• ANEP solicita la salida inmediata de Róger Rivera de la Junta Directiva de la Caja, tras declararse ilegal la actuación del Gobierno que desplazó la representación legítimamente escogida por el movimiento sindical.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reunida en su sesión ordinaria N.° 2333 de este viernes 28 de agosto, acordó de manera unánime mantener su pleno respaldo y apoyo a Rocío Alfaro Molina como legítima representante del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Alfaro Molina fue electa el pasado 9 de junio de 2026, mediante una asamblea en la que participaron 19 organizaciones sindicales debidamente inscritas y habilitadas para formar parte del proceso de elección de la representación de las personas trabajadoras ante el máximo órgano de dirección de la Seguridad Social costarricense.
Para la Junta Directiva Nacional de la ANEP, esta elección expresa la voluntad legítima y democrática del movimiento sindical costarricense, por lo que corresponde respetarla y proceder, sin más dilaciones, con la juramentación e incorporación de Rocío Alfaro a la Junta Directiva de la CCSS.
Asimismo, la Junta Directiva Nacional de la ANEP acordó rechazar de manera categórica el nombramiento de Róger Rivera Monge como representante del sector sindical, designación realizada por el Gobierno de la República en sustitución de la persona escogida por las organizaciones sindicales.
La ANEP recuerda que la Sala Constitucional declaró contraria al ordenamiento jurídico la actuación mediante la cual el Poder Ejecutivo rechazó la designación realizada por el movimiento sindical, reafirmando que el Gobierno no puede sustituir, desconocer ni interferir en la decisión adoptada legítimamente por este sector.
En consecuencia, la Junta Directiva Nacional de la ANEP acordó solicitar la salida inmediata de Róger Rivera Monge de la Junta Directiva de la CCSS, al considerar que su permanencia resulta incompatible con el respeto a la representación sindical legítimamente escogida y con los alcances de lo resuelto por la Sala Constitucional.
Para la ANEP, mantener esta situación prolongaría una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en un espacio de representación que corresponde exclusivamente al movimiento sindical.
La organización considera que este caso trasciende el nombramiento de una persona. Está en juego el respeto a la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, la representación democrática de las personas trabajadoras y el equilibrio tripartito sobre el cual históricamente se ha sustentado la conducción de una de las instituciones sociales más importantes del país.
La Junta Directiva Nacional de la ANEP hace un llamado a toda la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para unir esfuerzos, conjuntar voluntades y crear una gigantesca fuerza social para la preservación de la Institución a fin de garantizar por siempre la salud del pueblo trabajador costarricense.
Nuestra organización sindical advierte que el sobreendeudamiento no puede recaer únicamente sobre los hombros de las personas consumidoras. La organización solicita transparencia en la implementación de la Ley 10627 y políticas de educación financiera que permitan reducir embargos, cobros judiciales y endeudamiento, promoviendo también mayor responsabilidad de las entidades que otorgan créditos.
La Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM) manifiesta su preocupación ante la aparente inconsistencia existente entre los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030 y la información oficial suministrada por la Administración de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la situación presupuestaria de la Policía Profesional de Migración y la ausencia de nuevas plazas para este cuerpo policial.
La organización señala que no es posible fortalecer la gestión migratoria y la seguridad fronteriza sin el recurso humano necesario para ejecutar las metas establecidas por el propio Estado.
Mientras el Plan Nacional de Desarrollo establece como prioridades estratégicas el fortalecimiento de la gestión migratoria integral, la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la propia Administración ha informado que el Anteproyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2027 no contempla la creación de nuevas plazas para la Policía Profesional de Migración.
La situación resulta aún más preocupante al reconocerse oficialmente que el último estudio técnico integral sobre necesidades de personal policial fue realizado en el año 2016, lo que significa que, después de una década, la institución no cuenta con un diagnóstico actualizado que permita determinar las necesidades reales de recurso humano frente al crecimiento de los flujos migratorios, las nuevas amenazas a la seguridad y el aumento de las responsabilidades operativas asignadas a la Policía Profesional de Migración.
Para la ANEP-PPM, existe una brecha evidente entre los objetivos nacionales de fortalecimiento institucional y la realidad operativa que enfrentan diariamente los cuerpos policiales encargados del control migratorio.
