La intervención jurídica de ANEP permitió desvirtuar los argumentos de la empresa, quien afirmaba que el despido se debía a una reducción presupuestaria.
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Contraloría confirma deterioro de la Policía de Tránsito y refuerza denuncias realizadas por ANEP
• Informe de la Contraloría revela que la Policía de Tránsito cuenta con apenas 708 oficiales, cerca del 50% de sus motocicletas están fuera de servicio y los tiempos de despacho de emergencias se triplicaron.
• La seccional ANEP-Policía de Tránsito advierte que estos hallazgos respaldan las denuncias expuestas durante la protesta realizada la semana anterior y evidencian la urgencia de fortalecer este cuerpo policial.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su seccional ANEP-Policía de Tránsito, considera que el más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma la gravedad de las deficiencias operativas que enfrenta este cuerpo policial y refuerza las denuncias realizadas públicamente por sus oficiales.
El informe DFOE-CIU-IAD-00003-2026, del 12 de octubre de 2026, denominado “Acciones implementadas para reducir la siniestralidad vial y promover el valor público”, advierte sobre un deterioro progresivo en la capacidad de atención y cobertura de la Dirección General de la Policía de Tránsito.
Los resultados coinciden con los señalamientos realizados por la seccional durante la protesta de la semana anterior, cuando los oficiales denunciaron falta de personal, patrullas insuficientes, deterioro de las delegaciones, carencia de uniformes y afectaciones relacionadas con los roles de trabajo.
Contraloría revela cifras preocupantes
Entre los principales hallazgos del órgano contralor destacan:
- Menos policías: la cantidad de oficiales de tránsito pasó de casi 1.000 a solamente 708 en todo el país.
- Flotilla deteriorada: alrededor del 50% de las motocicletas institucionales se encuentra fuera de servicio.
- Menos unidades operativas: la flotilla útil, entre patrullas, motocicletas y grúas, disminuyó de 518 unidades en 2023 a 386 en marzo de 2026.
- Mayor tiempo de despacho: el promedio nacional para asignar un oficial ante un siniestro vial pasó de 9 minutos y 46 segundos a 31 minutos y 53 segundos. En algunas regiones, el tiempo ronda una hora.
- Delegaciones con personal insuficiente: algunas dependencias operan con apenas uno a cuatro oficiales por turno.
- Deficiencias en la cobertura: el 64,97% de la actividad policial se concentra entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., pese a que los horarios nocturnos presentan una alta siniestralidad.
Es importante aclarar que los tiempos de despacho señalados por la Contraloría corresponden únicamente al lapso que transcurre desde que se recibe el reporte de un siniestro vial a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 hasta que se asigna un oficial de tránsito para atenderlo. Este indicador no contempla el tiempo adicional que requiere el oficial para llegar al lugar del accidente, el cual, según denuncia la seccional ANEP-Policía de Tránsito, puede extenderse entre dos y hasta seis horas.
Esta situación se presenta debido a que, en numerosas ocasiones, los oficiales se encuentran atendiendo otros incidentes, mantienen varios reportes pendientes o carecen del personal y los vehículos necesarios para desplazarse oportunamente. Por lo tanto, el tiempo real que deben esperar los ciudadanos para recibir atención policial podría ser considerablemente mayor al reflejado en las estadísticas del órgano contralor.
El informe también señala deficiencias en los procesos de reclutamiento que provocaron la devolución de 132 plazas al Ministerio de Hacienda entre 2020 y 2022, así como problemas de planificación en la adquisición de repuestos y el mantenimiento de los vehículos policiales.
ANEP: las denuncias no son infundadas
Para la seccional ANEP-Policía de Tránsito, los resultados de esta auditoría demuestran que las carencias denunciadas por los oficiales no constituyen situaciones aisladas, sino que forman parte de un problema estructural que afecta la capacidad de respuesta de la institución y la seguridad de quienes transitan por las carreteras nacionales.
