pero es que más allá del irrespeto cometido al querer minimizar lo evidente, de seguro el presidente cree firmemente que el pueblo carece de información, e inteligencia, y por eso busca engañarnos con sus frases vacías de criterio técnico y realidad.

Antes de continuar, demos un rápido repaso por algunas (si, solo algunas) de las decisiones del Poder Ejecutivo, que se han ganado una mención honorífica en lo relacionado a Seguridad Ciudadana:

1) Quitar a la Policía de Control de Drogas de muelles, aeropuertos y fronteras (lugares estratégicos por donde ingresa y sale la droga del país).

2) Sacar a Guardacostas de Bahía Drake y Sixaola (puntos de mayor ingreso de la droga que viene del cono sur).

3) Negarse a transferir al Organismo de Investigación Judicial recursos económicos para fortalecer las investigaciones. (Debilitar a la Policía Judicial, no requiere mayor explicación).

4) Uso de la Policía Aeroportuaria en funciones diferentes, lo que debilita la vigilancia de aeropuertos. (Distraer recurso policial especializado).

5) Oposición al proyecto de ley de ampliación de horario para allanamientos. (Sin palabras). Un bonus: También se opuso a la pensión anticipada, tanto de OIJ, como del resto de Policías.

Recordemos que ninguna de estas decisiones obedece a criterios técnicos o estudios científicos. ANEP ha pedido los mismos y se nos respondió con el envío de un Manual de Puestos; correcto, don Mario Zamora parece no saber la diferencia entre un Manual Descriptivo de Puestos y estudios técnico-científicos.

Cualquier persona que tenga medio gramo de conocimiento en materia de Seguridad Ciudadana identifica todas estas acciones como incidencias que facilitan el accionar del crimen organizado. Asì lo han manifestado una importante cantidad de personas expertas en seguridad, policías, analistas criminales, exjerarcas de diferentes niveles y hasta el mismo extraditable en una entrevista reciente. Aun así, Chaves no solo se ha apegado a esta línea de acción, también mantiene en el cargo al Ministro de Seguridad y al Viceministro de Seguridad (que carga en sus espaldas sendos cuestionamientos por aparentes nexos con el crimen organizado, cabe destacar); sino que, hasta aplaude de labor exaltando un trabajo de cooperación internacional (que, por cierto, funciona desde hace casi tres décadas).

Los logros en materia de Seguridad Ciudadana para Chaves y su Gobierno son nulos, mientras que el crimen organizado ha avanzado con los pasos más grandes de la historia, en buena medida, gracias a las geniales decisiones (sarcasmo) de esta Administración.

Y aun así tienen el descaro de enfadarse cuando se les cuestiona por tener nexos con la narco-actividad.

En el mejor de los casos, este camino, lleno de desaciertos, obedece a una tozudez reforzada por la vanidad política de las altas esferas del ejecutivo, que se conjuga con una gigante ignorancia en lo relacionado a Seguridad Ciudadana. La otra alternativa es que estamos presenciando el cumplimiento de disposiciones enfocadas a favorecer al narco.

¡COSTA RICA, ABRAMOS LOS OJOS Y POR NADA DEL MUNDO PERMITAMOS QUE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO NOS ROBE EL PAÍS

ANEP, 21 de agosto 2025.

Proyectos estratégicos bajo la sombra de la opacidad en el ICE

En un Estado Social y Democrático de Derecho, toda actuación de la Administración Pública debe regirse por el principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que obliga a los funcionarios a actuar conforme a la ley y únicamente dentro de las competencias expresamente atribuidas. A ello se suman los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

No obstante, recientes acontecimientos vinculados con proyectos estratégicos en el sector de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han encendido las alarmas por aparentes violaciones a dichos principios, mostrando un preocupante patrón de improvisación, falta de claridad técnica y debilidad en los procesos de planificación y contratación.

El primer ejemplo es el despliegue de la red 5G, un proyecto que debería posicionar al país en la vanguardia tecnológica. Sin embargo, lo que se observa es una gestión fragmentada, marcada por indefiniciones, retrasos y discursos ambiguos que generan dudas sobre la neutralidad tecnológica y la objetividad de quienes dirigen este proceso. El incumplimiento del principio de transparencia y la ausencia de información clara sobre los plazos y mecanismos de implementación generan inseguridad jurídica tanto en los usuarios como en eventuales oferentes.

En segundo término, el proyecto denominado “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco” despierta serias inquietudes sobre la pertinencia de sus lineamientos técnicos y la correcta aplicación del régimen de contratación administrativa. La reiterada selección de una marca específica sin que medien justificaciones sólidas abre la puerta a cuestionamientos sobre la violación del principio de igualdad de oportunidades para todos los potenciales oferentes, limitando la libre participación en los concursos públicos.

Finalmente, la más reciente problemática se dio con los enlaces internacionales, situación que evidenció la fragilidad de la operación y la falta de previsión de la administración superior. Aquí surgen serios cuestionamientos que demandan respuesta inmediata:

¿Dónde se encuentra la contratación que avala la entrada en funcionamiento de los nuevos enlaces?

¿Qué procedimiento administrativo y bajo cuál modalidad de contratación se realizó dicha adquisición?

¿Constituye esta denominada “capacidad transitoria” una maniobra para condicionar el mercado y orientar posteriormente una licitación pública a favor de un determinado proveedor?