Las metas de seguridad y control fronterizo difícilmente podrán alcanzarse si continúan las limitaciones de personal que afectan áreas estratégicas como Investigaciones, Denuncias y Operaciones, obligando además al traslado constante de funcionarios para cubrir servicios esenciales.
La organización sindical considera que el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración debe reflejarse no solo en los instrumentos de planificación nacional, sino también en decisiones concretas de política pública, presupuesto y gestión de recurso humano que permitan convertir los objetivos estratégicos en resultados efectivos para el país.
En este contexto, la ANEP-PPM ha solicitado a las autoridades competentes impulsar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para procurar la creación y financiamiento de nuevas plazas policiales, así como la actualización de los estudios técnicos que permitan dimensionar adecuadamente las necesidades actuales de la institución.
La Seccional ANEP-PPM reitera que fortalecer la Policía Profesional de Migración no constituye un gasto, sino una inversión estratégica en la seguridad nacional, la protección de las fronteras y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que el propio Estado ha definido como prioritarias para los próximos años.
Gerardo Mora OrdóñezPresidente Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM)Directivo Nacional ANEP
• Estudio institucional de clima organizacional revela que un 80% del personal presenta percepciones negativas o mixtas sobre su entorno laboral y un 60% señala situaciones de hostigamiento, persecución o trato inadecuado.
• Organización sindical advierte sobre denuncias penales y administrativas, presunto abandono de guardias médicas y otras irregularidades que requieren una actuación inmediata de la Gerencia Médica de la CCSS.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una intervención integral y urgente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios, ante una serie de situaciones documentadas que abarcan una severa crisis de clima organizacional, denuncias penales y administrativas, presuntas irregularidades en la gestión del servicio y señalamientos relacionados con el abandono de guardias médicas.
La solicitud fue planteada formalmente mediante el oficio ASE-ANEPCCSS-0017-2026, dirigido al gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostano, en el cual la organización sindical advierte que la situación requiere una respuesta institucional “activa, inmediata y sostenida”.
Uno de los principales elementos que sustentan la solicitud de intervención corresponde al Estudio de Clima Organizacional realizado durante el primer semestre de 2026 por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Hospital San Juan de Dios, en el que participaron 48 funcionarios del Servicio de Anatomía Patológica.
Entre sus principales resultados destaca que el 80% del personal manifestó percepciones negativas o mixtas sobre su entorno laboral, relacionadas con estrés, desmotivación, temor, angustia y desgaste emocional.
Además, un 50% presenta indicadores de afectación emocional severa y el 90% identifica la existencia de conflictos relevantes, estructurales y persistentes dentro del servicio.
El estudio señala también que el 75% del personal relaciona los conflictos con la gestión y el liderazgo de la jefatura, mientras que un 60% refiere situaciones de hostigamiento, persecución o trato inadecuado. Asimismo, un 65% recomienda cambios en la jefatura, incluyendo solicitudes de sustitución o reestructuración del cargo.
Según el informe citado por la ANEP, el liderazgo actual constituye un factor de riesgo organizacional, mientras que el clima laboral es caracterizado como disfuncional en su dimensión relacional, con potencial impacto sobre la salud del personal y la calidad del servicio diagnóstico brindado a la población asegurada.
Denuncias penales y administrativas
A esta situación se suma una denuncia penal presentada por la ANEP ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, recibida el 8 de septiembre de 2025 y relacionada con el presunto delito de peculado.
La denuncia involucra a funcionarios del Servicio de Anatomía Patológica y contempla, entre otros hechos que deberán ser determinados por las autoridades competentes, cuestionamientos relacionados con un procedimiento de contratación administrativa y el presunto uso de recursos públicos para actividades de carácter privado.
De acuerdo con la documentación presentada, dentro de la investigación también se cuestiona el proceso licitatorio 2019LN-000012-2102, con una proyección de consumo anual estimada en más de ₡475 millones, así como situaciones relacionadas con beneficios presuntamente recibidos de empresas proveedoras y el supuesto procesamiento de biopsias provenientes de un laboratorio privado utilizando instalaciones y recursos del hospital. Estos hechos corresponden a señalamientos contenidos en la denuncia y deberán ser esclarecidos por las instancias judiciales correspondientes.