La organización sindical considera especialmente preocupante que la reducción de personal y vehículos operativos esté afectando la cobertura policial y los tiempos de atención de emergencias.
Asimismo, insiste en que deben atenderse las demás denuncias planteadas por los trabajadores, relacionadas con la dotación de uniformes, las condiciones de infraestructura de las delegaciones y la revisión de los roles de trabajo, aspectos que requieren soluciones específicas por parte de la Administración.
La ANEP recalca que fortalecer las condiciones laborales de los oficiales de tránsito también significa fortalecer la seguridad vial y la protección de la vida humana.
ANEP exige soluciones concretas y no más postergaciones
Ante los hallazgos de la Contraloría, la seccional solicita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la Dirección General de la Policía de Tránsito y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI):
- Establecer un plan urgente para recuperar y renovar la flotilla policial.
- Atender el déficit de oficiales mediante procesos efectivos de reclutamiento y nombramiento.
- Garantizar uniformes, equipamiento adecuado y condiciones dignas en las delegaciones.
- Revisar la distribución de los roles y jornadas laborales, tomando en consideración las necesidades operativas y los derechos del personal.
- Fortalecer la coordinación institucional y ejecutar las medidas correctivas establecidas por la Contraloría.
El órgano contralor dispuso que la Policía de Tránsito y el COSEVI elaboren e implementen coordinadamente un procedimiento para mejorar la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla policial, con plazos de cumplimiento durante 2027.
La ANEP considera que las autoridades no deben esperar al vencimiento de esos plazos para comenzar a resolver las deficiencias más urgentes.
Finalmente, la organización reitera que las denuncias realizadas por los oficiales no buscan únicamente mejores condiciones laborales, sino garantizar que Costa Rica cuente con una Policía de Tránsito fortalecida, equipada y con capacidad real para proteger la vida de las personas en carretera.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Seccional ANEP-Policía de Tránsito
Informe de la Contraolría General de la República.
ANEP solicita a CEN CINAI de Desamparados plan de acción ante faltante de agua
El financiamiento de los derechos sociales no puede resolverse desprotegiendo a otras poblaciones vulnerables
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su seria preocupación ante la moción número 18 presentada por la fracción oficialista en el trámite del Presupuesto Nacional de 2027, que propone trasladar cerca de ₡250.000 millones asignados a programas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los CEN-CINAI, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atender insuficiencias presupuestarias de otros programas sociales.
Según la información publicada por CR Hoy el 12 y 13 de octubre, el traslado propuesto comprende ₡159.369 millones de la atención en salud de personas en situación de calle; ₡56.474 millones de CEN-CINAI; ₡33.314 millones de subsidios habitacionales del BANHVI; y ₡911 millones de prestaciones alimentarias del IMAS. Los recursos se dirigirían, entre otros destinos, a pensiones del régimen no contributivo, becas, comedores escolares y atención a personas con discapacidad.
ANEP reconoce que los programas receptores de esos fondos atienden necesidades sociales impostergables. Precisamente por eso, resulta indispensable rechazar una lógica presupuestaria que coloca a unas poblaciones vulnerables frente a otras, como si garantizar las pensiones de las personas adultas mayores exigiera debilitar la nutrición infantil, la vivienda social o la cobertura sanitaria de quienes viven en la calle.
La protección de la niñez, la seguridad social, la alimentación, la vivienda digna y la atención de las personas en pobreza no constituyen concesiones discrecionales. Son compromisos públicos que encuentran fundamento en el Estado social de derecho, en los artículos 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política y en las obligaciones de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, conforme a los recursos disponibles y con especial atención a los grupos en mayor vulnerabilidad.
Una reasignación presupuestaria de esta magnitud requiere demostrar, con información técnica pública y verificable, que los programas de origen conservarán recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, que no se interrumpirán servicios esenciales y que se evaluaron alternativas menos lesivas. La sola identificación de necesidades en los programas receptores no demuestra que existan excedentes reales en las partidas que se pretende reducir.