Estas interrogantes no son simples especulaciones, al contrario, apuntan directamente al cumplimiento de la normativa de Contratación Pública, que obliga a la administración a velar por la transparencia, la concurrencia y la selección objetiva. De confirmarse que la actual administración incurrió en un condicionamiento artificial de futuros concursos, se podría estar ante un escenario de una posible nulidad absoluta de los actos administrativos involucrados, con las consecuencias patrimoniales y de responsabilidad personal que ello implica, según lo establece la Ley General de Administración Pública.

La ciudadanía, los usuarios y los propios trabajadores del ICE merecen claridad y garantías de que los recursos públicos no están siendo administrados bajo esquemas de conveniencia o de interés particular. El principio de eficiencia obliga a que las adquisiciones respondan a necesidades reales, debidamente planificadas y con la mejor relación costo-beneficio. Sin embargo, lo que hoy se observa es lo contrario; proyectos estratégicos empañados por falta de transparencia, improvisación y decisiones adoptadas al margen de los principios rectores del ordenamiento jurídico costarricense.

Por todo lo anterior, se hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior de la Hacienda Pública, para que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, abra de oficio los procedimientos de fiscalización e investigación que correspondan. Resulta imprescindible determinar si las intenciones de compra y los proyectos aquí señalados han cumplido con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y libre concurrencia, o si, por el contrario, se han materializado prácticas que comprometan la responsabilidad administrativa, civil o incluso penal de quienes han tomado las decisiones.

El ICE, institución histórica del desarrollo nacional, no puede continuar en un rumbo de improvisación y opacidad. El país requiere respuestas claras, inmediatas y verificables.

★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★

Dirección Jurídica de AyA confirma denuncias de ANEP sobre inviabilidad de reorganización en la institución

-Para nuestra organización esta propuesta obedeció a un show político presidido por Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo y apoyado por Alejandra Mora, Gerente General

El criterio PRE-J-2025-03057 de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  (AyA), respalda plenamente las advertencias que la ANEP,  y su seccional ANEP-AyA han expuesto ante la opinión pública, Asamblea Legislativa y otras instancias,  sobre la propuesta de reorganización institucional parcial presentada en el Estudio Técnico de Julio 2025.

 Ambos pronunciamientos coinciden en que la reorganización carece de sustento legal, técnico y operativo, y que su ejecución en el estado actual pondría en riesgo la estabilidad institucional, el servicio público y la seguridad jurídica, tal y como ha venido advirtiendo la seccional ANEP-AyA

Confirmaciones clave de los informes de Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica del AyA concluye que el acuerdo de Junta Directiva 2025-200, mediante el cual se aprobó la reestructuración institucional, adolece de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por incumplir requisitos esenciales para la validez de un acto administrativo, según la Ley General de la Administración Pública y la doctrina administrativa.

Dentro de las conclusiones de la Dirección Jurídica se encuentran:

1.Deficiencias en la motivación y justificación

• El acuerdo carece de información técnica mínima necesaria (estudios, informes y análisis) para fundamentar el organigrama aprobado.

• La motivación se limita a citar normas procedimentales, sin desarrollar contenido, motivo y fin del acto administrativo.

• Esta omisión genera vicio por exceso de poder, afectando la proporcionalidad y el interés público.

2. Violaciones a normativa general vinculante

La propuesta elimina, rebaja de jerarquía o modifica de forma indebida dependencias cuya existencia y ubicación están protegidas por leyes y reglamentos:

• Dirección de Igualdad de Género e Interculturalidad → desaparece y se diluye en Capital Humano, lo que implica retroceso en materia de derechos humanos y compromisos internacionales.

• Contraloría de Servicios → cambio de nombre y funciones que genera confusión y contradice la Ley N.° 9158.

• Oficina de Cooperación Internacional → desintegrada, contraviniendo el Reglamento del Art. 11 de la Ley de Planificación Nacional.

• Oficina de Control Interno → no se ubica a nivel de jerarca, incumpliendo la Ley General de Control Interno.

• Laboratorio Nacional de Aguas → rebajado a nivel operativo, pese a su rol de rector nacional en calidad del agua.

• Dirección de Planificación Estratégica → trasladada de Presidencia Ejecutiva a Gerencia General, en contravención a la Ley de Planificación Nacional.

3. Debilitamiento de la Dirección Jurídica

• La propuesta desintegra áreas especializadas, elimina el principio de uniformidad de criterio legal y crea duplicidades e inseguridad jurídica.

• No se presenta evidencia técnica que justifique el cambio ni que demuestre deficiencias actuales.

• Se pone en riesgo la independencia de control de legalidad, por ejemplo, subordinando áreas legales a las mismas dependencias que deben fiscalizar (caso de Proveeduría y Contratación Administrativa).

Posición de ANEP

La ANEP reitera que la reorganización institucional planteada es inviable y perjudicial, y que representa un uso político y antitécnico de la gestión institucional.

Ante este escenario se solicita a las máximas autoridades de la institución:

• Suspender de inmediato su ejecución.

• Transparentar todos los gastos asociados a este proceso y la rendición de cuentas para los Jerarcas que estuvieron detrás de este proceso fallido.

• Iniciar un rediseño real y participativo, con respaldo técnico, legal y financiero, en beneficio de la institución y del servicio público.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, SU GESTION DEBE MANTENERSE PUBLICA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.