Paralelamente, existen denuncias ante la Auditoría Interna de la CCSS relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, entre ellas el supuesto uso indebido de firmas digitales de jefaturas, delegación de potestades administrativas en personal sin competencia formal y la realización de autopsias hospitalarias sin un médico patólogo regente formalmente nombrado.
ANEP denuncia presunto abandono de guardias médicas
Otro aspecto que genera especial preocupación para la ANEP es la denuncia sobre el presunto abandono sistemático de guardias por parte de médicos patólogos.
Según el documento remitido a la Gerencia Médica, existen señalamientos de que médicos asignados a determinadas guardias registrarían su entrada, abandonarían posteriormente las instalaciones hospitalarias y regresarían al día siguiente para registrar su salida.
ANEP pide intervención integral e inmediata
Ante la magnitud de los hechos denunciados, la ANEP solicitó a la Gerencia Médica de la CCSS:
Iniciar formalmente una intervención administrativa integral del Servicio de Anatomía Patológica, incluyendo su gestión clínica, administrativa y de recurso humano.
Realizar una valoración técnica urgente del ejercicio de la jefatura del servicio y, en caso de confirmarse los patrones denunciados, adoptar las medidas administrativas correspondientes, que podrían incluir suspensión preventiva, reubicación o remoción del cargo.
Disponer la intervención conjunta de Salud Ocupacional, Trabajo Social, Psicología y Bienestar Laboral para atender el deterioro emocional señalado por el estudio de clima organizacional.
Abrir una investigación administrativa sobre el presunto abandono sistemático de guardias médicas y determinar las responsabilidades correspondientes.
Dar seguimiento coordinado a los expedientes existentes ante la Auditoría Interna, otras instancias de control y el Ministerio Público.
Verificar el cumplimiento del Plan de Acción de Mejora solicitado por el GAT y adoptar las medidas correspondientes en caso de incumplimiento. La organización sindical sostiene que la intervención solicitada no constituye una medida punitiva ni una acción de represalia, sino una respuesta institucional necesaria ante la acumulación de hechos denunciados y documentados.
Entre las acciones planteadas también se encuentra garantizar la cobertura efectiva de las guardias, fortalecer los mecanismos de supervisión, brindar atención interdisciplinaria al personal afectado y restablecer una gestión administrativa basada en la transparencia, la legalidad y el respeto de los derechos laborales.
Declaraciones de Orlando Soto, Asesor Sindical ANEP-CCSS
“El riesgo también alcanza a los pacientes”
Para la ANEP, la crisis no debe analizarse únicamente desde el ámbito laboral. Anatomía Patológica es un servicio altamente especializado cuyos diagnósticos inciden directamente en decisiones terapéuticas.
La organización advierte que un ambiente laboral severamente deteriorado puede terminar repercutiendo en la calidad y seguridad del servicio que reciben los pacientes, especialmente en una dependencia responsable del procesamiento y diagnóstico de biopsias y otros estudios fundamentales para la atención médica.
La ANEP considera que la cantidad y gravedad de los elementos existentes obligan a las autoridades superiores de la CCSS a brindar una respuesta integral y urgente, proteger al personal del Servicio de Anatomía Patológica y garantizar que cualquier eventual irregularidad sea investigada con transparencia, independencia y respeto al debido proceso.
La gestión sindical se acompañó de documentación relacionada con el estudio de clima organizacional, denuncias ante la Fiscalía y la Auditoría Interna y otros antecedentes sobre el funcionamiento del servicio.
Bajo el lema “Una COLSIBA unida en defensa de las y los trabajadores”, se desarrolló en Ciudad de Panamá, del 8 al 10 de agosto, la conferencia de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA).
San José, 11 de agosto de 2026. Un grupo de ciudadanos presentó formalmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud para iniciar el trámite de un referéndum de iniciativa ciudadana con el fin de someter a conocimiento del pueblo costarricense el proyecto denominado Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.
La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona afiliada al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, conocido como ROPC o ROP, a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al adquirir la condición de pensionada por vejez o invalidez en cualquiera de los regímenes legalmente establecidos, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero.
El proyecto parte de una premisa jurídica fundamental: el ROPC no constituye una pensión solidaria en sentido técnico, sino un régimen de ahorro individual obligatorio y capitalizable. Los recursos acumulados en cada cuenta pertenecen al trabajador, generan rendimientos propios y, en caso de fallecimiento del titular, pueden transmitirse a sus beneficiarios o herederos.