Especial preocupación merece el eventual traslado de casi la totalidad de los recursos previstos para asegurar la atención en salud de personas en situación de calle, así como el impacto que podrían sufrir los servicios de nutrición y cuido infantil, los subsidios de vivienda y la asistencia alimentaria. Corresponde a las autoridades explicar los efectos concretos, las coberturas esperadas y los mecanismos para evitar exclusiones.
Por lo anterior, ANEP solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios y al Plenario Legislativo que no aprueben la moción sin un estudio integral y transparente de sus efectos sociales; exige al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda presentar una propuesta de financiamiento suficiente para todos los programas involucrados; y pide que se publiquen las estimaciones de personas beneficiarias, servicios comprometidos y alternativas presupuestarias examinadas.
Asimismo, instamos a las autoridades de la CCSS, CEN-CINAI, IMAS y BANHVI a rendir informes técnicos independientes sobre las consecuencias operativas de los montos planteados y a las instancias de control a vigilar la legalidad y razonabilidad de las decisiones presupuestarias.
La discusión de las finanzas públicas debe realizarse con responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, con responsabilidad social. ANEP reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos, las personas trabajadoras que los sostienen y las comunidades que dependen de ellos. El país necesita un presupuesto que atienda integralmente sus obligaciones sociales, sin enfrentar el derecho de unas personas contra el de otras.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Fuente informativa: CR Hoy, Gustavo Martínez, 12 y 13 de octubre de 2026. La propuesta se encontraba pendiente de discusión y votación según las publicaciones consultadas.
Funcionarios del Hospital de Limón usan su propio dinero para arreglar las máquinas institucionales
La clase trabajadora del área de mantenimiento denunció diversas problemáticas, tales como que tienen que pagar de su propio dinero artículos para poder poner en funcionamiento algunas maquinas. También como no se han presentado metas o planes que permitan mejorar la operatividad. Además, se juramentó a la junta directiva.
ANEP advierte que traslado de Policía de Migración a Seguridad Pública debe resolver falta de personal y recursos
– Seccional ANEP-PPM no se opone a la reorganización institucional, pero exige garantías para fortalecer la Policía Profesional de Migración.
-Organización solicitará audiencia al ministro Gerald Campos para abordar necesidades presupuestarias, operativas y laborales.
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM) manifestó que no se opone al eventual traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería al Ministerio de Seguridad Pública, pero advirtió que esta reorganización debe acompañarse de medidas concretas para fortalecer el cuerpo policial y atender las limitaciones que actualmente enfrenta.
La organización sindical considera que el proceso legislativo relacionado con el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía representa una oportunidad para mejorar la seguridad migratoria del país, siempre que se garantice el personal, presupuesto, equipamiento y las condiciones necesarias para cumplir sus funciones.
“No queremos que simplemente trasladen a la Policía Profesional de Migración de un ministerio a otro y que las mismas carencias de personal, presupuesto y recursos viajen con ella. Queremos que este proceso sirva para fortalecerla”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional ANEP-PPM.
La Policía Profesional de Migración desarrolla funciones especializadas en control migratorio, seguridad fronteriza, atención de puestos migratorios, centros de aprehensión, operaciones e investigación. Además, de participar en acciones relacionadas con la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.
Falta de personal y presupuesto preocupa a ANEP-PPM
Uno de los principales señalamientos de la organización es la falta de recurso humano para atender las labores de control migratorio, seguridad fronteriza, investigación y combate a delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado transnacional.
ANEP-PPM cuestiona que, según la información suministrada por la Administración, el anteproyecto de presupuesto 2027 no contempla nuevas plazas policiales, pese a las necesidades operativas existentes.
Asimismo, insiste en la urgencia de realizar un estudio técnico nacional que determine la cantidad de oficiales requeridos, ya que el último estudio integral identificado corresponde al año 2016.