Según los promoventes, la propuesta no afecta el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, ni los regímenes especiales contributivos vigentes. Tampoco compromete las reservas del IVM ni modifica las obligaciones propias del régimen básico de seguridad social.
Solicitud de referendum presentada ante el TSE.
“El proyecto busca que los trabajadores costarricenses puedan disponer efectivamente de un ahorro que han construido durante años de trabajo. No se trata de eliminar opciones, sino de reconocer la libertad de cada afiliado para decidir si retira la totalidad de sus recursos o si mantiene alguna de las modalidades actualmente previstas”, señalaron los impulsores de la iniciativa.
La exposición de motivos sostiene que el ROPC tiene naturaleza laboral y patrimonial, pues se encuentra integrado por recursos individualizados, acumulados en cuentas personales y administrados por operadoras de pensiones complementarias. Por ello, los promoventes consideran que la materia sometida a consulta es de carácter laboral-patrimonial y no previsional en sentido estricto.
La solicitud presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones pide autorización para iniciar la recolección de firmas necesarias, conforme a la Constitución Política y a la Ley sobre Regulación del Referéndum. Una vez autorizados los formularios respectivos, los ciudadanos promotores procederán a organizar la campaña nacional de recolección de firmas.
Los promoventes indicaron que acudir al referéndum no pretende sustituir a la Asamblea Legislativa, sino activar un mecanismo constitucional de democracia directa en una materia que afecta el patrimonio de millones de trabajadores. En su criterio, cuando una decisión de esta magnitud incide sobre el ahorro individual de la ciudadanía, resulta legítimo que el pueblo pueda pronunciarse directamente.
La pregunta propuesta para la consulta ciudadana es la siguiente:
¿Aprueba usted el proyecto de Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, que reconoce el derecho de toda persona afiliada a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al pensionarse por vejez o invalidez, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero?
SÍ ( ) NO ( )
Finalmente, los ciudadanos impulsores hicieron un llamado respetuoso a todos los sectores sociales, laborales, profesionales y comunales del país para informarse sobre el contenido del proyecto y participar activamente en el debate público sobre el destino del ahorro individual acumulado en el ROPC.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio de Hacienda de liberar los ₡3.053 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial que inicialmente pretendía retener. Este cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes.
Para ANEP, lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto. Cuando distintos sectores sociales levantan su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar.
Esta coyuntura también deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza. Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen.
ANEP se alegra de que finalmente estos recursos, que ya estaban aprobados dentro del presupuesto del Poder Judicial y que no representan dinero adicional, sean liberados. Al mismo tiempo, instamos al Gobierno de la República a abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva.
Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso de continuar participando, denunciando y movilizándonos cuando sea necesario para defender la institucionalidad costarricense. Costa Rica está primero. Por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar.
– Seccional de ANEP en AyA solicita a Auditoría Interna investigar posibles fallas graves de control, eventuales omisiones funcionales y una eventual afectación de recursos públicos.
La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó, el pasado 10 de agosto, una denuncia formal ante la Auditoría Interna para que se investigue cómo pudo mantenerse en planilla y eventualmente recibir remuneraciones un funcionario durante un prolongado período en el que, según los antecedentes institucionales disponibles, no constaba ante su jefatura documentación de incapacidades posterior al 30 de septiembre de 2025.
El aspecto que genera mayor preocupación es que, según el propio informe utilizado como antecedente institucional, la consulta documentada a Capital Humano para comprobar las incapacidades del funcionario aparece realizada hasta el 21 de mayo de 2026, casi ocho meses después de la última incapacidad que figuraba registrada.
La ANEP considera que el caso no puede reducirse únicamente a determinar la responsabilidad del funcionario involucrado.
La pregunta que debe responder la investigación es más profunda:
¿Cómo funcionaron las jefaturas, el control de asistencia, Capital Humano y Planillas durante todos esos meses?
La organización sindical solicitó reconstruir la cadena completa de decisiones y controles para determinar quién conocía la situación, desde cuándo la conocía, quién tenía la obligación de verificarla y qué funcionarios o dependencias permitieron que los pagos continuaran, en caso de comprobarse que efectivamente existieron remuneraciones sin causa jurídica suficiente.