“No podemos planificar la seguridad migratoria del 2027 con un diagnóstico de hace diez años. Se necesita conocer cuántos oficiales hacen falta, dónde se requieren y cuáles recursos son indispensables para garantizar la seguridad del país”, señaló Mora Ordóñez.
Exigen respeto a la especialización policial y derechos laborales
Ante el eventual traslado, ANEP-PPM solicita que la Policía Profesional de Migración conserve su condición de cuerpo policial especializado, con autonomía técnica y operativa, una cadena de mando acorde con sus funciones y un presupuesto claramente identificado.
También exige que se respeten sus competencias legales, se fortalezcan los procesos de formación y capacitación policial, incluido el acceso a la Academia Nacional de Policía, y se garanticen los derechos laborales de los oficiales y del personal administrativo.
Otro aspecto fundamental es la continuidad de los procesos de revisión de la clasificación y valoración de puestos policiales.
Sobre este punto, la Dirección General de Migración y Extranjería informó, mediante el oficio DG-01340-10-2026, que para el año 2027 está prevista la actualización integral del Manual Descriptivo de Clases y Cargos Policiales, así como el análisis de una eventual diferenciación de la clase Policía de Migración 1 (PM1), entre personal en formación inicial y oficiales en servicio activo.
Para la organización, estos procesos no deben verse afectados por una eventual reorganización institucional.
Solicitarán audiencia al ministro Gerald Campos
La Seccional ANEP-PPM solicitará formalmente una audiencia con el ministro Gerald Campos Valverde, con el propósito de presentar las principales preocupaciones y propuestas de los funcionarios policiales.
Entre los temas prioritarios figuran la creación de plazas, el fortalecimiento presupuestario, la estructura y cadena de mando, la capacitación, el equipamiento, la clasificación de puestos y la protección de los derechos laborales.
ANEP-PPM reiteró su disposición al diálogo y a participar en la construcción de una estructura institucional que fortalezca la seguridad migratoria.
“No nos oponemos al traslado, pero exigimos que se haga correctamente. La Policía Profesional de Migración cumple una función especializada que debe respetarse y fortalecerse. La seguridad migratoria también es seguridad nacional”, concluyó Mora Ordóñez.
Gerardo Mora Ordóñez
Presidente Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM)
Migración mantiene la negativa a la visita de diputados para que conozcan la realidad de la Policía Profesional de Migración
La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (ANEP–PPM) denuncia públicamente la decisión de la Dirección General de Migración y Extranjería de mantener la negativa a la visita de los diputados Marco Badilla Chavarría y Éder Hernández Ulloa a las instalaciones de la Policía Profesional de Migración y al Centro de Aprehensión Región Central, ubicados en Los Lagos de Heredia.
Mediante el oficio DG-1359-10-2026, de fecha 8 de octubre de 2026, el viceministro de Gobernación y Policía, señor Omer Badilla Toledo, con recargo de funciones como director general de Migración y Extranjería, ratificó la posición comunicada anteriormente y confirmó que la visita programada para el viernes 9 de octubre no cuenta con su autorización.
La visita fue promovida por la Seccional ANEP–PPM con el propósito de facilitar un acercamiento entre representantes del Poder Legislativo, la organización sindical y los funcionarios policiales, para que los diputados pudieran conocer directamente las condiciones laborales, operativas y funcionales de esta Policía especializada.
¿Por qué se mantiene una decisión que impide este acercamiento institucional?
La Seccional ANEP–PPM reconoce que la Administración tiene competencias para regular el ingreso y la permanencia en las instalaciones públicas, así como para establecer las condiciones de seguridad correspondientes. Precisamente por esa razón, se solicitó formalmente la coordinación y autorización administrativa para realizar la visita.
Sin embargo, consideramos que las diferencias sobre el procedimiento administrativo no deberían cerrar las posibilidades de diálogo ni impedir que los representantes legislativos conozcan de primera mano la realidad de una institución estratégica para la seguridad nacional y el control migratorio.