La denuncia pide además establecer cuál fue el último salario pagado, quién autorizó o ejecutó los movimientos de planilla y si existió una afectación al patrimonio público.
Para la ANEP, tratándose de dinero público, resulta indispensable explicar cómo una eventual irregularidad de esta naturaleza pudo prolongarse durante meses sin ser detectada o corregida oportunamente por los mecanismos ordinarios de control institucional.
La organización también solicita determinar si se trató de una situación aislada o si el caso evidencia una falla estructural en los controles de asistencia, incapacidades y pago de remuneraciones del AyA.
ANEP ha solicitado que cualquier responsabilidad sea individualizada con absoluto respeto al debido proceso y sobre la base de documentos, registros oficiales y evidencia objetiva.
“Aquí no basta con preguntarse qué hizo o dejó de hacer un funcionario. También debe investigarse quién debía controlar, quién debía verificar y cómo fue posible que una situación relacionada con recursos públicos pudiera mantenerse durante tantos meses sin una respuesta institucional oportuna”, sentenció la seccional ANEP-AyA.
La denuncia fue presentada este 10 de agosto de 2026 ante la Auditoría Interna del AyA.
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional ANEP- AyA
Las recientes manifestaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirmó que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) “no sirve para nada”, constituyen una descalificación que ofende la dignidad de las personas trabajadoras de una institución que durante décadas ha cumplido una función fundamental para la salud pública y la atención de problemáticas sociales de enorme complejidad.
En el IAFA labora personal altamente calificado, experimentado y comprometido: profesionales de las ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias de la administración y otras disciplinas, junto con personal técnico y administrativo indispensable para el funcionamiento institucional. Todos ellos realizan diariamente sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio.
Lo hacen, además, enfrentando limitaciones materiales, rezagos tecnológicos y necesidades de modernización, en medio de una realidad social cada vez más compleja y desigual. Los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas requieren más prevención, mayor atención especializada, conocimiento técnico, fortalecimiento institucional y un Estado con mayor sensibilidad social.
Si existen problemas estructurales en el IAFA, corresponde preguntarse también por la responsabilidad de los sucesivos gobiernos. Si el Gobierno actual sostiene que encontró una institución con serias deficiencias, debe presentar los datos y criterios técnicos que sustenten ese diagnóstico y explicar qué acciones concretas adoptará para corregirlas.
Los trabajadores y trabajadoras del IAFA no pueden cargar con la responsabilidad por rezagos presupuestarios, tecnológicos o administrativos que trascienden sus competencias. Corresponde a las autoridades políticas asumir las responsabilidades que les competen y proporcionar a la institución los recursos y herramientas que necesita.
Especial preocupación y profunda decepción genera la actuación de la Dra. Delma Vaglio Zonta, Directora General del IAFA, quien, ante una afirmación que descalificó públicamente a la institución que dirige, guardó silencio.
Ese no era un momento para callar. Era el momento de defender al IAFA y, sobre todo, la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.
Quien ocupa la Dirección General tiene la responsabilidad de representar a la institución, explicar técnicamente su trabajo y respaldar a su personal frente a una descalificación de semejante magnitud. Ante la afirmación de que el IAFA “no sirve para nada”, correspondía una respuesta clara y firme.
Esa defensa no se produjo. Y ese silencio resulta particularmente grave viniendo de la máxima autoridad administrativa de la institución.
Ante la próxima salida de la Dra. Delma Vaglio Zonta, esperamos que quien asuma la Dirección General tenga la independencia y firmeza necesarias para defender al IAFA, respaldar a su personal y exigir las condiciones que la institución necesita para cumplir adecuadamente su misión.
Finalmente, señora Presidenta: desde la Presidencia de la República se pueden cuestionar resultados, exigir eficiencia y promover reformas. Lo que no corresponde es menospreciar el trabajo y la dignidad de quienes sostienen diariamente una institución pública.
A los compañeros y compañeras del IAFA les expresamos nuestro respaldo. Es momento de mantenernos unidos, defender nuestra dignidad y reivindicar el valor del trabajo que se realiza con conocimiento, profesionalismo y vocación de servicio.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos, algunos excandidatos a la presidencia y líderes de organizaciones sociales.
El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución. Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.
La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.
La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional
La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.
En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.
También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.
Acerca de RENASES
La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