La Policía Profesional de Migración enfrenta necesidades y desafíos relacionados con personal, recursos, infraestructura y condiciones de trabajo. Son aspectos que merecen ser conocidos, analizados y atendidos por las autoridades competentes y por quienes tienen responsabilidades de fiscalización política en la Asamblea Legislativa.
No queremos pensar que esta negativa obedezca a que la iniciativa surgió de una organización sindical o a consideraciones relacionadas con la afiliación política de los diputados visitantes. No afirmamos que exista tal motivación; precisamente, esperamos que la Administración brinde las explicaciones necesarias y facilite una solución transparente.
Las instituciones públicas pertenecen al Estado costarricense, no a un partido político ni a una administración de turno. El diálogo institucional debe desarrollarse con respeto a las competencias legales, sin obstáculos innecesarios y con el interés público como prioridad.
Anteriormente, las entonces diputadas Ada Acuña, Gloria Navas y Carolina Hidalgo, visitaron las instalaciones de la Policía Profesional de Migración y el Centro de Aprehensión Región Central. Incluso, en ese momento la diputada electa Kattia Calvo, también realizó una visita al centro.
Por ello, desde la Seccional ANEP–PPM hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería para que reconsideren esta posición y se establezca una nueva fecha para la visita de los diputados, bajo las condiciones administrativas y de seguridad que correspondan.
La Policía Profesional de Migración necesita que sus condiciones reales sean conocidas y sus necesidades escuchadas. Costa Rica merece instituciones abiertas al diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas.
SECCIONAL ANEP–PPM
ANEP y Colegio de Enfermeras conversan sobre problemática en las jornadas de producción
Seccional en el Teatro Nacional presenta iniciativa de Convención Colectiva a administración
ANEP reprueba cierre total de la tesorería nacional y exige explicaciones a sus autoridades
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y reprobación ante la decisión comunicada por el Tesorero Nacional, Michael Contreras Solera, y la Subtesorera Nacional, Francini Córdoba Herrera, de disponer el cierre de las oficinas de la Tesorería Nacional durante toda la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial MH-TN-COM-0012-2026, durante ese día no se brindará atención al público ni se tramitarán servicios bancarios relacionados con pagos, cobros, transferencias, autorizaciones u otras gestiones asociadas, trasladándose a las instituciones usuarias la responsabilidad de adoptar anticipadamente las previsiones necesarias para afrontar dicho cierre.
Para ANEP, resulta particularmente preocupante que una dependencia de la trascendencia constitucional, legal, financiera y operativa de la Tesorería Nacional, llamada a cumplir un papel esencial dentro de la Hacienda Pública y en la administración de los recursos líquidos del Estado, suspenda integralmente sus servicios durante un día hábil por la realización de una actividad interna denominada “jornada de fortalecimiento organizacional”.
El fortalecimiento institucional no puede realizarse a costa de paralizar el servicio público que precisamente se pretende fortalecer y crear una ilusión de un ambiente sano laboral, cuando miembros de este Sindicato, son hostigados laboralmente.
La Tesorería Nacional presta servicios que inciden directamente en el funcionamiento financiero de ministerios, poderes de la República, órganos desconcentrados, municipalidades, entidades públicas y demás instituciones comprendidas dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público. El propio comunicado está dirigido a ese amplio conjunto de entidades estatales, lo que evidencia la dimensión, trascendencia e irresponsabilidad de la decisión adoptada.
ANEP considera que no es de recibo dejar suspendida toda la operativa y la atención a las personas e instituciones usuarias, particularmente tratándose de servicios relacionados con pagos, cobros, transferencias y autorizaciones financieras.
Una actividad de carácter organizacional puede y debe planificarse de manera que permita garantizar simultáneamente la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público, mediante turnos, distribución de personal, modalidades escalonadas u otros mecanismos administrativos que eviten el cierre total de una dependencia estratégica para el funcionamiento financiero del Estado.
La decisión resulta todavía más preocupante en un contexto en el cual existen serias inquietudes relacionadas con procesos de pago y salarios, insuficiencia de personal y sobrecarga laboral dentro de la Tesorería Nacional.
ANEP reconoce especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Tesorería Nacional, quienes diariamente sostienen la operación institucional y, aun en condiciones de alta carga de trabajo y limitaciones de recurso humano, continúan dando todo de sí para garantizar la prestación de los servicios bajo responsabilidad de esa Dirección.
Por ello, llama poderosamente la atención que, mientras el personal debe enfrentar esas cargas y responsabilidades, las máximas autoridades de la Tesorería Nacional hayan optado por disponer el cierre completo de sus oficinas durante una jornada laboral y al final son las mismas personas funcionarias, que afrontan las consecuencias de atrasarse en sus labores, añadiendo más presión y estrés.
Asimismo, ANEP solicita aclarar públicamente si esta decisión fue adoptada exclusivamente por el Tesorero y la Subtesorera Nacional o si contó con conocimiento, autorización o anuencia previa del Despacho Ministerial del Ministerio de Hacienda, sea el señor Rodrigo Chaves Robles en su condición de Ministro de Hacienda o de alguno de sus Viceministros, señor Luis Antonio Molina Chacón y Víctor Carvajal Porras.
No resulta suficiente trasladar a todas las entidades públicas usuarias y menos a la ciudadanía que no tiene días libres para hacer sus trámites, la obligación de “tomar previsiones” para adaptarse al cierre de la Tesorería Nacional. Corresponde, en primer término, a las autoridades responsables garantizar que la organización administrativa interna no produzca afectaciones innecesarias a la continuidad del servicio público.
Ante esta situación, ANEP solicita al Ministro de Hacienda formalmente:
- Explicar las razones técnicas, administrativas y jurídicas que sustentan la decisión de cerrar completamente la Tesorería Nacional durante un día hábil.
- Informar quién autorizó la suspensión integral de los servicios y si la medida contó con conocimiento o autorización del Despacho Ministerial.
- Indicar cuáles alternativas fueron valoradas para efectuar la actividad de fortalecimiento organizacional sin interrumpir totalmente la atención y los servicios esenciales de la Tesorería Nacional.
- Informar cuáles medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones sobre pagos, salarios, transferencias, cobros, autorizaciones y demás operaciones financieras del Estado.
- Explicar por qué, ante la situación de escasez de personal y sobrecarga laboral que enfrentan funcionarios y funcionarias de la Tesorería Nacional, se consideró procedente detener completamente la operación ordinaria de la institución.
- ANEP remitirá este planteamiento para conocimiento de las instancias internas y externas competentes en materia de fiscalización, control y tutela del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, a efectos de que, dentro de sus respectivas competencias, valoren la actuación adoptada y determinen si resulta compatible con las obligaciones inherentes al funcionamiento de una dependencia estratégica como la Tesorería Nacional.
La organización sindical considera indispensable determinar también si se efectuó previamente una valoración de riesgos operativos, financieros y de continuidad del servicio, así como de las eventuales consecuencias que la suspensión pudiera ocasionar a las instituciones públicas y a la ciudadanía.
La Tesorería Nacional constituye una pieza esencial del sistema financiero público costarricense. Precisamente por esa condición, su funcionamiento continuo no puede considerarse un asunto secundario ni quedar subordinado a la conveniencia de una actividad administrativa interna.
ANEP defenderá tanto los derechos de las personas trabajadoras de la Tesorería Nacional —quienes merecen condiciones adecuadas, suficiente recurso humano y una distribución razonable de las cargas de trabajo— como el derecho de la ciudadanía y de las instituciones públicas a recibir servicios estatales continuos, eficientes y oportunos.
